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Por primera vez en los 42 años de la dictadura Obiang en Guinea Ecuatorial el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) ha admitido a trámite el pasado 4 de junio una denuncia formulada por un exmagistrado ecuatoguineano contra miembros y representantes del gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo por graves torturas e intento de asesinato.
Inocencio Membila Mbula, quien fuera abogado, magistrado y asesor jurídico de la Presidencia del Gobierno entre 2014 y 2017, presentó una denuncia individual el 30 de septiembre de 2019 ante el órgano que vigila el cumplimiento por parte de los Estados que ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dejando en evidencia “la arbitrariedad de los poderes públicos y la absoluta falta de independencia judicial” en Guinea Ecuatorial como un “hecho manifiesto”. En el escrito se señala hasta nueve el número de artículos del PIDCP que habrían sido violados por el Estado ecuatoguineano en relación con el ciudadano Inocencio Membila Mbula.
La querella, a la que ha tenido acceso Diario Rombe gracias a fuentes de la fiscalía, se realizó ante la imposibilidad de recurrir a los recursos internos de Guinea Ecuatorial para exigir la reparación de los daños, tal y como se recoge en el informe de 2010 de la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: “en la práctica no existen mecanismos de denuncia, y los detenidos no pueden presentar…
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OPINIÓN
A propuesta de los legistas del régimen, Fernando Engonga Obama y Salvador Ondo Ncum, y en cumplimiento de las condicionalidades impuestas por el FMI, el dictador acuerda la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal (norma colonial española de aplicación supletoria en guinea ecuatorial desde 1968, a defecto de ordenamiento propio) mediante decreto-ley número 1/2020, de fecha 13 de julio, sobre prevención y lucha contra la corrupción. Merced a dicha desviación del mecanismo de habilitación legislativa, el dictador más longevo del mundo pone de relieve, una vez más, la concentración y confusión de todos los poderes del Estado en sus manos, así como su consabida irreverencia hacia la legalidad internacional. Toda vez que el referido decreto-ley no solo transcribe una invasión de la potestad legislativa, sino que se desmarca asimismo de los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y del Convenio de la Unión Africana Sobre Prevención y Lucha Contra la Corrupción, ambos ratificados con…
