El 9 de octubre de 2024, mientras la mayoría de los ecuatoguineanos lidiaba con apagones constantes y dificultades para alimentar a sus familias, la televisión pública volvía a utilizarse como plataforma propagandística. En un nuevo espectáculo mediático, se presentaba como un logro de la lucha anticorrupción una supuesta investigación “exitosa” de la Gendarmería Nacional, dirigida personalmente por el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido por su largo historial de corrupción. El caso: Irregularidades en los ministerios de Transportes, Correos y Nuevas Tecnologías, y Hacienda y Presupuestos.
Según la narrativa oficial, los principales señalados eran Honorato Evita Oma, ministro de Transportes, acusado de firmar un contrato irregular con Pascual Nvo Mangue —al que se le asignó un salario de 1.100.000 francos CFA mensuales—, y de nepotismo por incorporar a su sobrina al gabinete. También fue implicado el entonces ministro de Hacienda, Fortunato Ofa Nvo, por firmar un contrato similar con el mismo funcionario, por un valor mensual de 2 millones de francos CFA. El vicepresidente impuso sanciones económicas y exigió devoluciones millonarias, vendiendo la maniobra como un acto de justicia ejemplar.
Sin embargo, la realidad desmiente esta farsa. Documentos filtrados a Diario Rombe revelan que, apenas días después de las sanciones impuestas a Honorato Evita Oma, el mismo vicepresidente autorizó la adjudicación de un contrato millonario a Consultoría Tecnológica Guinea Ecuatorial S.L. (CTGE), empresa fundada en 2018 y propiedad de su propio tío, el senador Teodoro Biyogo Nsue Okomo. El escándalo pone al descubierto la hipocresía de Teodoro Nguema Obiang Mangue, quien enarbola un falso discurso anticorrupción mientras reparte fondos públicos entre sus familiares más cercanos, consolidando la red clientelar que estrangula el país.
Como ha ocurrido con muchos de los proyectos faraónicos impulsados por el régimen en la ciudad vacía de Djibloho —símbolo del despilfarro durante el auge petrolero—, el Instituto Superior de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación (INSTTIC) es otro ejemplo del uso del Estado como herramienta de enriquecimiento de la familia presidencial. Detrás de su fachada académica, se esconde un nuevo episodio de corrupción institucionalizada.
Según fuentes del propio Ministerio de Transportes, la adjudicación directa del contrato a CTGE ha causado indignación entre los funcionarios, que denuncian la ausencia total de un proceso de licitación pública. La operación, negociada en febrero de 2025 por el ministro Honorato Evita Oma —quien ya había sido públicamente señalado por prácticas corruptas—, fue ordenada directamente por el vicepresidente. Una vez más, se demuestra que en Guinea Ecuatorial la legalidad, la transparencia y la ética pública son sistemáticamente ignoradas.
Mientras se reprende a ciertos funcionarios por adjudicaciones supuestamente irregulares, el propio vicepresidente concentra el poder para otorgar contratos a dedo a sus familiares. El caso del INSTTIC ilustra perfectamente esta doble moral: una institución que en teoría debería servir a la formación tecnológica del país, convertida en una fachada para desviar fondos públicos a bolsillos privados.
Según el contrato, el Ministerio de Transportes adjudicó a CTGE —empresa propiedad del senador y director de Protocolo del Presidente, Teodoro Biyogo Nsue Okomo— el suministro, instalación y configuración de equipos de laboratorio para el INSTTIC, además de la impartición de un curso de formación de una semana dirigido al personal designado por el Ministerio.
La vigencia del contrato es de al menos un año, a partir de la firma y el primer pago. En esta primera fase, el Estado desembolsará 200 millones de francos CFA más el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La segunda fase, aplazada hasta 2026 por razones presupuestarias, está valorada en otros 100 millones de francos CFA, según el borrador del contrato.
La forma de pago acordada para 2025 contempla tres desembolsos: un primer pago de 120 millones de francos CFA más IVA en el momento de la firma; un segundo pago de 30 millones de francos CFA más IVA tras la entrega del conocimiento de embarque (BL); y un tercer pago de 50 millones de francos CFA más IVA, que se ejecutará una vez instalados los equipos, completada la formación y firmada el acta de entrega por ambas partes.
Lejos de tratarse de un caso aislado, esta adjudicación confirma el patrón de impunidad que rige la gestión de los fondos públicos en Guinea Ecuatorial: discursos vacíos contra la corrupción que encubren el saqueo constante de un país secuestrado por los intereses de una élite familiar.
