Sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del PDGE para las presidenciales 2016

Sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del PDGE para las presidenciales 2016

1º.- “El PDGE solicita a los empleados de INSESO una aportación “voluntaria” para grabar canciones” (17 de febrero de 2016).

Esta noticia va acompañada de una circular, de fecha 12 de febrero de 2016, en la que el Delegado Nacional del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO) pide a sus empleados militantes del PDGE, a dar de forma voluntaria contribuciones económicas para la grabación de canciones de camapaña electoral para el Partido: http://www.diariorombe.es/el-pdge-solicita-a-los-empleados-de-inseso-una-aportacion-voluntaria-para-grabar-canciones/.

2º.- “El Ministro Nko Mbula obliga a las constructoras extranjeras (a) financiar la campaña electoral del PDGE” ((18 de febrero de 2016).

Esta información se confirma con un escrito de fecha 29 de enero, del Ministro de Obras Públicas e Infraestructuras, Juan Nko Mbula, invitando a las constructoras que operan en Guinea Ecuatorial y a las Oficinas de Estudios afectos al Ministerio, a efectuar aportaciones para la campaña electoral del Gobierno, o sea, del PDGE: http://www.diariorombe.es/el-ministro-nko-mbula-obliga-a-las-constructoras-extranjeras-financiar-la-campana-electoral-del-pdge/.

3º.- “El PDGE obliga a los empleados oriundos de Ebebiyin (a) abonar fondos para la candidatura de Obiang” (21 de marzo de 2016).

En esta noticia está insertada una credencial firmada por el Ministro Delegado del Interior y Corporaciones Locales, Marcelino Asumu Nsue Okomo, en su calidad de Presidente de la Comisión distrital de Seguimiento del PDGE en Ebibeyín. La credencial aurotiza a Santiago Esono Ondo, un Hermano Militante –nombre afectivo que reciben los afiliados al PDGE– a recaudar de los oriundos de Ebibeyín que trabajan en el sector privado, aportaciones económicas para la campaña electoral del Partido.

Todas estas informaciones se caracterizan por su absoluta credibilidad en la medida en que son confirmadas por los documentos oficiales antes referidos –una circular, un escrito y una credencial–, y ponen de manifiesto el carácter autoritario del PDGE y su consideración como un partido-Estado, que está por encima de las leyes y de la libertad de los ciudadanos, y dispuesto a financiarse de manera ilegal.

El Instituto Nacional de Seguridad Social es un organismo del Estado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sus dirigentes no deben someter a sus empleados a presiones políticas ni económicas de ningún tipo para financiar a ningún partido político antes, durante o después de unas elecciones. Las presiones políticas, en este caso, consisten en identificar a quienes no accedan a esas exigencias como opositores o, en el mejor de los casos, como no militantes del PDGE, con el consiguiente miedo a perder sus empleos; y las económicas, en los exiguos salarios que perciben y de los que tengan que sacar las donaciones en cuestión. Si en el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial es obligatorio el pago de cuotas por parte de los militantes de conformidad con sus Estatutos, esos pagos deben exigirse fuera de las Administraciones y de las empresas privadas.

Por su parte, la misiva del Ministro de Obras Públicas e Infraestrunturas, implorando piedad a las constructoras para que financien la campaña electoral del PDGE, puede calificarse como cohecho –“Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos–”.

Es de destacar que todas las empresas de construcción en Guinea Ecuatorial operan mayoritariamente, si no exclusivamente, en el marco de los contratos suscritos con el Gobierno para realizar obras públicas, adjudicadas sin publicidad ni concurso. Que el mismo Gobierno, a través del Ministro de Obras Públicas e Infraestructuras, solicite a esas mismas empresas que financien la campaña electoral de su partido, además de posible cohecho, es una tremenda presión a dichas sociedades al temer que una posible negativa puede perjudicarles en la adjudicación de nuevas obras en el futuro.12

En tercer lugar, al llamado ‘Ekokop Akung’, Marcelino Asumu Nsue Okomo, no le ha hecho falta recurrir a camuflajes semánticos ni ideológicos como los anteriores para exigir exactamente lo mismo. Por ejemplo, en realidad, el Delegado Nacional de INSESO ha pedido contribuciones económicas a todos los empleados de la entidad, con independencia de su afiliación política, por más que se haya dirigido por escrito solo a aquellos que son del PDGE. Ha intentado aparentar, sin conseguirlo, que no quedan afectados por la petición los no Hermanos Militantes, lo cual no es cierto: todos se sentirán obligados para no ser señalados como opositores o como un grupo antihermandad militante.

El Ministro de Obras Públicas e Infrastructuras, para no decir que la financiación es para el PDGE, sostiene que es para el Gobierno, como si este fuese un partido político. Además, han empleado el adjetivo ‘voluntario’ (y sus derivados) –‘aportaciones económicas voluntarias’– en los respectivos documentos de solicitud de financiación, con la finalidad de esconder el carácter obligatorio de las mismas. No les ha funcionado ni el camuflage ideológico ni el semántico, aunque lo han intentado.

En cambio, para demostrar su indiscutible fama de personaje autoritario y bruto, ‘Ekokop Akung’ ordena sin rodeos ni eufemismos que se recauden de todos los empleados de las empresas privadas naturales de Ebibeyín, fondos para la campaña electoral del PDGE. La única condición que él exige es que esos donantes del sector privado sean oriundos de Ebibeyín, incluso si fuesen militantes de CPDS, UP, CI, UCD; es decir, de la Oposición. Una brutalidad inimaginable.

Esta es la primera fase, la preelectoral, en lo que concierne a las actuaciones de los dirigentes del PDGE, en la que cada uno se siente obligado a demostrar públicamente su grado de compromiso y fidelidad al Partido, y de animadversión a la Oposición. La segunda, electoral, consistirá en el férreo control del voto durante las votaciones del 24 de abril, en cumplimiento escrupuloso del eslogan “un militante, un voto”, y de todos los electores todos los militantes. La tercera fase, poselectoral, suele desarrollarse a nivel más personal, más secreto y más misterioso, donde cada cual aspirará a mantenerse en el cargo o a ser promocionado a otro superior. Y a estos efectos, no se descartan sacrificios humanos, en particular, de familiares, amigos y conocidos. Recueden que tras las elecciones presidenciales se ha de nombrar, según la Ley Fundamental, un nuevo Gobierno:

“Celebradas las elecciones presidenciales, el Presidente de la República electo nombrará un nuevo Gobierno” (Art. 37.2).

Si la brujería sigue siendo parte de nuestras creencias, hay que imaginar la cantidad de visitas secretas a las curanderías, a brujos o a marabúes, nacionales o extranjeros, que muchos efectuarán a partir de ahora para conseguir sus objetivos.

El Observador