Por primera vez en los 42 años de la dictadura Obiang en Guinea Ecuatorial el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) ha admitido a trámite el pasado 4 de junio una denuncia formulada por un exmagistrado ecuatoguineano contra miembros y representantes del gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo por graves torturas e intento de asesinato.
Inocencio Membila Mbula, quien fuera abogado, magistrado y asesor jurídico de la Presidencia del Gobierno entre 2014 y 2017, presentó una denuncia individual el 30 de septiembre de 2019 ante el órgano que vigila el cumplimiento por parte de los Estados que ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dejando en evidencia “la arbitrariedad de los poderes públicos y la absoluta falta de independencia judicial” en Guinea Ecuatorial como un “hecho manifiesto”. En el escrito se señala hasta nueve el número de artículos del PIDCP que habrían sido violados por el Estado ecuatoguineano en relación con el ciudadano Inocencio Membila Mbula.
La querella, a la que ha tenido acceso Diario Rombe gracias a fuentes de la fiscalía, se realizó ante la imposibilidad de recurrir a los recursos internos de Guinea Ecuatorial para exigir la reparación de los daños, tal y como se recoge en el informe de 2010 de la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: “en la práctica no existen [en Guinea Ecuatorial] mecanismos de denuncia, y los detenidos no pueden presentar denuncias ante órganos del Estado que den lugar a investigaciones y enjuiciamientos” (…) “la policía judicial es el órgano que comete la mayor parte de los malos tratos, de modo que este no es un marco institucional válido”.
Después de dos años de estudio minucioso el Comité de Derechos Humanos ha registrado la denuncia de Membila y, conforme a su reglamento, ha enviado una copia de la denuncia a las autoridades ecuatoguineanas “solicitando información y observaciones relacionadas con las cuestiones de admisibilidad y del fondo de la misma” en un plazo excepcional, con motivo de la COVID-19, de ocho meses.
Así las cosas, Guinea Ecuatorial tiene hasta febrero de 2022 para presentar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU información y observaciones relativas al caso de Inocencio Membila Mbula. No obstante, si se atiende al historial de corrupción sistemática y a la falta de independencia del sistema judicial, son escasas las expectativas de colaboración por parte de las autoridades ecuatoguineanas.
Argumentario de la denuncia ante el CCPR
Algunos de los hechos que constituyen el objeto de la denuncia presentada por el exmagistrado Inocencio Membila Mbula ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los cuales son constitutivos de graves vulneraciones de los derechos reconocidos en el PIDCP, pasan por tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que habría sido sometido Membila por parte de la cúpula criminal de Obiang.
De acuerdo con la descripción de los hechos, el día 28 de abril de 2017, Inocencio Membila Mbula —quien en el momento en el que se produjeron los hechos ejercía como magistrado en el juzgado de instrucción Nº1 de Malabo— fue detenido arbitrariamente y trasladado a las dependencias anexas a la Comisaría Central de Malabo conocidas como “Guantánamo” por órdenes explícitas del ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, quien a su vez actúa bajo las órdenes de directas del vicepresidente o del mismo presidente de la República de Guinea Ecuatorial.
Durante los cuatro días que duró el arresto Inocencio Membila Mbula fue despojado de todas sus pertenencias, encerrado en una celda, agredido física y psicológicamente, e interrogado durante una hora y media, a altas horas de la noche, bajo coacción y frente a altos mandos militares y de las fuerzas de seguridad del Estado próximos a Obiang “con motivo de la decisión de puesta en libertad del individuo camerunés, D. Joseph Nseke” —Cabe destacar que posteriormente a esta resolución, Joseph Nseke fue nuevamente arrestado y trasladado a «Black Beach» donde unos días después falleció en circunstancias extrañas—.
En la denuncia se citan nombres de autoridades ecuatoguineanas que participaron en los interrogatorios y coacciones contra el denunciante y otros, hoy fallecidos. Entre ellos: el instructor Desiderio Oko Ndivo; el general de División de la Fuerza Terrestre, Lamberto Nguema Micha; el teniente coronel de Brigada, Liborio Mba Obama; el comandante de la Gendarmería, Gregorio Obiang Ndong; de la Policía Nacional y lucha contra el terrorismo, «Michael»; el director general de Ciudadanía, y especialista en tortura, Marcelino Ndong Nchama; Armando Asumu Asumu Edu Nkene, policía nacional especialista en tortura; y Antonio Chema Bahosi, inspector de Policía del servicio de información.
Además de asunto del camerunés, durante el interrogatorio se amenazó y coaccionó a Membila con la finalidad de que implicara al presidente de la Corte Suprema de Justicia en los casos de corrupción que estaba investigando el ministro delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng: “D. Marcelino Ndong Nchama apuntó con un arma a su cabeza para que colaborará y atendiera a las órdenes emitidas por parte del Gobierno de la República”.
Sumado a esto, según el testigo del denunciante, hubo un par de intentos de homicidio, uno mediante la ya manida práctica del envenenamiento y, en el último, fue perseguido y disparado por parte de policías armados vestidos de paisanos. Ante el peligro real que corría su vida y su integridad Inocencio Membila Mbula se vio obligado a abandonar Guinea Ecuatorial el 2 de junio del mismo año.
Escrito de la Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia
Un año antes de que Inocencio Membila Mbula presentará la denuncia frente a la CCPR, los miembros de la Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia —espacio que forma catedráticos, profesores y doctores en Filosofía del Derecho Internacional— dirigieron un escrito al gobierno de Guinea Ecuatorial, el 28 de noviembre de 2018, comunicándole que le otorgaba el plazo de un mes para que manifestara su disposición de reparar los daños causados a Inocencio Membila Mbula.
En el escrito de la Clínica Jurídica, al que ha tenido acceso Diario Rombe, se señalaba a algunos mandos del régimen de Teodoro Obiang de cometer hechos “constitutivos del crimen internacional de tortura en conexión con otros crímenes internacionales” a sus espaldas, y se avisaba al régimen de Obiang de que “el Derecho Internacional establece su imprescriptibilidad y la obligación de perseguirlos ante los tribunales”.
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