Nada queda ya de aquel proyecto de industrialización fijado para el llamado Horizonte 2020 de Obiang entre la empresa FM Servicios Prefabricados y Obras, S.L del exministro Andrés Jorge Mbomio Abua Nsem y Guinea Ecuatorial. Por quedar, solo queda el impago de sus honorarios a varios trabajadores de la constructora durante los últimos dos años de actividad.
FM Servicios Prefabricados y Obras, S.L., fue una empresa mixta que llegaría a Guinea Ecuatorial en 2012 de la mano del conocido socialista español Eduardo Tamayo Barrena, cuyo capital social estaba constituido por una parte española, Roberto Raúl López —socio de Tamayo y ex directivo de la empresa hasta 2010— y, por otra ecuatoguineana, representada por Andrés Jorge Mbomio Abua Nsem. Tras algunos desencuentros entre este último y los accionistas españoles, sobre los que haremos referencia en próximas publicaciones, el político ecuatoguineano se hizo con el control de la empresa comprando la participación de sus socios.
Los años de firmas de contratos millonarios y bonanza los acompañó hasta que, en abril de 2018 tuvo lugar una reunión en la empresa del presidente del Consejo de Administración, Andrés Jorge, el director general Mauricio y el subdirector Marcos para dar a conocer a sus empleados la intención del cierre de la empresa y la “imposibilidad” de seguir pagando los salarios y derechos de antigüedad debidos en 2017 y enero, febrero y marzo de 2018. A partir de ese momento la empresa solo se quedaría con dos o tres empleados para la apertura y cierre de las puertas.
Dada esta circunstancia, seis meses después, los empleados de la sociedad mercantil decidieron llevar a los tribunales de Guinea Ecuatorial al exsenador y ex ministro de juventudes y deportes, Andrés Jorge Mbomio, uno de los incuestionables e influyentes políticos del régimen de Teodoro Obiang.
Los poderes públicos vs. los intereses de los ciudadanos
El 28 de noviembre de 2018, una quincena de empleados de diferentes nacionalidades que trabajaban para Prefabricados y Obras FM Servicios S.L. interpusieron una demanda laboral ante la Delegación Regional de Trabajo por impagos de salarios atrasados, derechos de antigüedad, vacaciones y horas extras desde 2017 hasta principios de 2019.
En el escrito de demanda remitido a la delegación provincial de Bioko Norte, al que ha tenido acceso Diario Rombe, los demandantes requerían la mediación de sus derechos frente al presidente del Consejo de Administración de la constructora, Andrés Jorge Mbomio “antes del cierre temporal que pretende solicitar al ministerio de trabajo”. La mediación entre las partes terminó sin acuerdo, pero con el reconocimiento del político ecuatoguineano de que su empresa debía esos derechos a los trabajadores y que no podía hacer frente a ellos porque el Estado le debía dinero.
Inesperada condena contra el senador Mbomio
Agotada la vida administrativa, los empleados decidieron enfrentarse al poderoso senador en los tribunales corruptos del régimen de Obiang, conocidos por las amenazas, extorciones y otras expresiones violentas contra todo aquel que tenga pretensiones judiciales contra el poder o contra quienes lo ostentan. De esta manera, el 18 de febrero de 2019, la magistratura de trabajo de Bioko Norte admitió a trámite la demanda.
Al día siguiente de la notificación, los magistrados, Santiago Oke Avomo, Mari Cruz Engonga Obono y Miguel Ángel Nve Nchama convocaron a las partes, cita a la que no asistiría ni el senador ni sus abogados, quedando señalada la vista oral y pública para el día 27 de junio de 2019. A la espera del juicio los empleados buscaron el amparo normativo de la Ley de Quejas y Peticiones de las Cámaras de los Representantes del Pueblo, concretamente el Senado.
“Hechas las averiguaciones pertinentes”, según la presidenta del Senado María Teresa Efua en su carta dirigida a los trabajadores el 29 de mayo de 2019, acordó convocar a las partes afectadas en la sede del Senado “con el fin de informarles sobre las verdaderas razones que dificultan el percibo de sus emolumentos”, dando por supuesto el reconocimiento de la deuda por parte del senador Mbomio. “Fuimos varias veces para que la presidenta nos recibiera y fue misión imposible”, recuerda uno de los afectados.
En el juicio oral al que asistieron todas las partes involucradas, quedó probado que los demandantes prestaban servicios para la mercantil Servicios Prefabricados y Obras. A su vez, el demandado, Jorge Andrés Mbomio admitió las reclamaciones de sus hasta entonces empleados, “extremo confirmado igualmente por el escrito registrado en la Secretaria de este Tribunal por el presidente de la sociedad FM Servicios Prefabricados y Obras, S.L en fecha 2 de julio en el que se allana parcialmente a la demanda, oponiéndose única y exclusivamente a la imposición en costas procesales a la empresa y reconociendo los impagos de salarios que atribuye a causas ajenas a su voluntad”·
Además, durante la vista, el demandado Andrés Jorge Mbomio y así consta en la sentencia, reconoció que la falta de impagos de los salarios “no se debe a la falta de voluntad en el pago sino, a su vez, a la falta de pagos del Estado a la empresa FM Servicios Prefabricados y Obras, S.L”.
Para sorpresa, en especial de los afectados, los magistrados dictaron la sentencia condenatoria n.º 85/2019, de fecha 11 de julio contra FM Servicios Prefabricados y Obras S.L a pagar cerca de 129.059.830 CFA a los empleados. Toda una sentencia histórica contra el intocable senador.
Corrupción, tráfico de influencias y prevaricación de los magistrados de Bioko Norte
Para nadie es un secreto que el poder judicial ecuatoguineano está permanentemente ligado a escándalos de corrupción en los que los jueces aceptan sobornos para dictar o modificar sentencias. Desde la llegada del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, David Nguema Obiang, se han incrementado los casos de prevaricación de los jueces y magistrados, dando lugar a múltiples reivindicaciones civiles y de organismos internacionales.
En este contexto, dice la ley que una sentencia deberá ser recurrida siempre y cuando se haga en tiempo forma, es decir, dentro del días hábiles siguiente al de la publicación de la sentencia y/o notificación, cuyos plazos establecidos al ser superados dotan de firmeza dicha sentencia. En el caso de la sentencia dictada contra Jorge Andres Mbomio pasó a ser firme por omisión del demandado. Sin embargo, cuatro meses después y muy por fuera del plazo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, Mbomio presentó un recurso de aclaración contra la sentencia n.º 85/2019 del 11 de julio ante la misma magistratura de trabajo de Bioko Norte que la dictó, solicitando la modificación del monto reclamado por los demandantes.
La tardía “aclaración” por parte del exministro no solo es insólita porque cuatro meses atrás había reconocido la deuda con sus trabajadores de manera pública ante la Delegación Provincial de Trabajo, el Senado y en el juicio oral, como consta en la sentencia, sino porque además alega en su escrito, sin aportar prueba alguna, que “la empresa pagó todas las bonificaciones a todos los hoy ex trabajadores, es decir, cada año les pagaban el derecho a la antigüedad, extras de octubre y diciembre, salvo el año 2018”. No siendo suficiente, concluye el texto arguyendo la imposibilidad de aportar documentos que prueben los supuestos pagos realizados por su empresa dado que “cuando se inició el procedimiento en el Ministerio de Trabajo, uno de los demandantes aprovechando su posición de Jefe Personal, se apropió de todos los documentos”. Es decir, según la alegación del senador, todo se trataba de un plan prefabricado por sus trabajadores para perjudicarlo a él y a su empresa.
Pese a la extralimitación de los plazos establecidos para el recurso de aclaración, la falta de pruebas que los sostengan y en contra de principio de inmodificabilidad de las sentencias firmes, los magistrados declararon “haber lugar” las pretensiones del senador del PDGE, Andrés Jorge Mbomio quitando de manera arbitraria todos los derechos reconocidos a los trabajadores en la sentencia n.º 85/2019, solo manteniendo “intacto el pronunciamiento tercero del fallo”, es decir, el pago de las costas procesales a la demandada empresa FM Servicios S.L. Un hecho que demostraría, una vez más, la impunidad de quienes juegan a ser garantes de la justicia ecuatoguineana.
La Ley de Enjuiciamiento Civil de Guinea Ecuatorial recoge en su artículo 363 la exigencia del principio de la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales que prohíbe a todos los jueces modificar sus propias resoluciones. Aunque sí permite que puedan ser aclaradas “los conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio”, aclaraciones que deberán hacerse dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia y/o notificación y no cuatro meses después.
Petición del embargo de los bienes de Andrés Jorge Mbomio en el Reino de España
En 2013, las autoridades españolas aprobaron la concesión de visados dorados a ciudadanos extranjeros con un alto poder adquisitivo. Uno de los requisitos para el disfrute de esos permisos de residencia, es desembolsar más de 300.000 euros para la adquisición de uno o varios bienes inmuebles. Un procedimiento que podrían haber utilizado los altos miembros del régimen de Malabo para la obtención de los permisos de residencia y luego la nacionalidad española.
Se desconoce si el senador ecuatoguineano, Andrés Jorge Mbomio, hubiera optado por esa vía para la obtención del Permiso de Residencia Legal en España. Lo que sí es cierto es que, dispone de una vivienda unifamiliar de 315,06 metros cuadrados situada en una lujosa localidad de Fuenlabrada (Madrid), denominada comercialmente “Huertas del Molino”, cuya titularidad comparte en bienes gananciales con su esposa y, otra más, en la Comunidad Valenciana en el municipio de Paiporta.
De lograrse la petición de embargo de sus bienes, solicitada por los extrabajadores españoles, las cantidades adeudadas retornarían a los afectados, al menos de los españoles que ya han puesto en marcha todos los mecanismos legales para cobrar lo que se les debe. Según ha sabido Diario Rombe, los abogados de los exempleados españoles han iniciado acciones legales enviando el correspondiente burofax a la residencia privada de Mbomio en Fuenlabrada y una denuncia en la Audiencia Nacional. Un proceso que se ha visto congelado hasta la reanudación de los trabajos en los juzgados a causa del Covid-19. Para los guineanos, como todo, el camino será más largo y tortuoso que los efectos colaterales devenidos de una pandemia.
