En noviembre de 2021, la justicia española ordenó embargar 48 inmuebles propiedad del clan Vladimir Kokorev Kokorev —presuntos testaferros del dictador ecuatoguineano— acusados por el delito de blanqueo de capitales pendiente de ir a juicio. Entre los bienes embargados, se encuentra el apartamento Nº 35B del Ph Mystic Point Towest torre 100, ubicada en el corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá, propiedad de Vladimir Kokorev Kokorev y su mujer, Yulia Maleeva Maleeva.
Según los documentos consultados por Diario Rombe, el apartamento fue adquirido en el año 2008 por un valor de $400.000 a través de la sociedad panameña, Pursuit Marine SA, con Ismael Gerli como Presidente y Vladimir Kokorev como único accionista. El apartamento fue adquirido por encargo de Vladimir Kokore de acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Diario Rombe. Llegados hasta este punto, es importante destacar que, los fondos utilizados para comprar el apartamento fueron enviados por Yulia Maleeva Maleeva mediante transferencia bancaria en una de sus cuentas abiertas en el banco Deutsche Bank Trust Company America.
El origen
Huyendo de la justicia española en 2012, los presuntos testaferros del dictador ecuatoguineano, Vladimir Kokorev Kokorev, Yulia Maleeva Maleeva y el hijo de ambos, Igor Kokorev, decidieron instalarse en Panamá para evadir los procesos judiciales españoles. Sin embargo, para regularizar su situación migratoria en Panamá, según indicó su abogada Katherine Ulloa en los documentos judiciales, los Kokorev se vieron en la necesidad de transferir el apartamento Nº 35B del Ph Mystic Point Towest torre 100 a Coco River Foundation, una fundación de interés privada constituida el 17 de agosto de 2012 con un fundador nominal que resultó ser Ismael Gerli Champsaur, principal testigo contra los Kokorev en España.
Como es habitual en estos casos, el fundador nominal —Ismael Gerli Champsaur— emitió un documento conocido como «assignment of rights» o cesión de derechos a favor de los verdaderos fundadores y beneficiarios, Vladimir y Julia Kokorev. Sin embargo, esta cesión no cumplía con los requisitos de migración según la abogada de Kokorev, Katherine Ulloa Castillo, quien argumentaba que los Kokorev debían figurar como fundadores. Esto generó un problema, ya que la ley panameña establece que los fundadores son inamovibles. Para solucionarlo, se realizó una escritura pública de corrección en la notaría décima solicitando el cambio de fundador del nominal a los Kokorev, con la intención de cumplir con los requisitos migratorios.
Desde la constitución de la fundación, los Kokorev fueron beneficiarios y los derechos de fundador les fueron cedidos por parte del fundador nominal controlado por Ismael Gerli. Acto seguido, según los documentos judiciales, la abogada de los Kokorev, María Elena Jurado, ideó una presunta venta ficticia entre Pursuit Marine SA propiedad de los Kokorev y la Fundación Coco River Foundation de la cual los Kokorev eran fundadores y beneficiarios. Esta transacción permitió a los Kokorev obtener su estatus migratorio.
Vladimir Kokorev, consciente de que su ex abogado había entregado la cesión de derechos de la fundación y que él controlaba tanto a la vendedora Pursuit como a la compradora Coco River, solicitó a Gerli que entregara sus documentos en orden, es decir, renombrar al fundador original, sabiendo que este no es modificable bajo la legislación panameña. La abogada María Elena Jurado, en su desesperación por asegurar al cliente, presentó una nueva escritura en el registro público, sin considerar que Gerli ya había renunciado como agente de dicha sociedad y que los Kokorev ya tenían en sus manos una cesión de derechos.
De acuerdo con los documentos judiciales, Ismael Gerli procuró corregir como fue prometido a Kokorev (EP 24338), pero Jurado se opuso vehementemente y demandó a Gerli con un exceso de 20 querellas penales y otras 20 civiles más, las cuales ninguna ha prosperado durante los últimos 10 años. Igualmente se hizo una confusión entre las notarías utilizadas en dicha escritura, la cual debió ser la décima y no la duodécima, confusión que nació luego de que la notaría Norma Marlenis Velasco tomará la notaría ubicada en el mismo lugar Edificio Angeliki Campo Alegra donde había funcionado la notaría décima. “Es de humano errar”, se lee en los documentos judiciales, sin embargo la notaria Velasco, próxima a la familia Kokorev y Jurado Dimas, ha mantenido una guerra frontal contra Gerli por dicho error, sin reconocer que mediante EP 25050 hizo las aclaraciones correspondientes.
El conflicto
Durante los últimos 10 años, María Elena Jurado ha mantenido el uso y disfrute del apartamento Nº 35B del Ph Mystic Point Towest torre 100 propiedad de los Kokorev, mediante alquileres y subarrendamientos, siendo el último arrendatario Yasmilka del Carmen Rosas González, quien ocupa el inmueble desde el 26 de enero de 2023. Según el contrato al que ha tenido acceso Diario Rombe, la mismísima Yulia Maleeva Maleeva, quien se encuentra en libertad condicional con la prohibición de abandonar España, se personó presuntamente ante la notaría quinta y firmó el contrato de arrendamiento el 26 de enero de 2023 a favor de Yasmilka del Carmen Rosas González.
Teniendo en cuenta estos antecedentes que rodean el inmueble Nº 35B del Ph Mystic Point Towest Torre 100 propiedad de los Kokorev, la abogada de los Kokorev, Maria Elena Jurado presenta una demanda a nombre de los Kokorev contra Coco River Foundation de la cual son Fundadores y Beneficiarios Vladimir Kokorev y Julia Maleeva.
¿El objetivo?
Las diferentes fuentes consultadas por Diario Rombe creen que se trataría de una táctica dilatoria de Maria Michelle Jurado Dimas para evitar presuntamente el embargo del inmueble por la justicia española, ya que, el apartamento ingresa mucho dinero a través de los jugosos alquileres que se usufructúan de la misma durante los últimos 10 años. Por lo tanto, si Maria Elena no logra seguir con esta novela jurídica contra el principal testigo de la justicia española ante la jurisdicción civil panameña, se levantan los secuestros autoimpuestos por ella misma y automáticamente entrará en vigor el embargo español mediante auto 3199-17.
En conclusión, es fundamental presentar estos hechos transparentemente ante el juez, ya que el incumplimiento podría tener graves repercusiones legales. Si tanto es el poder que tiene Ismael Gerli sobre Coco River Foundation, tal como pretende hacer creer a la justicia panameña, ¿por qué Gerli nunca sustituyó a los beneficiarios?, ¿por qué siguen siendo los kokorev beneficiarios de la Coco River Foundation y recibiendo los fondos procedentes del alquiler del inmueble desde hace 10 años?. “La respuesta a estas preguntas son simples”, dijo una fuente bajo condición de anonimato, “porque Ismael Gerli nunca tuvo poderes legales para hacerlo”.
