A propuesta de los legistas del régimen, Fernando Engonga Obama y Salvador Ondo Ncum, y en cumplimiento de las condicionalidades impuestas por el FMI, el dictador acuerda la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal (norma colonial española de aplicación supletoria en guinea ecuatorial desde 1968, a defecto de ordenamiento propio) mediante decreto-ley número 1/2020, de fecha 13 de julio, sobre prevención y lucha contra la corrupción. Merced a dicha desviación del mecanismo de habilitación legislativa, el dictador más longevo del mundo pone de relieve, una vez más, la concentración y confusión de todos los poderes del Estado en sus manos, así como su consabida irreverencia hacia la legalidad internacional. Toda vez que el referido decreto-ley no solo transcribe una invasión de la potestad legislativa, sino que se desmarca asimismo de los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y del Convenio de la Unión Africana Sobre Prevención y Lucha Contra la Corrupción, ambos ratificados con…