Durante décadas, los gigantescos buques tanque han zarpado desde la costa ecuatoguineana cargados con millones de barriles de crudo extraídos de las entrañas del Golfo de Guinea, mientras la mayoría del país veía pasar la riqueza desde la orilla en beneficio de la familia del dictador.
Hoy, Diario Rombe ha tenido conocimiento de una información que sacude los pasillos del Ministerio de Hidrocarburos del país: el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha encargado una auditoría sobre el emblemático Campo Zafiro, el principal yacimiento petrolífero del país. Sin embargo, los documentos internos a los que ha tenido acceso este periódico de fuentes de absoluta solvencia en la estatal GEPetrol revelan una maniobra que huele más a lavado de cara frente a los inversores que a un verdadero acto de justicia financiera.
El diseño contractual y el «oro negro» que la auditoría prefiere ignorar
Tras ser operado por la multinacional estadounidense ExxonMobil durante décadas, los activos del Campo Zafiro pasaron oficialmente a manos de la empresa estatal GEPetrol, propiedad de la familia del dictador. Documentación confidencial obtenida por Diario Rombe —incluyendo el Lifting Agreement del Bloque B suscrito el 21 de febrero de 2002 y su enmienda posterior del 27 de agosto de ese mismo año— confirma cómo se estructuró este diseño desde sus inicios. En dichos acuerdos, la filial de ExxonMobil, Mobil Equatorial Guinea Inc. (MEGI), asumió formalmente el control absoluto como Operador de la Terminal (Terminal Operator), definiendo la logística de mediciones, la asignación de cargamentos y el despacho del crudo Zafiro Blend en volúmenes estándar de 1.000.000 de barriles por buque tanque. Asimismo, aquellos contratos marcaron la entrada formal de GEPetrol como agente representativo del Estado y consolidaron que cualquier litigio se sometería a la jurisdicción del Estado de Texas (EE. UU.) bajo una renuncia expresa a la inmunidad soberana.
Curiosamente, el propio acuerdo contractual firmado durante la operatividad de ExxonMobil incluía compromisos explícitos para evitar pagos indebidos, regalos o sobornos a funcionarios públicos o partidos políticos —conforme a las leyes de Guinea Ecuatorial y la Convención Anti-Soborno de la OECD de 1997—, así como para mantener una supuesta transparencia contable. Sin embargo, la realidad sobre el terreno distó mucho del papel firmado: posteriores investigaciones del Senado de Estados Unidos documentaron ampliamente cómo ExxonMobil mantuvo durante años relaciones financieras y comerciales con empresas directamente controladas por la familia Obiang —como Abayak SA— y con sociedades pertenecientes a altos funcionarios ecuatoguineanos. Operaciones que incluyeron desde lucrativos alquileres de propiedades hasta contratos de servicios de seguridad, todas ellas examinadas bajo el escrutinio internacional por corrupción y blanqueo de capitales vinculados al régimen.
La dimensión del flujo financiero que cualquier análisis riguroso debería fiscalizar queda al descubierto tras analizar los partes operativos internos de la propia MEGI. Documentos confidenciales de producción a los que ha tenido acceso este periódico —como los Executive Morning Reports de junio de 2004— demuestran que el Campo Zafiro era una maquinaria de extracción a pleno rendimiento. En un solo día de junio de 2004, las instalaciones del complejo (plataforma Jade, ZP y la FPSO Serpentina) registraron extracciones conjuntas de más de 280.000 barriles diarios de crudo. Los registros oficiales revelan además el ritmo vertiginoso de los embarques: entre el 4 y el 10 de junio de 2004, se descargaron de las terminales marinas de Magnolia y Serpentina más de 2,1 millones de barriles netos de petróleo, con descargas individuales de hasta 680.000 barriles en un solo día desde una única terminal.
A los precios del mercado internacional, este flujo ininterrumpido generaba cientos de millones de dólares mensuales. ¿Dónde están los registros contables, los conocimientos de embarque (Bill of Lading) y las cuentas de destino donde se depositaron los fondos correspondientes al Estado ecuatoguineano durante esos años de bonanza desbordante?
La trampa de KPMG: Una fiscalización hecha a la medida del régimen
A pesar de esta abrumadora evidencia histórica sobre los volúmenes reales de riqueza generados en Zafiro, el enfoque actual del Ejecutivo sigue una lógica completamente opuesta. La firma contratada para llevar a cabo el encargo actual es la filial en Malabo de la consultora KPMG Congo. A primera vista, la fiscalización de los activos que gestionaba ExxonMobil antes de su salida y el posterior traspaso a la estatal ecuatoguineana podría parecer una victoria de la transparencia. Pero en el periodismo de investigación las preguntas incómodas no se hacen sobre lo que la auditoría busca, sino sobre lo que deliberadamente pretende ignorar.
¿Cómo se pretende auditar el estado financiero del Campo Zafiro sin examinar su coste histórico y la trazabilidad de cada barril despachado desde que MEGI, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y GEPetrol estamparon sus firmas en 2002? Pretender evaluar las cuentas actuales de la unidad GEPetrol Zafiro tras la reversión de los activos sin remontarse a los años dorados de la producción estatal es, en el mejor de los casos, una negligencia técnica y, en el peor, una cortina de humo diseñada para proteger a los de siempre.
Para encontrar a los verdaderos responsables del saqueo soberano, la lupa no puede limitarse al presente de GEPZafiro o a los contratos con socios técnicos y firmas operadoras, cuyos entramados salpican de forma recurrente a figuras del propio aparato estatal —entre ellos nombres clave del entorno del Ministerio de Minas e Hidrocarburos como Antonio Oburu Ondo, quien fue Jefe de Ventas durante décadas—. La verdadera auditoría exige seguir la ruta del crudo desde el principio.
Las preguntas sin respuesta y la ruta del dinero soberano
Esta omisión deliberada del pasado no solo invalida el alcance técnico del encargo a KPMG, sino que abre una brecha insostenible respecto a la rendición de cuentas que el pueblo exige sobre su recurso más valioso. Cada embarque representa millones de dólares que pertenecen a la nación. Entre los años 2002 y 2018, el país llegó a bombear más de 600.000 barriles diarios. ¿Dónde está el registro detallado de esa bonanza? Si el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y la cúpula de GEPetrol quieren demostrar un compromiso real con la verdad, deben hacer pública la lista completa de embarques de crudo y gas natural licuado (LNG) de los últimos años —y de toda la serie histórica si realmente existe voluntad de transparencia—.
Antes de la creación de GEPetrol, era el propio Ministerio quien comercializaba el crudo del Estado. La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos cargamentos se vendieron en esa etapa inicial y a qué manos fue a parar el dinero. Posteriormente, tras la fundación de la empresa nacional como brazo gestor, la incógnita se multiplica: ¿cuántos embarques le correspondieron a GEPetrol año por año? ¿a qué empresas más, si las hubiera, oficialmente o no, aparte de GEPetrol se le asignó la gestión de la venta del petróleo de Guinea y a consecuencia de qué y al orden de quién? ¿Qué beneficios le correspondieron a Abayak, Sonergy Ltd y demás empresas offshore vinculadas a la familia presidencial? ¿Quiénes fueron los intermediarios en cada una de esas transacciones millonarias? Y, sobre todo, ¿en qué cuentas bancarias específicas, nacionales o extranjeras, se ingresaron esos fondos?
La auditoría encargada a KPMG no debe ser un cheque en blanco para exonerar la gestión de la nueva unidad operativa. La fiscalización real exige cruzar las cuentas de GEPetrol con la Tesorería General del Estado: determinar con céntimos exactos cuánto dinero ingresó efectivamente en las arcas públicas para el desarrollo del país y cuánto se quedó diluido en los balances opacos de las empresas estatales.
El cerco contable no puede detenerse en las plataformas marinas de Zafiro. Debe barrer en abanico desde la sede del Departamento de Hidrocarburos del Ministerio hasta la estructura matriz de GEPetrol, alcanzando de lleno a Sonagas y EG LNG. El petróleo y el gas son recursos de la nación, y mientras la información sobre los embarques históricos siga bajo secreto de Estado, cualquier auditoría gubernamental no será más que otro episodio de opacidad al servicio de los mismos intereses empresariales de siempre.
