El problema de salud pública provocada por el COVID-19 en Guinea Ecuatorial desde mediados del mes de marzo de 2020, el régimen de Obiang confinó a toda la urbe provocando un enorme impacto a la economía del país. Las medidas de confinamiento impuestas por el régimen para evitar la expansión del virus como el cierre de las escuelas no han ido acompañadas de políticas sujetas a mitigar el impacto económico del COVID-19.


Ante ese colapso que ha supuesto el cierre de la actividad económica durante el periodo de confinamiento, los centros docentes privados tienen dificultades para reincorporarse al trabajo desde que se levantó el estado de alarma el pasado 15 de junio.
Las empresas privadas y públicas deberán cumplir las medidas preventivas previstas por el decreto de desconfinamiento antes de iniciar la actividad laboral para evitar la propagación del COVID-19. “Cada institución deberá adquirir dispositivos de desinfección y de toma de temperatura automatizados, así como su colocación en el acceso de los edificios públicos y privados” establece el citado decreto.

“Es un gasto que muchos centros no podrán soportar. Y, eso supondrá el despido de los profesores” comenta un profesor que ha pedido proteger su identidad. Sumado a esto, las escuelas tendrán que enfrentarse a otro dilema en los próximos días. El gobierno estableció mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, implementando “cuantas medidas complementarias sean necesarias”. El decreto no establece que dichos controles y desplazamientos que pudieran realizar los funcionarios de los ministerios fueran financiados por las empresas afectadas.

El ministerio de educación tiene previsto organizar visitas en las escuelas privadas con el objetivo de verificar que se han adquirido los materiales desinfectantes, termómetros láseres, geles Hidroalcohólicos, etc. El Inspector distrital de Educación en Bata, Mariano Nguema Obiang representado por el Inspector Zonal, les reunió el pasado 25 de junio en las instalaciones del Centro Privado Luz de Cristo para informarles sobre las visitas que harán sus escuelas encabezado por el Inspector Distrital. Los gastos de dichos desplazamientos deberán ser financiados por los centros privados, teniendo que abonar 10.000Fcfa por centro. Los inspectores de cada zona entre ellos un tal Aquilino se encargarán de cobrar el dinero correspondiente a los centros ubicados en su demarcación.

El malestar no se ha hecho esperar, y los centros denunciaron estar siendo extorsionados por el Ministerio de Educación. Han recordado al inspector Regional que el gobierno y particulares inyectaron más de 5.000.000.000Fcfa para el Fondo Nacional de Emergencia Coronavirus, y por lo tanto “no tenemos ninguna obligación de pagar el desplazamiento de los funcionarios del ministerio, que ya contempla en sus nóminas una asignación para el combustible de sus desplazamientos”.

Negarse a abonar los 10.000Fcfa advirtió el Inspector distrital, el centro docente obtendrá un certificado negativo que conlleva graves sanciones administrativas como el cierre del centro acusándola de no respetar las medidas impuestas por el gobierno.

No nos importa las cantidades que a pagar para sufragar los gastos de desplazamiento de los funcionarios del ministerio” prosiguen los denunciantes “la cuestión de fondo no son los 10.000Fcfa que tenemos la obligación de pagar, sino la facilidad con la que creen que pueden violar constantemente nuestros derechos”.

Diario Rombe
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