Las arcas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO) de Guinea Ecuatorial se han convertido en el escenario de una guerra de poder, venganza y restituciones arbitrarias que amenaza con dinamitar la solvencia financiera de la previsión social en Guinea Ecuatorial y poner en riesgo directo el cobro regular de las pensiones de miles de jubilados en todo el país. En el centro de este laberinto administrativo opera desde la sombra el Primer Ministro del Gobierno y expresidente del Consejo de Administración del INSESO, Manuel Osa Nsue Nsua, empeñado en una feroz persecución contra la Secretaria General de la entidad, Juana Magdalena Obono Ntutumu Oyana, tras el histórico escándalo que acabó con la cúpula familiar del propio Mandatario entre rejas.
El origen del colapso se remonta a la investigación criminal ejecutada por la Gendarmería Nacional de Malabo, la cual sacó a la luz un desvío masivo de fondos públicos que supera los 7.000 millones de francos CFA dentro del INSESO. Aquella auditoría de la Comisión Política de Auditorias desmanteló la red que operaba en las entrañas del organismo, señalando directamente a los allegados del Primer Ministro: su primo hermano Moisés Angue Nso Ncham (exdelegado), y sus sobrinos Julio César Micha Nfono (exadministrador) y su sobrino, Jacinto Nsue Osa, Presidente del Consejo de Administración de la filial de BANGE en Camerún que no entró en la cárcel por estar casado con la hija de Armengol Ondo Nguema.
Tras el encarcelamiento de los sospechosos y la destitución de Manuel Osa Nsue como Presidente del Consejo de Administración (PCA), la Secretaria General del INSESO, Juana Magdalena Obono Ntutumu Oyana, asumió legítimamente la Dirección Interina respaldada por el Consejo de Administración. En el ejercicio de sus funciones, según ha sabido Diario Rombe, Juana Magdalena Obono Ntutumu Oyana custodió los libros contables y cooperó aportando la información financiera esencial solicitada por las autoridades judiciales para esclarecer el desfalco. Esta postura a favor de la legalidad institucional fue leída en la Primatura como una traición personal. En “petit comité” Manuel Osa juró venganza para expulsarla del mapa laboral y ordenó su neutralización política, acusándola paralelamente de mantener una supuesta coordinación con Diario Rombe a raíz de la cobertura del caso.
La maniobra de Manuel Osa Nsue
Para cortar de raíz la fiscalización, según fuentes consultadas por Diario Rombe, la Primatura y el Ministerio de la Función Pública han diseñado una maniobra tramada a la medida: forzar el traslado de Juana Magdalena Obono Ntutumu Oyana como Directora General al Ministerio de Asuntos Sociales. Con este movimiento se busca desalojarla del INSESO para colocar a un enviado directo de Manuel Osa en la Secretaría General, bloqueando así cualquier intento de auditar a fondo el destino de los fondos extraviados.
El plan para devolver el control del organismo a la red del Primer Ministro ha requerido la sumisión del actual Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Orobiyi Lajay. Tras asumir el cargo en sustitución de Manuel Osa, este mismo PCA había firmado en marzo de 2026 la reestructuración del cuadro técnico que apartó a figuras clave del entorno saliente. Entre los cesados figuraban Juan Ebili Abeso Angue (Delegado Provincial en Djibloho/Oyala), Agustín Engonga Obama (Administrador Regional en Bata) y la Dra. Marcelina Mangue Ndong (Jefa de Servicios Médicos Regional en la parte continental, señalada por su presunta implicación en las irregularidades atribuidas a la etapa de Moisés Angue).
Aquel saneamiento inicial provocó la reacción inmediata de la red de Manuel Osa. El Primer Ministro acudió ante la Secretaría General del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) para conseguir un pronunciamiento político a favor de Juan Ebili. La trampa se consumó cuando el actual PCA, sucumbiendo a las coacciones del Ejecutivo, dio una inverosímil marcha atrás a sus propios actos.
Mediante la Resolución N.º 9.691 del 24 de agosto de 2026 (y su posterior traslado en el oficio N.º 371 del 28 de agosto), el mismo PCA firmó la anulación de sus propias decisiones de marzo. Para eludir su responsabilidad, el escrito recurre al subterfugio de escudarse en una «Superior Resolución de la Presidencia del Gobierno (n.º 26-2329-010)» y achacar falsamente el origen de los cambios a la etapa de la Dirección Interina. Con este malabarismo retórico, el PCA autorizó el retorno inmediato a sus puestos de Juan Ebili, Agustín Engonga y la Dra. Marcelina, anulando retroactivamente todas las medidas aprobadas por Juana durante su gestión interina en un acto calificado por penalistas como una flagrante desviación de poder.
El desembarco de Bonkanka
El cerco a la fiscalización interna se ha cerrado con la nueva Delegada Nacional, Montserrat de la Gracia Bonkanka Tabares, quien ha desembarcado en el INSESO con una gestión marcada por la opacidad y las amenazas directas a la plantilla. Bonkanka ha tildado abiertamente de «incompetentes» a los empleados de carrera, recortado las dietas del personal técnico y amagado con llevar ante la Vicepresidencia a cualquier trabajador disidente, todo ello mientras se niega a revisar su desorbitado salario de 7.500.000 francos CFA mensuales.
El dato más alarmante revelado por el cuerpo técnico es el anuncio de Bonkanka de incorporar a supuestos «asesores extranjeros» a la sede central. No es una coincidencia: se trata de la misma estructura que se diseñó e implantó en el Hospital Sociedad Guineana de Salud de Bata para arrinconar al personal técnico capacitado y tomar el control absoluto de los flujos de capital.
Los funcionarios de carrera y el cuerpo técnico del INSESO advierten que el desmantelamiento del liderazgo independiente deja las arcas públicas desprotegidas y al borde de un presunto saqueo sin precedentes. El intento de tapar el agujero de más de 7.000 millones de francos CFA y la restitución forzada de los peones del Primer Ministro amenazan de muerte la solvencia de la entidad. Los analistas recuerdan a los responsables firmantes que la prevaricación administrativa y el abuso de autoridad no quedan inmunes tras un cese gubernamental: quienes participan en esta trama comprometen su propio patrimonio personal de por vida para resarcir los daños provocados al dinero de los contribuyentes y a las pensiones de los ancianos de Guinea Ecuatorial.
