Washington, 3 de enero de 2018.- Las investigaciones de la policía en España revelan la presunta relación de Vladimir Kokorev en la venta a Guinea Ecuatorial de helicópteros de combate M1-24 equipados con munición y pilotados por tripulaciones militares. Ante esta información que se ha conocido tras su publicación en el diario El País, la ONG EG Justice recuerda y reitera la necesidad de que los Kokorev cumplan con su obligación de declarar ante la justicia. En el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria se están instruyendo estos hechos. Frente a las denuncias y acusaciones, la actitud de la familia Kokorev es la de intentar obviar la acusación de actuar como testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

Sobre EG Justice
EG Justice es una organización no-gubernamental y sin fines de lucro, creada en el año 2008 en Estados Unidos para promover los derechos humanos, el estado de derecho, la transparencia y la participación cívica en Guinea Ecuatorial. Nuestro objetivo es garantizar la igualdad y la justicia en Guinea Ecuatorial.

Los datos de la investigación policial son especialmente graves pues señalan como en un momento en que se produjo un supuesto golpe de estado contra Obiang en diciembre de 2003, Vladimir Kokorev mantuvo una conversación telefónica con el presidente guineano quien le urgió a entregar los aparatos. El documento de la policía, según relato del diario, indica que fue Vladimir Kokorev quien al parecer pagó a políticos y asesores cercanos al dictador para que este autorizase las compras.

El informe añade que los contratos y el pago de las presuntas comisiones aparecen en numerosos archivos informáticos intervenidos por la Policía y analizados durante meses por expertos y peritos policiales. Y que la policía afirma: “se han hallado abundantes indicios de que dichos negocios de índole internacional han estado estrechamente relacionados con el pago de indebidas y muy cuantiosas comisiones controladas por el investigado Vladímir Kokorev, a altos funcionarios de Guinea Ecuatorial y también se han hallado indicios de la corrupción de altos funcionarios de Ucrania.”

EG Justice considera el descubrimiento de estos antecedentes una razón más de que Kokorev debe ser enjuiciado a la vez que aumenta la indignación al conocer datos que apuntan al enriquecimiento ilegal de familiares de los gobernantes guineanos. Entre tanto, en Guinea Ecuatorial estos casos de manifiesta corrupción vulneran los Derechos Humanos de la población que vive en la mayor penuria, mientras los implicados gozan de impunidad absoluta.

Sobre el caso Kokorev

Vladimir Kokorev, su esposa Julia Maléeva y su hijo Igor Kokorev, fueron detenidos en Panamá en septiembre de 2015 y extraditados a España tras un procedimiento penal incoado en el año 2009, como consecuencia de una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial por un delito de blanqueo de capitales perpetrado en España.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria decretó la orden de busca y captura. El 6 de septiembre de 2015, tras su extradición desde Panamá a España, los Kokorev ingresaron en prisión preventiva, donde han permanecido hasta hace unos meses.

Actualmente Yulia Maléeva e Igor Kokorev han sido puestos en libertad provisional con retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado, mientras que respecto de Vladimir Kokorev se ha dictado resolución disponiendo su libertad provisional bajo fianza de 600.000 €. Se les acusa de blanqueo de capitales procedentes de origen ilícito, concretamente malversación de caudales públicos, tráfico de armas y delito contra la Hacienda Pública Española.

El Senado de Estados Unidos

Un informe del Comité de Investigaciones del Senado de los EEUU, reveló que más de 26 millones de dólares se transfirieron desde las arcas públicas guineanas, desde la cuenta del petróleo de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs en Washington, DC, a la cuenta de la entidad Kalunga Company en el Banco de Santander, de la que eran propietarios los Kokorev.

Estas operaciones financieras, que salieron a relucir en 2003 durante las pesquisas del Senado norteamericano por los atentados del 11-S, son el resultado de los pagos por el Petróleo de Guinea, titular de la cuenta del Riggs, a Kalunga Company, titular de la cuenta del Banco Santander. Según el ya-citado informe del Senado publicado en 2004, Kalunga podría ser, total o parcialmente, una compañía pantalla (Shell corporation) propiedad en parte de Teodoro Obiang.

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