Durante el auge petrolero, Guinea Ecuatorial destinó una parte considerable de sus ingresos a proyectos de infraestructura faraónicos, muchos de ellos sobredimensionados y desalineados con las verdaderas necesidades del país. Un claro ejemplo es la Ciudad de Djibloho, construida en medio de la selva como nueva capital administrativa. Este proyecto, de coste exorbitante, ha sido duramente criticado por su infrautilización y escasa población.
Estas obras, aunque mejoraron temporalmente la imagen del país y modernizaron algunas infraestructuras, resultaron extremadamente costosas. Financiadas en gran medida mediante préstamos externos, incluyendo acuerdos con el gobierno chino e instituciones internacionales, estos préstamos están rodeados de opacidad, lo que dificulta el seguimiento de sus condiciones y destino. La falta de transparencia ha agravado la desconfianza en la gestión financiera, generando una deuda que supera las capacidades económicas actuales, especialmente tras la caída de los ingresos petroleros desde 2014.
A pesar de los enormes ingresos obtenidos, la gestión deficiente y la corrupción liderada por la familia Obiang y sus colaboradores inmediatos han desviado gran parte de los recursos hacia cuentas personales y proyectos mal planificados, como ha revelado Diario Rombe. El poder concentrado en unos pocos dirigentes de Mongomo ha perpetuado la percepción de que los ingresos no se utilizaron para diversificar la economía ni reducir la pobreza, sino para financiar megaproyectos subutilizados.
Hoy, Guinea Ecuatorial enfrenta enormes deudas mientras la infraestructura construida durante el boom petrolero no genera el retorno necesario para cubrir los compromisos financieros. Esto plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de la deuda externa y el impacto real de estos proyectos en la vida de sus ciudadanos.
La deuda descomunal con China Road and Bridge Corporation
Desde los 2000, China Road and Bridge Corporation (CRBC) ha ejecutado proyectos multimillonarios en Guinea Ecuatorial, incluyendo carreteras y puentes. Sin embargo, tras décadas de ingresos petroleros descomunales, el país no solo ha desperdiciado la oportunidad de financiar sus propias obras, sino que ha acumulado una deuda interna gigantesca con empresas como CRBC. En lugar de utilizar los ingresos del petróleo para pagar estos proyectos, el gobierno de Teodoro Obiang Nguema optó por comprometer el futuro del país con préstamos externos, generando una dependencia financiera insostenible.
La deuda pendiente con CRBC, por 13 proyectos ejecutados hasta 2019, supera los 67.426 millones de Fcfas (114.578.197,59 dólares). Ante la incapacidad de honrar sus compromisos financieros, el gobierno recurrió a una solución desesperada y engañosa: la emisión de bonos del Estado para «liquidar» los pagos atrasados. Esta medida fue sancionada por el Decreto Núm. 136/2019, que simplemente traslada la deuda al futuro, sin resolver el problema de fondo.
Emitir bonos es una huida hacia adelante que no solo compromete la sostenibilidad económica del país, sino que demuestra una gestión catastrófica y carente de visión. Esta fórmula no ofrece una solución real, sino que agrava aún más la crisis, hipotecando el futuro de Guinea Ecuatorial y dejando a las próximas generaciones con la carga de una deuda imposible de asumir. Mientras el régimen sigue pactando acuerdos dudosos, el país se hunde en una espiral de deuda y corrupción.
El acuerdo firmado con CRBC en 2019, que supuestamente reembolsará la deuda en cinco años hasta 2026, no es más que una cortina de humo. La emisión de bonos no garantiza el pago justo a las empresas, sino que perpetúa el desorden financiero y pone en evidencia la falta de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Este tipo de medidas no hace más que exponer la profunda corrupción y mala gestión de un gobierno que sigue priorizando sus intereses personales sobre el bienestar del país.
Bonos y una cuenta de Depósito: Un espejismo Financiero
En lugar de abordar de manera efectiva otras deudas acumuladas por los 13 proyectos, el Gobierno se “comprometió” a seguir cumpliendo con sus obligaciones bajo las cláusulas originales o, cuando le convenga, mediante la emisión de más bonos en una segunda fase, dependiendo de un acuerdo por escrito. La Cláusula 3 del acuerdo firmado en 2019 por el entonces Ministro de Economía, Cesar Augusto Mba Abogo, establece que CRBC recibirá los pagos en una cuenta registrada en la Caja Autónoma del Ministerio de Hacienda. Aunque los bonos supuestamente tienen un interés fijo del 5% anual en francos CFA (F.cfa), la validez de esta tasa dependerá de un tipo de cambio que podría volverse obsoleto antes de su vencimiento.
Para dar una apariencia de control y responsabilidad, el Gobierno abrió una cuenta de depósito destinada a canalizar los fondos necesarios. Esta cuenta debería recibir 6 mil millones de francos CFA semestrales, más los intereses. Sin embargo, esta medida es cuestionable; no tiene sentido establecer una cuenta si el Gobierno carece de la capacidad financiera para alimentar consistentemente dicha cuenta. El compromiso de depositar 6 mil millones de francos CFA semestrales se enfrenta a la dura realidad de las finanzas del país, que dependen de la inestable industria petrolera.
Fuentes anónimas dentro del Gobierno han indicado que, a pesar de la creación de esta cuenta, la capacidad del Estado para mantener un flujo constante de fondos es profundamente cuestionable. Las finanzas de Guinea Ecuatorial, atadas a la volatilidad del petróleo, son altamente inestables. Esta situación plantea serias dudas sobre si el presupuesto del país puede sostener estos compromisos a largo plazo.
En resumen, el plan de emisión de bonos y la apertura de una cuenta de depósito no son más que un intento desesperado por ocultar una gestión financiera ineficaz y una falta de transparencia que han caracterizado a este régimen. Sin un cambio real en la estrategia económica, estas medidas sólo postergan una crisis financiera inevitable.
Opacidad en la emisión de bonos del Estado en Guinea Ecuatorial
La emisión de bonos del Estado en Guinea Ecuatorial se ha vuelto opaca, generando serias preocupaciones sobre la transparencia y la gestión financiera del país. A pesar de las promesas del Gobierno de saldar deudas mediante estos instrumentos financieros, la falta de claridad y la incertidumbre económica alimentan la desconfianza. En lugar de ser una estrategia controlada para aliviar la deuda, la ausencia de información pública sobre los términos, compradores y condiciones de los bonos crea incertidumbre tanto a nivel interno como en los mercados internacionales.
Esta falta de transparencia alimenta sospechas de mala gestión y posibles desvíos de fondos en un país donde la corrupción y la concentración del poder en manos de unas pocas élites son constantes. Emitir bonos sin un control efectivo aumenta el riesgo de que los recursos no se utilicen para sanear las finanzas públicas, sino para fines oscuros o intereses personales.
La opacidad también afecta a los inversores, quienes carecen de datos confiables sobre la solvencia del país o los plazos de pago, lo que disminuye la confianza y encarece futuras emisiones de deuda. Además, el manejo encubierto de estos bonos puede desencadenar incumplimientos, agravando aún más la crisis económica y dañando irreparablemente la reputación financiera de Guinea Ecuatorial.
En este contexto, la falta de transparencia en la emisión de bonos no solo profundiza la desconfianza, sino que también pone en riesgo el futuro económico del país, consolidando un sistema que opera sin control ni rendición de cuentas. La opacidad en la gestión financiera del Estado dificulta la evaluación de la viabilidad de los bonos, mientras que la reputación del país se ve empañada por su historial de incumplimientos y una deuda descomunal.