El nuevo ministro de Función Pública, Reforma Administrativa y Seguridad Social, Cándido Muatetema Bahita, hijo de Cándido Muatetema Rivas —quien murió en circunstancias sospechosas en Alemania en junio de 2014 a los 54 años y fue primer ministro entre 2001 y 2004—, ha ordenado supuestamente investigar los contratos firmados por su predecesor, Eucario Bacale Angue. Sin embargo, esta supuesta «lucha contra la corrupción» no es más que una cortina de humo para desviar la atención de la corrupción endémica que domina el gobierno de Guinea Ecuatorial.
Poco después de que la televisión pública mostrara la detención de Pascual Nvo Mangue y el inicio de una investigación contra el Honorato Evita Oma y Fortunato Ofa Mbo por corrupción y tráfico de influencias, Diario Rombe recibió información filtrada sobre un esquema de tráfico de influencias durante el mandato de Eucario Bacale Angue entonces Ministro de Función Pública. Fuentes cercanas al ministerio confirmaron la existencia de la empresa Leni Servicios S.L., una fachada utilizada para obtener lucrativos contratos gubernamentales.
Esta empresa, que supuestamente prestaba servicios de ingeniería, importación de maquinaria y otros, no era más que un engranaje en la maquinaria corrupta del ministerio, controlada por el entonces secretario general de Función Pública, Jose Eko Owono Mangue.
Del Ministerio a los negocios bajo una red de influencias
Jose Eko Owono Mangue, respaldado por Eucario Bacale Angue, fue nombrado director general de Reforma Administrativa en octubre de 2020, cargo que ocupó hasta marzo de 2023, cuando fue ascendido a secretario general de Función Pública y Reforma Administrativa. Su trayectoria no es fortuita. Antes de su llegada al ministerio, ocupó puestos estratégicos como asesor técnico en el proyecto de informatización de la Sociedad de Electricidad de Guinea Ecuatorial (SEGESA) entre 2019 y 2020, y director general del Órgano Regulador de las Telecomunicaciones (ORTEL) entre 2018 y 2019. Estos cargos le permitieron construir una red de contactos influyentes que más tarde utilizó para beneficiar sus propios negocios personales.
Durante la remodelación del gobierno en agosto de 2024, Jose Eko fue nombrado secretario de Estado de Transporte y Telecomunicaciones, Sistemas de Inteligencia Artificial, consolidando aún más su control en sectores clave del país. Su ascenso no es solo el reflejo de su capacidad para moverse entre las esferas de poder, sino también de su habilidad para manejar estratégicamente los recursos del Estado para su beneficio.
Leni Servicios S.L.: La tapadera de la corrupción de Jose Eko
En Guinea Ecuatorial, los miembros del Partido Democrático han convertido los cargos públicos en un puente hacia la acumulación de riqueza personal. Con sueldos oficiales ridículamente bajos, muchos funcionarios no tienen más opción que buscar formas alternativas de enriquecerse. Esta situación se traduce en la creación de empresas propias que les permiten adjudicarse contratos públicos, utilizando su influencia para obtener beneficios ilícitos. Tal dinámica no solo perpetúa la corrupción endémica en el país, sino que también convierte al Estado en un instrumento de enriquecimiento personal, dejando de lado el bienestar colectivo.
Jose Eko Owono Mangue, en su papel como director general de la Función Pública y Reforma Administrativa, no iba a quedar atrás en esta carrera por el enriquecimiento. El 18 de marzo de 2021, fundó Leni Servicios S.L., con un capital social de 1.000.000 FCFA y su domicilio en una urbanización de Banapa, bajo el número de CIF 01945LS-21. Según la información proporcionada a Diario Rombe, Jose Eko es el único accionista de la empresa, lo que evidencia su interés personal en este negocio. Lo más alarmante es que el entonces ministro de la Función Pública, Eucario Bacale Angue, tenía pleno conocimiento de la constitución de esta empresa y no hizo nada para cuestionar la flagrante ilegalidad de esta maniobra. Este escándalo subraya la profunda complicidad entre los altos funcionarios del gobierno y el uso abusivo de los recursos estatales para beneficio personal.
Contratos millonarios
El entonces director general de la Función Pública, Jose Eko Owono Mangue, constituyó la empresa paralela Leni Servicios S.L. con la complicidad del entonces ministro, Eucario Bacale Angue. A partir de este momento, el ministerio no solo comenzó a adjudicarle contratos millonarios, sino que lo hizo a sabiendas de que violaba flagrantemente las leyes sobre ética y corrupción.

Leni Servicios S.L. se convirtió en un engranaje clave en la corrupción estatal, firmando contratos millonarios con empresas estatales como Getesa. Un documento filtrado a Diario Rombe revela que, antes de formalizar su empresa el 18 de marzo de 2021, Eko ya estaba realizando negocios paralelos con Getesa, negociando la reducción de un contrato de 8.000.000 a 7.000.000 FCFA a partir del 1 de marzo de 2021. Esto pone de manifiesto que la corrupción ya estaba en marcha mucho antes de que se creara la empresa, dejando claro que el objetivo siempre fue enriquecer a Eko a expensas del erario público.
Además de ser el propietario de Leni Servicios S.L., Jose Eko empleaba un correo electrónico personal de la empresa para comunicarse con varios ministerios, presentándose como consultor de soluciones IT. Este escandaloso conflicto de intereses revela un sistema que favorece el enriquecimiento personal sobre el servicio público. Mientras el personal del ministerio debería haber llevado a cabo esos servicios, tanto Eko como el entonces ministro optaron por externalizarlos a su propia empresa, una decisión que no solo vulnera la ley, sino que refleja una profunda falta de ética y una clara complicidad en la perpetuación de la corrupción institucionalizada en Guinea Ecuatorial.
Funcionarios del Ministerio de la Función Pública: Un entramado de negocios paralelos
Según fuentes cercanas al Ministerio de la Función Pública, la corrupción en este organismo no se limita a la figura de Jose Eko Owono Mangue. También destaca el nombre de Alicia Abegue Mba Oyana, quien, tras ser nombrada funcionaria en septiembre de 2022, constituyó su propia empresa, Alicia Servicios Tecnológicos S.L. (Alistec), el 5 de junio de 2022, tres meses antes de su nombramiento. Con un capital social de 2.000.000 FCFA y CIF 02820AS-22, Alistec está registrada en la misma dirección (urbanización Banapa) que la empresa de Eko, lo que sugiere una clara colusión entre ambos.
Los servicios de Alistec son prácticamente una réplica de los ofrecidos por la empresa de Eko, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de sus operaciones. Más alarmante aún, se han descubierto en el ministerio facturas millonarias de Alistec S.L. a favor del Ministerio de la Función Pública, donde el concepto principal es la compra de vehículos oficiales. Esto no es simplemente una coincidencia; es un indicativo de un sistema diseñado para enriquecer a sus funcionarios a expensas de los recursos públicos.
Este escándalo pone de manifiesto un patrón sistemático de corrupción dentro de la administración pública en Guinea Ecuatorial. Los funcionarios, en lugar de servir al interés público, han convertido sus cargos en un medio para satisfacer sus intereses personales, utilizando el dinero del Estado para engrosar sus bolsillos. Es urgente una investigación exhaustiva que desmantela esta red de corrupción, que no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa un ciclo de impunidad y abuso de poder en el país.
Sobre la detención de Pascual Nvo Mangue
Según la televisión Pública, Nvo Mangue firmó contratos de asesoría con el Ministro de Transporte, Honorato Evita Oma, por un salario mensual de 1.100.000 FCFAs, dinero que provenía del órgano regulador de telecomunicaciones dirigido por Vicente Nze Elomba, hijo del influyente Agustín Nze Nfumu. Al mismo tiempo, también selló contratos con el exministro de Hacienda, Fortunato Ofa Mbo Nchama.
En una muestra más de la impunidad que reina en el país, la fiscalía ha dado a Honorato Evita Oma y Fortunato Ofa Mbo un plazo de dos semanas para devolver más de 60 millones de FCFAs al erario público. Pero, en lugar de un verdadero castigo, se les ofrece una salida fácil: eludir la justicia pagando una multa económica, perpetuando así el ciclo de corrupción.