La fiscalía de Panamá admite una querella contra Igor Kokorev

El pasado 13 de julio la Fiscalía Segunda Subregional de Panamá admitió a trámite la querella contra Igor Kokorev Maleeva presentada por el que fuera abogado de la familia hispanorusa, Ismael Gerli Champsaur, y contra una de las abogadas del demandado, María Elena Jurado Domínguez, por un delito agravado de estafa.

Ismael Gerli Champsaur, el abogado panameño que se ha convertido en el testigo principal del procedimiento judicial contra el clan ruso en España, presentó el pasado 23 de junio una querella que le complicaría aún más la delicada situación en la que se encuentra el hijo del matrimonio de Vladimir Kokorev y Julia Maleeva. Padres e hijo están a las puertas de sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de blanqueo de capitales con origen en el tráfico ilegal de armas de guerra y material militar de doble uso con Guinea Ecuatorial por el que se enfrentan a 9 años de cárcel para Vladimir y seis para Julia e Igor.

A esta querella se suma una más, esta vez contra los abogados de Igor Kokorev, María Elena Jurado Domínguez y Jorge Gavrilidis, por un presunto delito de injuria y calumnia contra el demandante Ismael Gerli Champsaur, y que también ha sido admitida a trámite por la fiscalía en los últimos días.

El móvil de la discordia

Ambas acusaciones, a las que ha tenido acceso Diario Rombe, tienen que ver con un inmueble que se corresponde con las oficinas de Gerli & Company en Panamá, la firma de abogados administrada por Ismael Gerli Champsaur con filiales en las Islas Vírgenes Británicas, Belice y Miami. La sede panameña está ubicada en Global Bank Tower Piso 18, Calle 50, en el corregimiento de Bella Vista de la Ciudad de Panamá.

Los hechos en los que se sustenta la acusación por estafa agravada, y que tuvieron lugar en el año 2012, se exponen en la querella así: “con el propósito de resolver la compleja situación migratoria del señor Igor Kokorev Maleeva, se decidió realizar la venta ficticia-simulada (de las oficinas de Gerli & Company) por la suma de trescientos cinco mil dólares”.

Según la defensa del abogado panameño, el compromiso consistía en que una vez el hijo del patriarca Kokorev consiguiera la visa para regular su estatus migratorio en la República de Panamá le devolvería su inmueble: “Se engañó a nuestro patrocinado, se le indujo al error, al facilitar la Finca No. 68326 para conseguir resolver un problema migratorio y una vez siendo resuelto el problema se haría la devolución, todo lo cual no ha ocurrido”.

Las transacciones que se realizaron para justificar el supuesto contrato de compraventa del inmueble se realizaron a través de la cuenta corriente de Ismael Gerli Champsaur abierta en el Bank of América de Nueva York cuyos comprobantes fueron aportados como documentos probatorios. Dicha cuenta fue cerrada “por razones de seguridad y cumplimiento debido a la persona a la le había hecho el traspaso de los dineros”, según reza el escrito de acusación
puesto que, en concreto, una de las transferencias fue hecha a nombre de Yulia Maleeva por la suma de 225 mil dólares.

“Toda esta historia de transacciones, de transferencias de dineros, de préstamos y de compensaciones de los mismos, es conocida por la familia KOKOREV, especialmente por IGOR KOKOREV MALEEVA y, lógicamente, por la licenciada MARÍA ELENA JURADO DOMÍNGUEZ, quien por ser una de las abogadas de la familia KOKOREV, participó en la transacción comentada”, se lee en el tercero de los doce puntos que compone la relación de los hechos.

De acuerdo con la documentación aportada por la parte demandante, Igor Kokorev habría otorgado a las letradas María Elena Jurado y Katherine Ulloa Castillo un “poder general de representación judicial para pleitos” por el que, a su vez, estas abogadas le confirieron un “poder especial” al licenciado Jorge Gavrilidis para interponer una demanda arbitral (notificada por correo electrónico el 7 de abril del 2021) en contra de Ismael Gerli Champsaur y su fundación de interés privado Palm River Foundation (hoy Alto Foundation) “a fin de mantener el control de la finca” y de la fundación que es propietaria del inmueble del Global Bank Tower Piso 18.

Con todo, el demandante pide a Igor Kokorev y a su abogada la suma de 500 mil dólares como acción civil resarcitoria por el perjuicio económico ocasionado y se estarían enfrentando de entre 5 a 10 años de prisión al considerar que “la lesión patrimonial excede de cien mil balboas (84.386 euros)”, según el artículo 221 de Código Civil Penal de Panamá que recoge el delito por la modalidad de estafa agravada. En cuanto a la querella por calumnias e injurias contra los letrados de Kokorev, Ismael Gerli pide 500 mil dólares y se enfrentarían entre 60 y 120 días de prisión por injuria y entre 90 y 180 días por calumnia.