En las últimas semanas, la televisión pública ecuatoguineana (TVGE) está publicitando el desmantelamiento de una banda organizada creada en la Tesorería General del Estado que desvió más de 1000 millones de francos cfa en efectos timbrados. Las autoridades incautaron según imágenes retransmitidas en la TVGE un total de 303.593.500 Fcfa.

Formada por más de 14 altos funcionarios próximos a la Secretaria General del Estado, Milagrosa Obono Angue – una de las personalidades del régimen que guardan información delicada de la familia del dictador-, la banda iniciaría sus actividades en 2015 cuando se trasladaba la bóveda -contiene los efectos timbrados del estado- de una sede antigua a la nueva, responsabilidad según las autoridades del régimen que parecen ahora desconocer, recaía en la Cajera General del Estado, el Interventor General y del Tesorero Pagador General, Ismal Efua Mbana Makina. Este último ha sido puesto en libertad por de su cuñado, Alberto Obiang Lima hijo del dictador ecuatoguineano, y los demás han sido trasladados en la peligrosa cárcel de Malabo, Black Beach.

Entre los detenidos, muchos de ellos exfuncionarios de la Tesorería General del Estado y, se les acusa de delitos de hurto, falsificación de documentos públicos y apropiación indebida que llevan penas de cárcel desde los 6 hasta los 12 años. El juez de primera instrucción N.º 2 de Malabo, Oscar Boseku Eñeso, conocido juez al servicio de los intereses del Régimen instruirá la supuesta investigación que podría terminar con medidas cautelares como la puesta en libertad tras haber pagado una fianza…

No todos los ecuatoguineanos son iguales ante la Ley.

Es conocido por todos los ciudadanos que en Guinea Ecuatorial no todos son iguales ante la Ley. Dependiendo del grado de consanguinidad o parentesco que tengas con el dictador y su esposa, puedes actuar con total impunidad o en su defecto perecer en la cárcel.

Existen sobrados casos de miembros directos de la familia presidencial que han salido impunes por hacerse ilegalmente con los fondos públicos del estado, en otros casos, cuando es inevitable controlar el escándalo, fabrican un relato que consiste en simular detenciones, juicios y posteriores condenadas que no cumplen. 

Diario Rombe ha tenido acceso a un escándalo de corrupción que las autoridades ecuatoguineanas pretenden silenciar por estar involucradas altos miembros de la familia del dictador. Se trata del Secretario de Estado Encargado de Impuestos y Contribuciones, Antonio Ngua Mba Eyang más conocido como “peque”, hijo del finado hermano del dictador, Antonio Mba Nguema Mikue, en vida Capitán General de las Fuerzas Armadas y Ministro de Estado a la Presidencia de la República.

El Secretario de Estado de Impuestos y Contribuciones, Antonio Ngua Mba Nguema formó en su departamento una banda organizada de inspectores de tributos cuya misión ha sido cobrar millones de Fcfa al banco gabonés BGFI Bank. Por ahora se desconoce si habrían utilizado el mismo modus operandi en otras operaciones que las autoridades ecuatoguineanas han preferido archivar.

La resolucion firmada el 25 de mayo de 2020 por la Ministra Delegada de Hacienda, Economía y Planificación, Monserrat Afang Ondo, hija del hermano del dictador, Armengol Ondo Nguema, a la que ha accedido Diario Rombe, revela un caso de corrupción orquestado por el Gabinete del Secretario de Estado Encargado de Impuestos y Contribuciones, Antonio Ngua Mba Eyang.

El 28 de agosto de 2019, el Secretario de Estado Encargado de Impuestos y Contribuciones emitió una credencial a favor de los Inspectores de Tributos de su gabinete, Jesús Milagros Ndong Ekomo, Lucas Mba Oyono – hermano del consejero presidencial en materia de energía, José María Oyono -, Martin Miko Eto Elene, Elías Mass Manga, Bernardino Obiang Abaga y Crispin Biyogo Obama – hermano menor de la madre del Secretario de Estado Encargado de Impuestos -.

El objetivo de la credencial según consta en el documento era realizar una serie de “comprobaciones e investigaciones” para el ejercicio económico 2018 en las diferentes instituciones financieras y empresas en Malabo. La Comisión Verificadora que constituyó Antonio Mba Nguema Mikue cerró la Inspección Tributaria del Banco BGFI Bank el 30 de marzo de 2020 sancionándola a pagar una deuda fiscal de 250.023.195 Fcfa a favor del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial.

Paralelamente al pago realizado a favor del Tesoro Público, la entidad financiera gabonesa BGFI Bank, realizó un pago en efectivo de 172.500.000 Fcfa a favor de la empresa Global Sat Services por concepto de los honorarios en los trabajos de verificación fiscal del ejercicio económico 2018. Con esta operación se sospecha que los implicados habrían utilizado la misma técnica con otras empresas y entidades financieras para cobrar millonadas comisiones a cambio de “hacer la vista gorda”.

La empresa ficticia utilizada por la banda para cobrar comisiones es propiedad de Benardino Obiang Abaga, funcionario del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, afecto a la Dirección General de Impuestos y Contribuciones.

Según fuentes próximas al Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación consultadas por Diario Rombe, los fondos cobrados por concepto de honorarios, habrían sido repartidos con el Secretario de Estado Encargado de Impuestos, pero por ser miembro de la familia del dictador y primo de la ministra delegada de hacienda se han negado a dar explicaciones.

Una de las condiciones que exige el Fondo Monetario Internacional para conceder al gobierno ecuatoguineano el préstamo de 280 millones de euros es que se establezcan mecanismo para luchar contra la corrupción, el tráfico de influencia, cohecho y que los responsables respondan ante la justicia. Pero como era de esperar, comentan algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda “anda diciendo que es hijo del difunto Antonio Mba Nguema y con todo derecho que supone ese título, puede hacer lo que le da la gana”.

Cabe resaltar que los artículos 101 (prohibiciones) y 106 (faltas muy graves) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado recoge la separación total en la administración pública a cualquier funcionario que “incurra en actos o prácticas de corrupción en cualquiera de sus formas y modalidades”.

Y por ello, el Ministerio de hacienda les otorgó un plazo de 72 horas a contar desde el 25 de mayo de 2020 “a fin de que los inspectores de tributo implicados presenten un informe detallado esclareciendo los hechos y las disposiciones legales que les amparan en sus actuaciones”, vencido ese plazo, advirtió la Ministra delegada “se precederá a tomar las medidas sancionadoras contempladas en la Ley vigente de funcionarios del estado así como en otras leyes vigentes en materia de desvíos de fondos públicos y corrupción”.

Han pasado 51 días desde aquella notificación y los implicados en la trama de corrupción no han presentado el susodicho informe tan esperado. Las sanciones establecidas por ley no han sido ejecutadas ni puestos a disposición judicial. A fecha de hoy, mantienen sus puestos de trabajo con toda normalidad y la causa ha sido archivada.

Es probable que todas estas campañas contra la corrupción que se está llevando a cabo contra funcionarios de Hacienda que en la mayor parte de los casos los implicados son miembros de la familia del dictador, sea una cortina de humo cuyo principal objetivo es engañar al Fondo Monetario Internacional.

Diario Rombe
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