• Aún no han podido probar los motivos por los que están detenidos, ya que no existe querella de la Fiscalía

Las últimas declaraciones del ministro de Justicia e Instituciones Penitenciarias, Salvador Ondo Nkumu han provocado malestar en el Poder Judicial y en el Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial. Como consecuencia, los miembros del Colegio de Abogados han exigido la inmediata dimisión del Ministro Delegado de Justicia como Presidente del Colegio de Abogados. Según denuncian varios letrados “todos sabemos quién ordenó la detención de los magistrados de Trabajo 1 y 2 de Malabo y terminó con la muerte de José Esono Ndong Bindang”.

En su declaración televisada por los medios del Régimen, el ministro de Justicia manifestó que “los poderes públicos están obligados a ser implacables con la corrupción”, además de explicar que “la noción o principio de independencia judicial no fue concebida ni institucionalizada para conferir impunidad a nadie, ni mucho menos al personal al servicio de la administración de justicia”.

En un intento sin éxito de justificar lo injustificable tras no haber sido capaz de demostrar con pruebas la querella presentada por la Fiscalia Anticorrupción, Diario Rombe demuestra que fue el ministro delegado de justicia, quien ordenó la detención de los magistrados de Trabajo y la orden de busca y captura de otros magistrados jueces argumentando que estos “estaban consumado un acto de corrupción”. El delito del que se les acusa es de haber sustraído 41.000.000 Fcfa de la cuenta de la Magistratura de Trabajo N.º 1, que actualmente está bloqueada y controlada por la secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia, Rimme Bosio Riokalo.

Sin embargo, Salvador Ondo Nkum en su afán por luchar contra la corrupción, debería explicar a la opinión pública de dónde sacó los 15 millones de Fcfa que recibió de unos trabajadores que querían que ejecutara una sentencia de 300.000.000 Fcfa que les era favorable. Según ha sabido Diario Rombe, a pesar de haber sido cesado como presidente del Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia sigue influyendo y tomando las decisiones en la sombra en la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional. Así ocurrió con los trabajadores que le sobornaron para recibir un dinero que probablemente no les correspondía.

Ante esta filtración, el ministro ha alegado que “Los magistrados 1 y 2 de Trabajo de Malabo fueron detenidos por la perpetración de un gravísimo acto de corrupción. Que entre otras consecuencias amenazaba con dejar sin sus respectivas liquidaciones laborales a un amplísimo colectivo de trabajadores ecuatoguineanos”. No obstante, según las pruebas a las que ha podido tener acceso este diario esa información es absolutamente falsa.

Como ya adelantó Diario Rombe en artículos anteriores, la Corte Suprema de Justicia en su sentencia N.º 38/2017 falló condenando a la firma francesa y guineana (propiedad de un miembro del Gobierno) TOTAL-GE – ATSIGE a pagar a sus trabajadores 83.474.314 Fcfa.

Prohibición del Presidente de disponer de la cuenta bancaria.

Al estar la cuenta de la Magistratura de Trabajo N.º 1 de Malabo bloqueada por las irregularidades de la presidenta saliente, Rimme Bosio Riokalo, que conocen el ministro de Justicia, el ministro delegado, el ministro de Seguridad Nacional y el Fiscal General, la empresa TOTAL-GE endosó dos cheques a nombre de la Magistratura de Trabajo N.º 2 de Malabo, uno de ellos por concepto de costas.

Basándose en las investigaciones de este medio de comunicación, fuentes fidedignas confirman que el magistrado de Trabajo N.º 1 Santiago Oke Avomo, asesor jurídico del ministro de Seguridad Nacional, Nicolas Obama Ncha, “ingresó 41.000.000 Fcfa por concepto de costas procesales en dicha cuenta corriente de la Magistratura N.º 1 de Malabo y que posteriormente retiro”. Con esta acción habría incumplido la orden del 10 de abril del 2018 firmada por el secretario general del Gabinete Civil, Angel Jose Ntutumu en nombre del presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en la que se le prohibía “la disposición de los fondos obrantes en las cuentas corrientes de la Magistratura de Trabajo Nº1”.

Al tener conocimiento de estos hechos, el ministro Delegado de Justicia aprovechó esa situación para intensificar su lucha por el control del Poder Judicial. Su primera acción fue ordenar al ministro de Seguridad Nacional, probablemente con el asesoramiento del magistrado de Trabajo, Santiago Oke Avomo, la redacción de un informe falso acusando a los magistrados detenidos de actuar por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia para hacerse con los 83.747.714 Fcfa que les correspondían a los empleados.

La documentación a la que hemos tenido acceso revela que el colectivo de trabajadores a los que hace alusión el ministro de Justicia, Salvador Ondo Nkumu cobraron conforme a legalidad lo que les correspondía, tal como prueban sus firmas en la documentación: Jovita Biribe Ripeu (14.000.000 Fcfa); Isabel Nseng Mbeng (6.820.000 Fcfa); Jesús Myo Enguang (11.600.000 Fcfa); José Obama Oyono (6.820.000 Fcfa); Mosies Esono Nchama (9.900.000 Fcfa); Elfrida Irene Cote (8.450.000 Fcfa); Juan Roberto Ndong (10.533.000 Fcfa).

El informe del ministro de Seguridad Nacional, el hombre que tiene la autoridad de nombrar y cesar a los jueces según lo que estén dispuestos a hacer para salvaguardar sus intereses, revela que los dos cheques fueron sustraídos de la cuenta de la Magistratura de Trabajo Nº1, pero han sido incapaces de probar o presentar el extracto bancario que demuestra quien o quienes retiraron realmente dichos fondos.

Las pruebas documentadas apuntan a que el presidente Teodoro Obiang Ngumea concedió poderes al ministro de Justicia, Salvador Ondo Nkum para que interrogase en el plazo de 72 horas a los magistrados implicados en la ejecución de la sentencia. El mismo Juan Olo Mba Nseng encabezó los interrogatorios en presencia del fiscal general del Estado en el que los detenidos fueron tratados injustamente y advertidos de lo que les sucedería si no implicaban a Juan Carlos Ondo Angue. Según fuentes de este periódico, la comisión le ordenó a la Corte Suprema de Justicia la entrega en el plazo de 72 horas de 41 millones de francos Cfa y 83 millones de Fcfa. Si no lo hacían, detendrían a los jueces y magistrados.

¿Quién ordenó la detención de los Magistrados Jueces?

El ministro de Justicia e Instituciones Penitenciarias, faltando a la verdad como es costumbre en él, al ser un corrupto conocido por los ciudadanos desde que ostentó la presidencia del Tribunal Constitucional, mintió públicamente ante los medios de comunicación cuando declaró que el fiscal general había interpuesto una querella por corrupción y había ordenado la detención de los jueces.

La evidencia de ello es una diligencia emitida por el ministerio de Justicia y enviada a los supuestos implicados: “Vencido el plazo de 72 horas por el que el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, primer magistrado de la Nación y presidente del Consejo Superior del Poder Judicial concedió a los miembros de las Magistraturas de Trabajo N.º 1 y 2 para la devolución de todos los fondos repartidos conjuntamente en concepto de Costas Procesales”.

Por no haber cumplido con la entrega de lo requerido en el tiempo previsto, el ministro delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng cumplió su amenaza ordenando el pasado 17 de julio a las fuerzas y cuerpo de Seguridad del Estado la detención de José Esono Ndong Bindang (q.e.d, entonces magistrado Interino de la Magistratura de Trabajo N.º 1 de Malabo); Montserrat Angue Nguema Obiang (Magistrada Interina de la Magistratura de Trabajo N.º 2 de Malabo); Julio José Ondo Mba Nkara (Magistrado de Trabajo N.º 2 de Malabo); Raquel Nchama Eyama (Secretaria de la Magistratura de Trabajo N.º 1 de Malabo); Juan Lucas Ondo Nzang (Secretario de la Magistratura N.º 2 de Malabo); Pilar Eyenga Edu Bohoto (Magistrada de Trabajo N.º 1 de Malabo); Eulalia Obono Mba; Emerrenciana Akogo Nchama; Bernardita Ncono Nsa y Esperanza Ochaga Modjo.

Entre los detenidos, se encontraba el magistrado Santiago Oke Avomo que fue posteriormente puesto en libertad por orden del ministro de Seguridad Nacional porque además de ser su asesor jurídico, es considerado entre sus compañeros como un chivato que habría informado a los enemigos del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la supuesta sustracción de los fondos de la cuenta de la Magistratura de Trabajo N.º 1.

Lo último que se sabe de este asunto a esta hora es que los detenidos han sido puestos ayer lunes a disposición del magistrado Juez del Juzgado de Instrucción de Malabo, Óscar, quien por orden y supervisión del ministro delegado de Justicia instruirá el caso. A estas detenciones se suma la orden de busca y captura que el ministro delegado de Justicia ha emitido contra otros magistrados que probablemente, serán detenidos muy pronto.

¿Por qué la presidencia del Estado, el Ministerio de Seguridad, el ministro de Justicia y el ministro Delegado de Justicia, Juan Olo se empeñan en perseguir un dinero que no pertenece a sus ministerios y que ha sido cobrado legalmente? ¿No será cierto lo que se está comentando de que la Tesorería del Estado por orden del presidente está metiendo mano en las cajas de los ministerios y usurpando las funciones que deberían realizar los órganos competentes? ¿Cuáles son los motivos que se esconden detrás de las persecuciones y asesinatos de los funcionarios del Poder Judicial? El pueblo tiene derecho a saber la verdad y desde Diario Rombe haremos todo lo posible para descubrirla y contársela.

Diario Rombe
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Un Comentario to: El ministro Delegado de Justicia, Olo Mba Nseng responsable de la muerte del magistrado detenido en la cárcel

  1. Ndong

    julio 24, 2018

    Obiang elige en cada momento a quienes le defienden, y tras utilizarlos hará lo que quiere con sus vidas.

    Ah Nico, mocache, etc. correréis la misma suerte; Martín Ndong Nsué, Manuel Nguema Mbá, Enrique Nsué Anguesomo ya fueron verdugos en su día.

    Víjense que Juan Oló Mbá, Armengol Ondo, Mbá Nguema, etc., por ser familiars directos jamás correrán esa suerte.

    ESPERE CADA DE USTEDES SU SUERTE.

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