El recurso caprichoso a sus armas de muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado en Guinea Ecuatorial, disparando a civiles desarmados en contextos que no suponen peligro alguno ni para el Estado, ni para la sociedad ni para ellos mismos, solo puede interpretarse como expresión de su sentimiento de superirodad ante la Ley y los derechos de los demás. No estamos hablando de casos excepcionales ni accidentales, sino de una práctica rutinaria, avalada por numerosos sucesos que salen a la luz periódicamente merced a la valiosa labor informativa de quienes contribuyen a su difusión, en especial, por Internet, cuando los medios oficiales del Estado los ocultan a la opinión pública.

Por lo general, los jueces y fiscales permanecen indiferentes ante la comisión de presuntos actos delictivos por parte de militares, policías y gendarmes, por más que sean perseguibles de oficio, a excepción de los relacionados con la seguridad del Estado, reales o ficticios. Esta pasividad del Poder Judicial y el corporativismo anacrónico que practican los altos mandos militares y policiales, protegiendo a sus subordinados en las circunstancias señaladas, refuerzan en ellos el referido sentimiento de superioridad que, a su vez, aumenta la frecuencia del recurso al gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las extorsiones. La impunidad de que gozan, derivada de la extraña clemencia del sistema judicial hacia ellos y del encubrimiento de sus mandos, les anima a disparar por placer en circunstancias que no justifican legíma defensa.

Para su oportuno conocimiento, reproducimos a continuación la disposición constitucional que establece las funciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado:

Artículo 129º de la Ley Fundamental:

“Las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado constituyen la institución nacional que tiene como misión principal, mantener la Independencia Nacional y la Integridad Territorial, defender la Soberanía Nacional, salvaguardar los supremos valores de la Patria, la Seguridad del Estado, el Orden Público y el normal funcionamiento de los Poderes Públicos. Las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado se rigen por ley y por sus propios reglamentos”.

Si las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado están sometidas a la Ley según la Constitución, ¿qué Ley o Reglamento les permite ir disparando a ciudadanos indefensos en situaciones que están lejos de constituir una amenaza a la soberanía nacional, la seguridad nacional, la integridad territorial o al orden público? ¿Por qué los mandos militares y policiales protegen a esos presuntos delincuentes en vez de llevarlos a la Justicia? ¿En qué fundamentan su indiferencia los jueces y fiscales que tienen conocimiento de tales actos y no hacen nada por perseguirlos de conformidad con la Ley?

En los países democráticos, el Ejército y los Cuerpos de Seguridad del Estado suelen figurar entre las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos no solo por el importante papel que desempeñan, sino también la forma de ejercerlo en la práctica, siendo además la igualdad ante la Ley el límite infranqueable con que topará cualquier intento de extralimitación. En cambio, el divorcio entre los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado, y los civiles, es cada vez mayor, razón por la que reciben de estos la peor valoración.

Una anécdota que parece confirmar lo anterior es un audio reproducido en Diario Rombe el pasado 7 de enero, donde se puede escuchar con bastante nitidez al Vicepresidente Segundo de la República, Encargado de Defensa Nacional y de la Seguridad del Estado, D. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, haciendo una pregunta retórica a un grupo de jóvenes acerca de si los militares maltratan a la gente en Guinea Ecuatorial. Y, a pesar de que ellos contestan alto y claramente que sí, el Vicepresidente sostiene que no y que ellos mienten. Esta anécdota es un indicativo de la percepción negativa y general que los ciudadanos ecuatoguineanos tienen de sus militares, policías y gendarmes.

Esta situación no se resuelve con negarla, ni solo con parches como la Orden Ministerial emitida en su momento por el Ministerio de Seguridad Nacional, recordando a la Policía y Gendarmería la obligación de no detener arbitrariamente, ni tampoco con cursillos sobre derechos humanos que dice organizar la supuesta Comisión de Derechos Humanos de Guinea Ecuatorial.

Para la reducción de la frecuencia del gatillo fácil, los arrestos ilegales y la extorsión (adjá adjá) que practican rutinariamente muchos militares, policías y gendarmes a los ciudadanos, es imprescindible velar porque los candidatos a esos Cuerpos tengan una formación básica y carezcan de antecedentes penales graves a la hora de su reclutamiento; poner en marcha para ellos cursos de formación continua, incluida sobre derechos humanos, y castigar a los posibles transgresores de la Ley según cada caso. Por el contrario, admitir a delincuentes –la inmensa mayoría no lo son, pero muchos, antes de servir en las Fuerzas Armadas o en los Cuerpos de Seguridad, ya lo eran–, para tan noble misión, más encima protegerles cuando repiten lo que ya solían hacer, agrava el problema y el distanciamiento con los ciudadanos.

Conviene poner de relieve que la inmensa mayoría de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado son honestos y profesionales capacitados, que defienden los supremos intereses del Estado de forma impecable y en el marco de la Ley Fundamental, y han demostrado su profesionalidad más allá de nuestras fronteras, como en una misión de paz que participaron recientemente en el marco de la CEMAC en un país centroafricano.

Hemos querido marcar esta diferencia a lo largo de este comentario con el empleo del adjetivo ‘mucho’, para indicar que no son todos, ni siquiera la mayoría. Pero, también hay que afirmar con la misma rotundidad que buena parte de ellos maltrata a la población indefensa, y se siente superior a la Ley por su condición de tal. Una nueva generación de uniformados sin formación tiene bastante que ver con esta mentalidad solo por el hecho de llevar un arma o un uniforme.

El Observador

Diario Rombe
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