La República de Guinea ha dejado de volar con sus aviones a España para burlar el embargo millonario que ha sido acordado a instancias de un banquero camerunés. El Gobierno que preside Teodoro Obiang Nguema habría informado al Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid que «por cautela» ha tomado la decisión de no utilizar las dos aeronaves que empleaba para cubrir la ruta Madrid-Malabo.

De esta forma se intenta justificar después de que una comisión judicial haya intentado en varias ocasiones bloquear sus aeronaves en el aeropuerto Adolfo Suárez para cubrir una sentencia arbitral condenatoria que, a la fecha, asciende a unos 107 millones de euros.

La decisión de Guinea de esquivar la acción de la Justicia española tiene lugar después de que se ordenara por parte del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid que se embargaran los Boeing 777 y 737 utilizados por la aerolínea Ceiba Intercontinental para viajar a España en cuanto pisaran territorio español.

El Ejecutivo de Obiang ha avanzado ya al juzgado que no volverá a utilizar los aviones en la ruta española si antes no se le garantiza por escrito que no van a ser intervenidos, admitiendo así que va a seguir incumpliendo la orden de embargo internacional.

«Interesamos al juzgado que aclare el mandamiento de embargo especificando expresamente que no impide que estas dos aeronaves concretas puedan seguir prestando el servicio de pasajeros al que se destinan», señalan sus abogados, representados por el bufete Cremades Calvo-Sotelo.

«Esto es, que no quedarán en depósito en el aeropuerto», añade su escrito. Asimismo, el gobierno africano, lejos de acatar la orden judicial internacional, se ha quejado de los «gravísimos perjuicios» que está sufriendo por una actuación judicial que considera «negligente».

La orden de embargo ha sido dictada a instancia del banquero camerunés Yves-Michel Fotso, defendido por Gómez-Acebo & Pombo, que ya había conseguido que se acordara por parte de la justicia española, como medida cautelar, el embargo de unos de los dos aviones de la compañía africana, que, por el momento, persigue sin éxito.

Los letrados que levan la ejecución, Javier Izquierdo y Julio Pernas, afirman que tanto en esta ocasión, como en la anterior, se ha evitado todo perjuicio a los pasajeros de la compañía aérea, solicitando que el embargo no impida volar a las aeronaves.

Los letrados que llevan la ejecución, Javier Izquierdo y Julio Pernas, afirman que tanto en esta ocasión, como en la anterior, se ha evitado todo perjuicio a los pasajeros de la compañía aérea, solicitando que el embargo no impida volar a las aeronaves.

El empresario Fotso intentó establecerse en Guinea para montar una filial del Commercial Bank of Cameroun. Después de llevar a cabo una importante inversión, el Gobierno guineano impidió que se instalara allí tal y como en un principio le había autorizado.

El tribunal arbitral africano de la OHADA, ubicado en Librebille (Gabón) dio la razón a Fotso en 2009 y condenó al gobierno de Obiang al pago de unos 80 millones de euros, que quedarían saldados con una de las dos referidas aeronaves. Por lo que, una vez ganado el laudo, se está llevando a cabo una búsqueda de bienes propiedad de Guinea Ecuatorial que puedan ser embargados.

La Guardia Civil intentó el pasado 7 de febrero embargar uno de los aviones de la compañía Ceiba en Madrid pero dejó constancia en un informe que «tras reconocer todas las pistas, tanto de aterrizaje como de despegue» se comprobó que «ninguna de las referidas aeronaves ha aterrizado, habiendo realizado los vuelos con aeronaves fletadas o alquiladas a la compañía española Iberia».

Antes de personarse la Guardia Civil en el aeropuerto madrileño para embargar las aeronaves, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no coincidiendo con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores español que consideraba que Guinea Ecuatorial podía ampararse en su “inmunidad de jurisdicción”, terminó estimando que el supuesto ante el que nos encontramos “no encaja en ninguna de las excepciones” establecidas “en Derecho comparado y en la propia Convención de las Naciones Unidas de 2004”.

Por eso reconoció el laudo arbitral imponiendo además las costas al gobierno africano, que continúa jugando al ratón y al gato con las autoridades españolas para evitar que sus aviones sean bloqueados.

Fuente:Elmundo.es

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