En una serie de eventos que ha captado la atención de medios internacionales, María Elena Jurado, la abogada estrella del clan hispano-ruso liderado por Igor Kokorev Maleva y su hermano Vladimir Kokorev Maleva, este último, reside en Nueva York, ha sido protagonista de acciones legales que desafían la integridad del sistema judicial Español y Panameño. Con residencia actual restringida en España, Igor Kokorev está una vez más en el ojo del huracán tras las recientes maniobras legales realizadas por su representante legal contra el principal testigo de la justicia española.
Recientemente, la justicia civil de Panamá rechazó una nueva demanda interpuesta por Jurado, que buscaba con ella, iniciar un proceso legal cuestionable con el claro objetivo de evadir las medidas cautelares impuestas por la justicia española sobre el inmueble Mystic Point 35-B, propiedad de la Fundación Coco River Foundation. Dicha fundación fue creada por Vladimir Kokorev, siendo él y su mujer Yulia Kokorev, los principales beneficiarios. Actualmente, la inquilina de la propiedad está en manos de Yasmilka del Carmen Rosas.
Fuentes cercanas al caso indican que tras la no admisión de esta demanda, María Elena Jurado, en un presunto claro intento de no acatar la orden judicial española, se presentó el días 15 de abril de 2024 a las 14:00 horas ante el juzgado panameño con una solicitud de impulso procesal. Su estrategia era persuadir para evitar que no aceptara su solicitud de auto demanda, diseñada para bloquear la ejecución del secuestro del inmueble decretado por el Juzgado Quinto de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta situación ha generado una considerable controversia y ha puesto en duda la ética profesional de Jurado. La comunidad legal observa con preocupación cómo este caso puede afectar la percepción de la justicia en presuntos casos de corrupción y blanqueo de capitales que involucran conexiones internacionales.
La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ahora se enfrenta a la tarea de evaluar estas presuntas maniobras, instigadas por Igor Kokorev Maleeva y ejecutadas por su apoderada María Elena Jurado Domínguez en Panamá. La comunidad internacional y las autoridades españolas esperan con expectativa que se haga justicia y se respeten las medidas judiciales impuestas, cerrando así puertas a cualquier forma de manipulación legal que pretenda socavar el estado de derecho.
