A mediados de 2015, la abogada panameña María Elena Jurado, del bufete Jurado Attorneys & Consultants, tomó medidas agresivas en el sistema judicial penal y civil de Panamá para defender al clan hispano-ruso Kokorev, presuntos testaferros del dictador guineoecuatoriano Teodoro Obiang, cuya reputación ha sido rechazada por diversas entidades bancarias internacionales. Este movimiento se produjo poco después de que la Interpol extraditara a los Kokorev desde Panamá a España, donde enfrentan un juicio por lavado de activos y tráfico de armas.
Este proceso, que lleva más de 17 años desde la querella criminal presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, finalmente se celebrará entre el 7 de octubre y el 18 de diciembre de 2025 en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con Vladimir Kokorev, Julia Maleeva y su hijo Igor Kokorev Maleeva como principales acusados.
A lo largo de estos años, todos los procesos judiciales iniciados por María Elena Jurado, en un intento por limpiar la imagen de la familia Kokorev, han fracasado rotundamente. No obstante, diez años después, Jurado persiste en su empeño por desafiar la justicia española, utilizando el sistema judicial panameño para revivir casos que ya han sido resueltos y perdidos en más de una ocasión.
María Elena Jurado y el desafío de defender a los Kokorev
Defender los intereses de una de las familias más corruptas del mundo, como los Kokorev, representa un desafío significativo para cualquier abogado, especialmente para uno de origen panameño. La familia Kokorev, conocida por utilizar su influencia para desfalcar las arcas públicas de Guinea Ecuatorial, ha estado bajo el escrutinio internacional durante años. A pesar de los riesgos evidentes y la pérdida de credibilidad que conlleva, la abogada panameña María Elena Jurado decidió aceptar la defensa de esta familia, cuyos vínculos con el dictador Teodoro Obiang son bien conocidos.
Esta decisión no solo ha manchado su reputación, sino que también ha puesto en tela de juicio su ética profesional, al embarcarse en una defensa destinada al fracaso desde el principio, todo mientras explota las debilidades de aquellos a quienes supuestamente representa.
El Caso Jurado: ¿De dónde salen los fondos de los Kokorev?
La necesidad de aplicar normas rigurosas de debida diligencia con los clientes no se restringe a los bancos; los abogados también tienen el deber de conocer en profundidad a sus clientes, especialmente cuando se trata de personas involucradas en actividades delictivas como el tráfico de armas. En este contexto, surge una inquietud crucial: ¿qué dice la banca panameña sobre la situación actual?. Desde 2015, María Elena Jurado ha consignado millonarias sumas en los juzgados civiles de la República de Panamá.
Esta situación ha generado serias dudas sobre la procedencia de esos fondos, especialmente dado que las autoridades judiciales de España, Estados Unidos, Suiza y otros países han mantenido congelados los bienes patrimoniales y económicos del clan ruso Kokorev. La pregunta es inevitable: ¿cómo ha conseguido esta abogada acceder a tales sumas de dinero para realizar esas consignaciones? La falta de claridad en la fuente de estos fondos plantea preocupaciones sobre la transparencia y la ética en la gestión de casos de alto perfil y la integridad del sistema judicial panameño.
Crisis en Jurado Attorneys: Cancelación y deserción
La estrategia de defensa del equipo legal de los Kokorev en Panamá, encabezado por María Elena Jurado Domínguez y su hijo Hernán Batista Jurado, ha consistido desde el principio en destruir a sus oponentes profesionales sin importar el costo. La reciente cancelación del permiso de operación del bufete Jurado Attorneys & Consultants, según reporta Panamá Emprende, pone de manifiesto la magnitud de los problemas que enfrenta Jurado. Este revés llega en un momento en que la abogada está bajo un intenso escrutinio público y judicial.
El deterioro de la situación se refleja también en el exilio profesional de sus socias más cercanas, como Katherine Ulloa, Michelle Dimas Arcia y Ariel Cornetti Silen, entre otras. Estas profesionales han abandonado la firma y se han reubicado en bancos, ministerios y otras instituciones públicas. Este masivo distanciamiento, en el contexto de un posible desplome de la reputación de Jurado, plantea serias dudas sobre las verdaderas razones detrás de la cancelación del permiso de operación del bufete y cuestiona la viabilidad de su futura práctica legal.