En septiembre de 2013 saltaron las alarmas de los usuarios de BGFIBank de Malabo al comprobar que desde sus cuentas bancarias particulares se estaban realizando transferencias de dinero, sin su autorización, hacia otras cuentas naciones e internacionales. Había una fuga y no sabían cómo cerrar el grifo.

Sus reclamaciones pusieron a los directivos del banco en una situación muy comprometedora”, recuerdan fuentes extrajudiciales bajo condición de anonimato. Para tranquilizar a los clientes de la entidad bancaria y reafirmar su compromiso de lucha contra la corrupción, en menos de un mes la filial de BGFIBank denunció ante la Comisaría General de la Policía Judicial de Malabo a un empleado suyo acusándolo de falsificar documentos privados y realizar transferencias bancarias internacionales a una cuenta bancaria abierta en la sucursal del BBVA en las Palmas de Gran Canaria, España. Su coartada se basó en que su acusado era el único empleado que estudió y residió en la isla española.

El atestado policial remitido al juzgado de instrucción Nº2 de Malabo el 22 de octubre de 2013 señala que, “el imputado cometió acciones fraudulentas y falsificación en la agencia bancaria de BGFIBank de Banapa. Los hechos imputados resultan de un fraude cometido supuestamente por el trabajador, consistente en una transferencia ejecutada y otras dos pendientes o abortadas”. Estas operaciones, según los documentos judiciales en poder de Diario Rombe, “se hicieron sin la autorización de las víctimas”.

Exalumno de la ULPGC como cabeza de turco

De acuerdo con el testimonio de un funcionario judicial, al principio “los hechos relacionados con los desvíos de fondos del banco parecían tener relación con el empleado”, pero en la medida en que avanzaba la investigación, recuerda la misma fuente, “supimos que todo era parte de una trama que trató de culpar a un inocente de un crimen que no realizó”.

El empleado, un ecuatoguineano formado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) de España y que desempeñaba sus funciones para la Agencia Vega del BGFIBank de Banapa, Malabo, como agente del Back Office en el departamento de Comercio Exterior, parecía ser la persona idónea sobre la que pesara toda la responsabilidad de las transacciones ilícitas, pues una de sus tareas principales consistía en ejecutar y recibir transferencias internacionales.

Su jefa superior, Albertine Ekouaghe Mba —entonces directora de Operaciones y Tesorería en 2013—, le ordenó al empleado, como era habitual, que ejecutase diversas transferencias internacionales, esta vez a una cuenta abierta en la sucursal del BBVA en las Palmas de Gran Canaria, España. Si este tipo de transacciones no se pueden ejecutar sin la autorización de los titulares de las cuentas bancarias y la de los departamentos correspondientes, esto quiere decir que “el gestor de cuentas, el jefe de la agencia, la directora de Operaciones y Tesorería son imprescindibles para que estas operaciones puedan ser ejecutadas”. El empleado desconocía la intención fraudulenta de las órdenes recibidas por su superior —como después fue considerado por los tribunales— y cuyo proceso quedó registrado en los libros de entrada del banco.

Detención arbitraria y tratos inhumanos

Semanas después de ejecutar la última de estas transferencias internacionales que despertarían las quejas de varios clientes del banco, dos agentes de la Brigada Judicial de la Comisaría Central de Policía acompañados del jefe de la agencia del BGFIBank de Banapa, Reginaldo Nchuchuma Ndong, se presentaron en el despacho del empleado con una orden de detención acusándole de desviar dinero de los clientes del banco al extranjero.

El empleado fue recluido en los calabozos de la Brigada Judicial de Malabo II, popularmente conocida como Guantánamo —por similitud con las prácticas de tortura que se aplican en el centro de detención de alta seguridad norteamericano situado en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo—, donde el inculpado permaneció treinta días detenido mientras que la policía llevaba a cabo una serie de diligencias dentro de la investigación para probar el fraude y falsificación en la ejecución de transferencias bancarias internacionales. Tras las pesquisas, el 22 de octubre de 2013, el entonces Juez de Instrucción N.º 1 de Malabo, Anatolio Nzang Nguema —ahora Fiscal General del Estado— decretó la prisión preventiva del empleado en la cárcel más peligrosa del país, Black Beach, donde permaneció recluido tres meses.

 
Torturas

Durante todo el tiempo que el empleado estuvo detenido fue sometido a una flagrante violación de sus derechos, incumpliendo así, una vez más, el compromiso adquirido por parte de Guinea Ecuatorial con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ACNUDH) en el año 2002. Por dicho instrumento jurídico, el cuestionado régimen de Teodoro Obiang Nguema se comprometía a impedir la comisión de actos de torturas en todo el territorio bajo su jurisdicción, así como a castigar por la vía penal los delitos que a tal respecto se cometieran.

No hay dinero o bienes materiales que reparen el daño que han infringido a este joven ecuatoguineano en la comisaría central de Malabo y en la cárcel pública conocido como Black Beach por orden de los directivos de BGFBank Guinea Ecuatorial con la única intención de ocultar sus actividades ilegales”, lamenta otra fuente judicial.

Las horribles torturas físicas y psicológicas empezaban entorno a las doce de la noche. Una de las técnicas más utilizadas para obligarlo a auto inculparse de los cargos, según recuerda otra fuente judicial, consistió en “pincharle agujas para coser en su miembro viril”. 

“Le colgaban de las manos y la policía le propinaba una somanta paliza”, describe la misma fuente judicial. Otra técnica de tortura fue obligarlo a “chutar una batería de coche abierta en la que goteaba ácido sobre tus pies y los administradores de la cárcel le preguntaban si sabía jugar al fútbol”. 

Mientras el trabajador era torturado y aún sin tener pruebas incriminatorias en su contra, el 10 de diciembre de 2013, BGFIBank procedió a la suspensión de su contrato de trabajo. 

Tuvo que pasar tres meses para que el juez de instrucción Nº1 de Malabo, Anatolio Nzang Nguema, dictara un auto de archivo, libre de cargo y sobreseimiento a favor del empleado de BGFIBank por falta de pruebas el 26 de marzo de 2014. El auto fue notificado en tiempo y forma al banco concediéndoles la posibilidad de recurrir, trámite que no hicieron porque, según la fuente judicial, “sabían que era una denuncia falsa que no podía sostenerse en el tiempo”.

SEFITA: la cuenta bancaria del BBVA (Las Palmas) receptora de las transferencias

Consciente de la inocencia del trabajador, el entonces director general de BGFIBank Malabo, Christopher Mounguengui —ahora director general adjunto de la filial de BGFIBank en Madagascar— abrió su propia investigación interna para esclarecer los hechos. Según la documentación revisada por Diario Rombe, Christopher, a través de los servicios jurídicos de la oficina central del banco en París, requirió a la sucursal de BBVA en Las Palmas de Gran Canaria, la devolución a BGFIBank Malabo de, al menos, una transferencia bancaria —por valor de 197.160,00€— como parte de los “fondos desviados”.

Al mismo tiempo que se torturaba cruelmente al trabajador de BGFIBank en Malabo, el Juzgado de Instrucción Nº7 de las Palmas de Gran Canaria, en España, dictaba una sentencia condenatoria el 20 de noviembre de 2013 contra H. A —ex director financiero de la filial de ARG en Guinea Ecuatorial— como autor responsable de un delito de falsedad de documentos privados a la pena de 2 años de cárcel, “diluida a 6 meses por colaborar con la justicia, 1 año y 6 meses por carecer de antecedentes penales, quedando la pena reducida a 1 año, con una multa de 23.000,60€, en concepto de responsabilidad civil y costas”.

 
Titular de la cuenta

A principios ese mismo año, el BBVA de Las Palmas de Gran Canaria, interpuso una denuncia contra H.A, quien era titular de una cuenta bancaria titulada SEFITA S.A. Según se desprende de la sentencia, el banco requirió a Hamid que presentara en un plazo de 48 horas documentos que justificaran el origen de los fondos recibidos en la cuenta bancaria de Sefita S.A., en la cual “mediante transferencias procedentes del banco BGFIBANK de Guinea Ecuatorial en Malabo, se han recibido dos pagos, entre otros; uno de 60.000,00€ en junio de 2013, enviado por Mini Computer Plus y otro de 197.160,00€ en septiembre de 2013 enviado por Gepetrol”. 

Tras varios requerimientos y posterior detención de Hamid por parte de la policía española, el imputado llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales españolas a cambio de confesar el origen real de los fondos. El 17 de noviembre de 2013, la justicia española recibió la declaración jurada de H.A en presencia de su representación legal, en el que reconocía los hechos delictivos y detalló, además, cómo se gestó la operación para sustraer fondos del banco BGFIBank:

“Siendo director financiero de ARG, conocí a varios miembros del gobierno y amigos en los bancos de Guinea Ecuatorial, en especial guardo una muy buena relación con la Directora Comercial del banco BGFI Bank de Malabo, la Señora Julie Oye, donde en una tarde me presentó a la Directora de Operaciones, de nombre Albertine […] y me presentaron un par de ofertas para extraer dinero del banco BGFIBANK de Malabo mediante transferencias […] contaban con la protección del presidente del Consejo de Administración del banco, un tal Melchor, hijo del presidente, persona que no llegué a conocer. Estas señoras y yo realizamos varias operaciones juntos, hasta que algo salió mal allá en el banco en Malabo a finales de septiembre, e incluso me ha perseguido la interpol y varios altos miembros del banco me han llamado para exigirme responsabilidades, la guardia civil en Madrid y la UCO, también me han intervenido sobre estas y otras operaciones, hasta mi detención en Madrid y puesto a disposición judicial en las Palmas de Gran Canaria”.

La sentencia condenatoria, como puntualizó el juez, no afectó a Julie Oye, Albertine y Melchor Esono Edjo “por ausencia de cobertura legal, al cometer los actos delictivos fuera del territorio español y/o de la Unión Europea, concretamente en territorio de Guinea Ecuatorial”. Dicha sentencia no fue un obstáculo para que los implicados fuesen promocionados en la entidad financiera. En lugar de exigir responsabilidades, la central de BGFIBank ascendió a Julie Oye como directora general del banco hasta su precipitada huida de Guinea Ecuatorial en 2017. En la actualidad, Julie Oye sigue trabajando en el banco en la oficina de Gabón, su país de origen. Por su parte, Melchor Esono Edjo, sobrino del presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema, permaneció en su puesto como presidente del Consejo de Administración de BGFIBank.

Esono Edjo ha ocupado importantes puestos en el gobierno, desde Secretario de Estado de la Tesorería, Ministro de Hacienda y presupuesto y ahora Senador. Un informe de la Policía Judicial remitido al Juzgado de Instrucción Nº5 de las Palmas que investiga el blanqueo de capitales del régimen de Obiang, sitúa a Melchor Esono Edjo como uno de los beneficiarios en una cuenta del banco Santander transferido. Edjo era uno de los firmantes de la cuenta Riggs Bank junto a su tío Obiang Nguema y el hijo del último, Gabriel Mbega Obiang Lima. Considerado uno de los hombres más ricos de Guinea Ecuatorial, Melchor Esono Edjo desde septiembre de 2010 junto con José María Ondo Oyono Eyanges, ex Secretario de Estado, Encargado de Plantas de Producción de Energía y Líneas de Transmisión, actúan como consejeros de Eurocondal Shipping S.A., constituida a finales de abril de 2004 en Barcelona con un capital social que asciende a los 3.899.610,00€.

Querella del trabajador de BGFIBank contra la entidad bancaria

Como consecuencia del auto de sobreseimiento, la defensa del empleado incriminado por BGFIBank interpuso una querella el 11 de agosto de 2014 contra la directora General de BGFIBank Malabo, Julie Diane Oye, por acusación y denuncias falsas. Reclamó una indemnización de 224.542.275 Fcfa por “daños físicos, morales, torturas, reclusión en los barracones de la policía y en la cárcel pública”. La respuesta del letrado José Ntutumu Nzang en representación de BGFIBank Malabo fue la presentación de un recurso de revisión penal fuera de plazo contra la sentencia dictada por el juzgado de instrucción Nº1 de Malabo que había archivado la denuncia contra el trabajador por falta de pruebas.

El 22 de enero de 2015, siendo Martin Ndong Nsue presidente de la Corte Suprema de Justicia, desestimó el recurso ordenando al Juzgado de Instrucción la ejecución de la sentencia y “con expresa condena en costas contra BGFIBank por su manifiesta temeridad y mala fe y por los daños causados”. Así, el banco nuevamente volvió a recurrir. En esta ocasión contratando los servicios del cuestionado abogado Sergio Abeso Tomo. Éste presentó un recurso al que llamó “Recurso de Reforma y Subsidiaria de Nulidad de Actuaciones” y que posteriormente el tribunal desestimó por considerarlo “abultado” e inexistente en el ordenamiento jurídico ecuatoguineano.

Después de dos años de bloqueos y tejemanejes por parte del banco para eludir la justicia, se celebró el juicio público contra la directora del BGFIBank en el que el magistrado Agustín Chicampo dictó sentencia absolutoria, el 25 de enero de 2017, a la directora del banco, Julie Diane Oye y subsidiariamente al banco.

Tras una serie de recursos interpuestos por el empleado contra la sentencia favorable a la parte contraria ante la Corte Suprema de Justicia “por carecer de forma y doctrina legal”, el presidente de la Corte, David Nguema Obiang Eyang, dictó el 22 de febrero de 2019 una sentencia de Casación N.º 3/2019 en la que se condena a la directora de BGFIBank Malabo, Julie Diane Oye Bengono a 3 años de cárcel por ser autora de un delito de acusación y denuncia falsa y subsidiariamente se condena al banco a indemnizar al trabajador la cantidad de 250.000.000 Fcfa por los daños y perjuicios ocasionados, además de la condena en costas procesales por su temeridad y mala fe.

Inesperada absolución del BGFIBank

Según se desprende de la orden de requerimiento de pago y embargo fechado el 12 de abril de 2019, a la que ha tenido acceso Diario Rombe, la Audiencia Provincial de Malabo concedió al BGFIBank un plazo de 725 horas (30 días) para que abonara el pago de 297.500.000 Fcfa en concepto de responsabilidad civil recaída en sentencia firme, honorarios del letrado y costas procesales. De lo contrario, se procedería “de manera inmediata al embargo de sus bienes muebles e inmuebles, si los hubiere, suficientes como en derecho tenga lugar conforme a la ley”. Como era previsible, BGFIBank opuso resistencia a la justicia con Melchor Esono Edjo a la cabeza quien instruyó no pagar nada mientras él siga controlando el banco.

Por segunda vez, el abogado Sergio Abeso Tomo interpuso otro recurso de “Nulidad de Actuaciones” que fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia el 2 de septiembre de 2019, ordenando a la Audiencia el embargo de los bienes del banco y así se hizo. Sin embargo, en un movimiento inesperado y que se escapa de toda ética jurídica, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, David Nguema Obiang Eyang, que ya había desestimado todos los recursos del banco, de repente cambió de parecer y levantó el embargo. Para más estupefacción del empleado y de cualquiera que crea en el funcionamiento de la ley, la defensa del banco interpuso un tercer recurso, esta vez de “Revisión Penal”, que hasta el cierre de este artículo permanece bajo lleve por el presidente de la Corte, David Nguema Obiang.

El resto de los magistrados de la Corte Suprema se han manifestado en contra del procedimiento de David Nguema sobre este caso recomendándole que desestime, en los siguientes términos, el “falso recurso de revisión penal interpuesto por Sergio Esono Abeso Tomo”. Sin embargo, según sostiene la misma fuente, “David está entre la espada y la pared por un acuerdo oculto al que habría llegado con la otra parte”.

Nadie en su sano juicio se explica cómo una sentencia firme del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Martin Ndong Nsue y sus dos sucesores, Juan Carlos Ondo Angue y David Nguema, ha sido desautorizada por el presidente del Consejo de administración de BGFBank Guinea Ecuatorial, Melchor Esono Edjo”, lamenta un funcionario de la Corte Suprema de Justicia que ha pedido ocultar su identidad por razones de seguridad.

Diario Rombe
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