En los últimos años, Sudáfrica se ha convertido después de Ghana en un atractivo potencial para las inversiones en bienes raíces de los miembros de la familia del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien encabeza la lista de los presidentes con más tiempo en el poder. La familia del dictador y sus adláteres, violan sistemáticamente las leyes que establecen el sistema de incompatibilidades, prohibiciones y deberes de los funcionarios públicos. 

Los ministros de Obiang son accionistas de muchas empresas que se benefician de contratos públicos del estado. Para evitar esa corrupción sistemática, la comunidad internacional presionó al dictador a poner un mecanismo que pusiera fin a esa práctica corrupta, tanto es así que, el dictador promulgó el Decreto-Ley Nº1/2004, de fecha 5 de febrero, sobre ética y dignidad en el ejercicio de la función pública, cuyo principal objetivo era presuntamente poner fin a la actividad empresarial de los miembros del gobierno. Sin embargo, la familia del dictador hizo caso omiso a las exigencias del decreto, creando numerosas empresas a las que adjudicaron contratos públicos con sobrecoste en los presupuestos del estado. 

El susodicho decreto, que fue recibido como una amenaza para los intereses de la familia del dictador, exigía que los miembros de los poderes públicos en su mayoría miembros del feudo político del dictador, desde el presidente del gobierno hasta el último miembro del gobierno ecuatoguineano, declarasen sus bienes. 

Desgraciadamente, como han venido denunciado diferentes activistas ecuatoguineanos a lo largo de los años, “eso nunca sucedió. Ningún…