Un nuevo escándalo de corrupción sacude el Ministerio de Justicia de Guinea Ecuatorial, esta vez relacionado con el proyecto SIRET, destinado a la informatización del Registro Civil. Según informes recientes, los trabajadores del proyecto han presentado una denuncia ante la Gendarmería por el impago de sus salarios. Existen extractos bancarios que respaldan estas afirmaciones, lo que refuerza las acusaciones y evidencia la mala gestión financiera del proyecto.
El actual Ministro de Justicia, Reginaldo Biyogo Ndong Anguesomo, quien en ese momento ejercía como Secretario General, estaba al tanto de la situación. Sin embargo, a pesar de conocer los problemas de impago, no se tomaron las medidas necesarias para garantizar el pago a los empleados. Además, surgen interrogantes sobre el destino de los fondos asignados al proyecto, ya que los equipos necesarios para la informatización del Registro Civil no se encuentran en el Ministerio.
Una auditoría realizada por el Departamento de Auditoría reveló irregularidades en la gestión del proyecto. Sin embargo, según fuentes consultadas, los auditores informaron al entonces Ministro de Justicia, Sergio Esono Abeso Tomo, que no iban a considerar la documentación relacionada con los fondos desviados del proyecto respaldado por UNICEF. Según fuentes internas, los auditores recibieron instrucciones de enfocar sus esfuerzos en obtener pruebas contra Sergio Esono Abeso Tomo, “lo que sugiere una investigación sesgada y falta de imparcialidad.”, lamentó la fuente.
Ante esta situación, el Ministerio saliente decidió recusar a los auditores por su manifiesta parcialidad, falta de independencia y profesionalidad, y elevó la queja a la Primera Ministra saliente, Manuela Roka Botey. La Primera Ministra aceptó la recusación y propuso al Ministerio la opción de sugerir nuevos auditores para llevar a cabo una investigación imparcial. Sin embargo, según las mismas fuentes, el Ministro saliente rechazó esta propuesta, prefiriendo no involucrarse directamente para evitar ser juez y parte en el proceso.
Actualmente, el expediente se encuentra en manos del Primer Ministro entrante, Manuel Nsue Osa Nsua, y en el Departamento de Auditorías, donde se espera una decisión sobre cómo proceder con esta situación. Este escándalo pone de manifiesto la falta de transparencia en la gestión de proyectos financiados con fondos públicos, especialmente aquellos respaldados por organizaciones internacionales como UNICEF. La resolución de este caso será crucial no solo para la justicia y la rendición de cuentas en Guinea Ecuatorial, sino también para la credibilidad del gobierno en la gestión de proyectos vitales para el desarrollo del país.
