El Viceministro de Hacienda, Economía y Planificación, Encargado de Impuestos y Contribuciones, Hermes Ela Mifumu, ha expuesto durante una reunión que mantuvo el pasado 2 de septiembre con los funcionarios de su departamento ministerial su propósito de luchar contra el abuso de poder de ciertos inspectores de tributos.
En un intento de calmar las tensiones en el ministerio, Hermes Ela, reconoció que algunos inspectores de tributo que actuaban bajo la dirección y supervisión del entonces Secretario de Estado Encargado de Impuestos y Contribuciones, Antonio Ngua Mba Eyang más conocido como “peque”, hijo del finado hermano del dictador, Antonio Mba Nguema Mikue, en vida Capitán General de las Fuerzas Armadas y Ministro de Estado a la Presidencia de la República, se aprovecharon de su poder político e influencia para cobrar comisiones a las empresas.
El 25 de mayo de 2019, como ya adelantó Diario Rombe, la entonces ministra delegada de hacienda, economía y planificación, Monserrat Afang Ondo, hija del hermano del dictador ecuatoguineano, abrió una investigación contra los inspectores de Tributos Jesús Milagros Ndong Ekomo, Lucas Mba Oyono – hermano del consejero presidencial en materia de energía, José María Oyono -, Martin Miko Eto Elene, Elías Mass Manga, Bernardino Obiang Abaga y Crispin Biyogo Obama – hermano menor de la madre del entonces Secretario de Estado Encargado de Impuestos, Antonio Ngua Mba Eyang.
Estos funcionarios cobraron al menos a la entidad financiera BGFI Bank 172.500.000 Fcfa a favor de la empresa Global Sat Services propiedad de Benardino Obiang Abaga, funcionario del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, afecto a la Dirección General de Impuestos y Contribuciones.
Durante su alocución, el viceministro ha dejado claro que no contará con el gremio de los funcionarios implicados en el caso BGFI Bank y que deberían ser puestos a disposición judicial lo más pronto posible. Tanto Monserrat Afang Ondo (hija de Armengol Ondo Nguema) así como Antonio Ngua Mba Eyang (hijo de Antonio Mba Nguema Mikue), ambos sobrinos de Teodoro Obiang Nguema, han sido apartados de la gestión de impuestos por una lucha de intereses. Añadir que, el viceministro pretende proponer a uno de sus sobrinos –Fernando- para ocupar el cargo de Director General de Impuestos y contribuciones.
El 28 de agosto de 2019, el entonces Secretario de Estado Encargado de Impuestos y Contribuciones, Antonio Ngua Mba Eyang – ahora, Secretario de Estado de Presupuesto y Control Financiero- emitió una credencial a favor de los Inspectores de Tributos investigados.
El objetivo de la credencial según consta en el documento era realizar una serie de “comprobaciones e investigaciones” para el ejercicio económico 2018 en las diferentes instituciones financieras y empresas en Malabo. La Comisión Verificadora que constituyó Antonio Mba Nguema Mikue cerró la Inspección Tributaria del Banco BGFI Bank el 30 de marzo de 2020 sancionándola a pagar una deuda fiscal de 250.023.195 Fcfa a favor del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial.
En lugar de abonar la correspondiente deuda fiscal en el Tesoro Púbico, BGFI Bank pagó realizó un pago en efectivo de 172.500.000 Fcfa a favor de la empresa Global Sat Services por concepto de los honorarios en los trabajos de verificación fiscal del ejercicio económico 2018.
Cabe resaltar que los artículos 101 (prohibiciones) y 106 (faltas muy graves) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado recoge la separación total en la administración pública a cualquier funcionario que “incurra en actos o prácticas de corrupción en cualquiera de sus formas y modalidades”.
Y por ello, el Ministerio de hacienda les otorgó un plazo de 72 horas a contar desde el 25 de mayo de 2020 “a fin de que los inspectores de tributo implicados presenten un informe detallado esclareciendo los hechos y las disposiciones legales que les amparan en sus actuaciones”, vencido ese plazo, advirtió la entonces Ministra delegada “se precederá a tomar las medidas sancionadoras contempladas en la Ley vigente de funcionarios del estado, así como en otras leyes vigentes en materia de desvíos de fondos públicos y corrupción”.
Han pasado más de 3 meses desde aquella notificación y los implicados en la trama de corrupción no han presentado el susodicho informe tan esperado. Las sanciones establecidas por ley no han sido ejecutadas ni puestos a disposición judicial. A fecha de hoy, mantienen sus puestos de trabajo con toda normalidad.
