La Asociación Pro Derechos Humanos de España -APDHE-, solicitó en un COMUNICADO a los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que inste a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que inicie una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos contra nacionales españoles en Guinea Ecuatorial.
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Militar del régimen de Malabo, reunido en la peligrosa cárcel de Ovengazem (Mongomo), condenó a los españoles de origen ecuatoguineano, Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman, y de los ecuatoguineanos que habían huido a España, a Bienvenido Ndong Ondo Eyang y Martín Obiang Ondo Mbasogo.
En el juicio que se celebró a puerta cerrada en el poblado del dictador, la autoridad militar condenó también a los procesados, Fermín Abeso Mba, Pablo Ondo Nguema Mangue, Pelayo Enrique Nvo Nsono Andeme, Fructuoso Owono Nguema Mangue, Bachard Kerim Afatik y Abdel Mahit Mahamed, por traición, delito contra el jefe del Estado y contra la forma de gobierno, espionaje, injurias al jefe del estado y al vicepresidente de la república, estableciendo el castigo de entre 60 y 90 años de cárcel.
Sobre estas condenas que oscilan en su totalidad a más de 700 años de cárcel entre los 10 procesados, la Asociación Pro Derechos Humanos de España expresó su preocupación por las sentencias condenatorias de los tribunales militares y civiles de Guinea Ecuatorial, con especial hincapié “a los españoles de origen ecuatoguineano”.
A pesar de las acusaciones, recuerda la APDHE, “los detenidos estaban siendo sometidos a torturas”, añadiendo que “el régimen de Obiang denegó a la Embajada española permiso para poder visitarlos. Precisamente, las únicas imágenes de los condenados al final del juicio en las que aparecen suplicando clemencia al dictador, permiten constatar su deteriorado estado de salud”.
Los condenados, fueron secuestrados el pasado 15 de noviembre del año pasado en Sudán del Sur, y trasladados inicialmente y de forma clandestina a la prisión de Black Beach en Malabo.
La ADPHE exhorta al régimen de Guinea Ecuatorial a que libere a los acusados, y que en su caso, proceda a enjuiciarlos de nuevo con todas las garantías al debido proceso previstas en los distintos tratados en materia de Derechos Humanos. Y, reiterando a la Embajada de España en Guinea Ecuatorial, que proceda nuevamente a realizar sus solicitudes de acceso a los condenados, para poder de forma regular supervisar sus estados de salud y verificar el trato recibido en prisión.