La expresión “quien hace la ley, hizo la trampa” es un dicho popular que denuncia la hipocresía y el abuso de poder por parte de quienes crean o imponen las normas. La familia de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y Constancia Mangue Nsue Okomo, personifica la expresión “quien hace la ley, hizo la trampa” porque desde marzo de 1969 con el ascenso de Francisco Macias Nguema Biyogo al poder y posteriormente su sobrino, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el clan de Mongomo controla de forma absoluta las instituciones del Estado y al mismo tiempo, se sirve de ese control para proteger sus propios intereses y castigar selectivamente a los demás.
Con el corrupto Teodoro Nguema Obiang Mangue al frente, la familia Obiang promueve campañas contra la corrupción, el nepotismo y el despilfarro público. Cualquiera pensaría que es una broma de mal gusto, pero es la realidad. Al mismo tiempo que promueven sanciones ejemplares, ellos mismos y su círculo cercano como se han demostrado en diversas investigaciones periodísticas de la que ha participado Diario Rombe, violan esas reglas con total impunidad, adjudicándose a sí mismos contratos públicos.
En los últimos meses, hemos leído en la cuenta de X (anteriormente Twitter) del vicepresidente ecuatoguineano, Teodoro Nguema Obiang Mangue –condenado por corrupción, abuso de poder y blanqueo de capitales en diferentes jurisdicciones internacionales—, con tono amenazante la imposición de duras sanciones contra quienes, aprovechándose de sus cargos, incurrieran en prácticas de nepotismo y favoritismo. Los que normalmente caen por “corrupción” o “nepotismo” suelen ser los que ellos denominan “enemigos internos”, chivos expiatorios o piezas sacrificables del régimen como Ruslan Obiang Nsue que no forman parte de los pilares esenciales que sostienen la dictadura. Lo más lamentable, aunque hagan lo mismo —o peor—, se ha demostrado que, mientras Teodoro Obiang Nguema esté en el poder, la familia de su esposa, sobre todo, Teodoro Biyogo Nsue Okomo, nunca responderán ante la justicia.
Lo controla todo
Durante décadas, Teodoro Biyogo ha conseguido perfeccionar un sistema de expolio institucional que le permite apropiarse de importantes porcentajes de los contratos públicos en sectores clave como infraestructuras, hidrocarburos y telecomunicaciones, sólo por el hecho de ser hermano de la primera dama. Su herramienta principal es Caraos Consulting S.A., una empresa pantalla constituida el 17 de enero de 2013 con número de identificación fiscal 00385 C-13 y utilizada como intermediaria en adjudicaciones del Estado. De acuerdo con su objeto social, Caraos Consulting SA está especializada en servicios de consultoría, mantenimiento, gestión y telecomunicaciones.
Los documentos filtrados sobre las operaciones de la constructora portuguesa, Zagope Construcciones e Ingeniería SA en Guinea Ecuatorial y los datos conocidos como GQLeaks —contienen más de un millón de correos electrónicos de destacados funcionarios del régimen de Teodoro Obiang y departamentos del gobierno ecuatoguienano— siguen sacando a la luz nuevas evidencias sobre el abuso de poder en las adjudicaciones de contratos a favor de las empresas de la familia Obiang. En esta nueva entrega, los archivos a los que ha tenido acceso Diario Rombe, revelan irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a una empresa directamente vinculada a Teodoro Biyogo Nsue Okomo, hermano de la primera dama y uno de los operadores más peligrosos del régimen e incluso comparable con François Compaoré, hermano pequeño del destituido dictador de Burkina Faso, Blaise Compaoré.
Pero la red de Teodoro Biyogo va más allá. El cuñado del dictador también controla una empresa que presta servicios a las empresas públicas y ministerios del gobierno. Constituida el 19 de marzo de 2018, Consultoría Tecnológica Guinea Ecuatorial S.L. (CTGE), no es una empresa cualquiera, es una de las empresas más lucrativas de Teodoro Biyogo Nsue Okomo. La oficina de CTGE está ubicada en el Edificio Candy en Malabo propiedad de Candy Vistamar SA, la empresa de bienes raíces de Biyogo.
De acuerdo con los documentos obtenidos por Diario Rombe, Teodoro Biyogo Nsue Okomo es el socio mayoritario de Consultoría Tecnológica Guinea Ecuatorial S.L. (CTGE) con un 35 % de la sociedad. Teodoro Biyogo Nsue Okomo no actúa en solitario. Detrás de su red de intereses se esconden dos colaboradores españoles que llegaron a Guinea Ecuatorial con pantalones cortos y hoy se han transformado en aparentes magnates empresariales. Iván Delgado García y Carlos Sánchez Jiménez controlan el 33 % y el 32 % de Consultoría Tecnológica Guinea Ecuatorial S.L., y son las caras visibles de varias operaciones turbias vinculadas a los negocios de Biyogo.
además, entre junio de 2015 y junio de 2017, Iván Delgado García, según su propio perfil en LinkedIn, fue Director de Ventas de Global Multi Solutions S.L., filial guineana de una empresa española del mismo nombre (antes Guinea Solutions S.L.), propiedad de José Luis Romero Ruiz, un empresario prófugo, buscado por presunta corrupción y sobornos a funcionarios guineanos. No es casualidad. En declaraciones a la televisión estatal, Jesús Cantero Nsegue Nsang, alias «Boney», uno de los principales imputados en el escándalo de la TDT, no se anduvo con rodeos y señaló directamente a Biyogo como “el efe” que cobró una comisión del 7 % por facilitar pagos del Estado a Wayang Teknical Soluções Globais Guinea Ecuatorial SL propiedad de Jose Luis Romero Ruiz, la empresa contratada en 2017 para desplegar la red de Televisión Digital Terrestre. Según fuentes extraoficiales dentro de la gendarmería, ese soborno se camufló presuntamente con un contrato ficticio de servicios firmado con Caraos Consulting SA.
Sin embargo, Carlos Sánchez Jiménez, por su parte, también dirige Tecnologías de la Información de Guinea Ecuatorial S.L. (TIGE), constituida el 18 de agosto de 2015 con un capital de 10 millones de francos CFA. El administrador de esta empresa, Ismael Ngomo Nseng Mengue, es presuntamente hermano de Valentín Nvono Ngomo Nchama, actual Director General Adjunto del CNIAPGE. Esta relación familiar habría facilitado adjudicaciones directas a TIGE desde esa entidad pública, sin licitación alguna, bajo la sombra protectora de Biyogo. Desde su fecha de inscrpción, TIGE S.L ha ganado numerosos contratos de consultorías y mantenimientos adjudicados por el Centro para la Informatización de la Administración Pública de Guinea Ecuatorial. En mayo de 2023, Diario Rombe se puso en contacto con él para ofrecerle la oportunidad de comentar los datos recabados; no obstante, decidió no responder.
La adjudicación de los contratos de Malabo y Mongomeyen
En Guinea Ecuatorial, el Estado opera sin ningún control real sobre la adjudicación de contratos públicos. Las autoridades omiten deliberadamente cualquier proceso de due diligence para evitar detectar vínculos comprometedores entre las empresas adjudicatarias y miembros del clan presidencial. Lejos de actuar con independencia, los funcionarios se ven obligados a firmar y avalar contratos a favor de sociedades controladas por familiares de Constancia Mangue Nsue Okomo y Teodoro Obiang Nguema, bajo presión directa del poder. Esta práctica convierte al aparato estatal en una herramienta al servicio del saqueo familiar.
En 2023, según los datos que forman parte de la filtración, el Ministerio de Aviación Civil concedió un contrato superior a 3.000 millones de francos CFA (4.573.470 euros) a Teodoro Biyogo Nsue Okomo a través de su empresa, Consultoría Tecnológica Guinea Ecuatorial S.L. (CTGE), para la instalación de sistemas de comunicación en los aeropuertos de Malabo y Mongomeyen. En declaraciones a Diario Rombe bajo condición de anonimato, un funcionario del Ministerio de Aviación asegura que, “sólo cumplimos órdenes de la superioridad y está prohibido rechazar la adjudicación de contratos cuyo intermediario es un miembro de la familia”.
Lejos de ser un caso aislado, la impunidad de Biyogo evidencia el verdadero rostro de la supuesta cruzada anticorrupción de Teodorín. Mientras castiga selectivamente a funcionarios ajenos a su red de lealtades, protege a su propio tío, directamente implicado en desfalcos millonarios que empobrecen al país. “Teodoro Biyogo está en todos los fregados”, lamenta una fuente.
De acuerdo con los 120 GB de correos electrónicos del Centro Nacional de la Informatización de la Administración Pública de Guinea Ecuatorial (CNIAPGE), además del contrato de para la instalación de sistemas de comunicación de los dos aeropuertos, el Ministerio también adjudicó a Teodoro Biyogo, el contrato de mantenimiento por aeropuerto con un coste anual de 300.000.000 Fcfas (457.347 euros), según el cuál, se iniciará “automáticamente” al mes siguiente de la finalización “exitosa” del proyecto, aunque, la Comisión Jurídica de la Abogacía del Estado sugirió que “el Contrato de mantenimiento debería entrar en vigor después del periodo de garantía de la obra, que según se ha expuesto más arriba, sería después de dos (2) años”.
CTGE, la empresa tecnológica de Biyogo, también hacía limpieza de playas
Un documento oficial del Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal de Guinea Ecuatorial, con fecha del 26 de febrero de 2021 que forma parte de los datos filtrados de Zagope y GQLeaks, expone una práctica que refleja el desorden institucional y el tráfico de influencias que impera en la gestión pública del país. En la carta, el ministerio comunica a la empresa Consultoría Tecnológica Guinea Ecuatorial (CTGE), vinculada directamente a Teodoro Biyogo Nsue Okomo, la cancelación de pagos por servicios de mantenimiento y limpieza de playas y zonas verdes.
La contradicción es evidente y preocupante: una empresa registrada como tecnológica y que presume de operar en sectores de innovación digital, termina contratada para recoger basura en las playas. Esta asignación no responde a criterios técnicos ni a licitaciones transparentes, sino a los lazos de poder que permiten a figuras como Biyogo utilizar empresas pantalla para capturar fondos públicos de cualquier ministerio, sin importar el objeto social ni la capacidad real de ejecución.
El propio documento ministerial revela además la delicada situación económica del departamento, admitiendo que el recorte presupuestario es tan severo que los fondos mensuales no alcanzan ni para cubrir la nómina del personal. En lugar de priorizar políticas públicas de impacto, los escasos recursos terminan drenados por contratos otorgados a dedo a empresas relacionadas con el círculo de poder.
