España se ha convertido en el insospechado escenario de una batalla internacional que mantienen desde hace más de una década un controvertido banquero camerunés y el Estado de Guinea Ecuatorial. La pelea judicial por una antigua disputa comercial en Malabo se ha trasladado casi en secreto al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde agentes judiciales llevan días intentando precintar uno de los aviones de la compañía de bandera ecuatoguineana.
La justicia española ha accedido, en contra del criterio del Ministerio de Exteriores, a la petición de Yves-Michel Fotso, empresario camerunés actualmente en prisión por un delito de estafa, para embargar los bienes en España del país que preside Teodoro Obiang Nguema. El objetivo es el avión Boeing 777 con el que la aerolínea ecuatoguineana Ceiba Internacional cubre cuatro veces a la semana el trayecto Madrid – Malabo, según ha podido saber EL PAÍS.
Los primeros perjudicados por esta orden de embargo han sido los pasajeros de la aerolínea. Ceiba ha cancelado una decena de vuelos y ha dejado en tierra a más de 1.500 viajeros, según sus datos. La compañía intenta evitar que el Boeing pise territorio español, por lo que ha tenido que alquilar otras aeronaves para que cubran algunos de los trayectos que acomoden a los pasajeros que no han podido volar cuando debían.
El conflicto ha pasado por varios países europeos antes de llegar a España. Fotso ha dirigido desde la cárcel de Yaundé en la que cumple una condena de 25 años varias ofensivas judiciales para intentar que Guinea Ecuatorial le pague una supuesta deuda multimillonaria.
Fotso, hijo del magnate nonagenario Victor Fotso, intentó establecerse como banquero en Guinea Ecuatorial a principios de los años 2000. Su intención era crear una filial del Commercial Bank of Cameroun, que iba a llamarse Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE). Primero obtuvo una autorización administrativa. Alquiló edificios, hizo reformas, contrató personal… Pero cuando estaba a punto de abrir, el Estado decidió que no podía haber dos bancos cameruneses operando a la vez en el país.
El hijo del primer multimillonario camerunés emprendió entonces una cruzada arbitral y judicial que le ha llevado por medio mundo pero que, por ahora, no le ha permitido recuperar el dinero invertido, o eso asegura. El tribunal arbitral africano de la OHADA, en Libreville (Gabón), le dio la razón en 2009 y condenó a Guinea Ecuatorial a pagarle más de 45.800 millones de francos CFA, unos 70 millones de euros, por perjuicios y lucro cesante.
Por primera vez en España, un tribunal ha reconocido un laudo arbitral de la OHADA, lo que permite a Fotso reclamar en Madrid el embargo de las propiedades del país africano. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le reconoció ese derecho en noviembre pasado, oponiéndose al criterio de la Asesoría Jurídica Internacional y sin que haya posibilidad de recurso, según el auto consultado por este diario.
Los juzgados españoles están obligados a comunicar al Ministerio de Exteriores la existencia de cualquier procedimiento contra un Estado extranjero para que este pueda emitir un informe sobre la inmunidad de jurisdicción y ejecución. Cuando el caso llegó a la Asesoría Jurídica Internacional, especializada en Derecho Internacional, esta concluyó que Guinea Ecuatorial tiene inmunidad de jurisdicción, es decir, se oponía a que la justicia española permitiera el embargo de los bienes de otro Estado.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ acabó reconociendo el laudo y abriendo la puerta a las pretensiones de Fotso. Guinea Ecuatorial ni siquiera se presentó ni hizo alegaciones. Fotso ha pedido la ejecución a un juzgado de primera instancia, que ahora ha dado la orden de embargo del Boeing 777 –con un valor aproximado de 170 millones de euros, según fuentes aeronáuticas– de la compañía aérea alegando que su titularidad es del Gobierno guineano.
La Guardia Civil ya se ha presentado en tres ocasiones en la pista de Barajas a la llegada de los vuelos desde Malabo para comprobar la matrícula, pero la primera vez se trataba de otro avión más pequeño de Ceiba, un 737, y las otras, de aeronaves alquiladas, por lo que no pudieron inmovilizarlas.
Bienes embargados en Francia
No es la primera vez que la rocambolesca historia del banquero camerunés contra Obiang acaba con la policía precintando aviones en un aeropuerto. En julio de 2015 la empresa de reacondicionamiento de aeronaves Amac Aerospace recibió un Boeing 777 con el encargo de reconvertirlo en un avión VIP, una especie de Air Force One para el presidente ecuatoguineano Obiang.
Poco después, con los trabajos a medio hacer en el aeropuerto fronterizo de Basilea-Mulhouse-Friburgo, un juzgado francés ordenó su embargo para hacer frente a la deuda con el banquero camerunés. El intento finalmente no fructificó puesto que el juez de Mulhouse determinó tres meses después que el CBGE no había podido probar que el avión fuera del Gobierno, es decir, que Ceiba tuviera que ser responsable de sus deudas. El embargo original fue levantado.
Un año antes el Estado ecuatoguineano ya había ganado en Francia. Fotso trató de embargar las cuentas bancarias de la embajada en París. “El intento de embargo de las cuentas no funcionó porque el juez consideró que estaban protegidas por la inmunidad diplomática”, asegura por correo electrónico el abogado de Fotso en Francia, Michael Buehler. Y añade que aún hay litigios abiertos en París: “Todavía están pendientes varias investigaciones criminales”.
Una segunda demanda buscaba embargar todos los inmuebles propiedad del Estado africano en Francia, entre ellos las residencias de los diplomáticos en el país. Buehler, que reconoce haber dado instrucciones a los abogados españoles de Fotso (de Gómez-Acebo & Pombo) para que no atiendan a EL PAÍS, no precisó si el proceso abierto tiene que ver con ese embargo. Según otras fuentes, Fotso también ha intentado embargar propiedades ecuatoguineanas en el Reino Unido y en Bélgica.
El abogado del Estado jefe de Guinea Ecuatorial, Francisco Evuy, y el fiscal general adjunto, Anatolio Nzang Nguema, afirman sin ambages que Fotso “ha venido a estafar a la justicia española para que ejecute un laudo” que ya está pagado. “Tenemos los títulos ejecutivos que lo demuestran”, añaden. Y se quejan de “fraude procesal”.
“El problema no está en el reconocimiento del laudo, sino en el procedimiento de ejecución. Se está embargando a alguien con inmunidad sin siquiera notificárselo”. El oficio de embargo se libró el 13 de enero. El juez aceptó la personación de Guinea Ecuatorial el 3 de febrero. La compañía aérea sigue sin estar personada en las actuaciones, por lo que no sabe exactamente qué se le quiere embargar.
“Hablamos de un banco inexistente, en liquidación, que tiene a su presidente en la cárcel y al que otras justicias europeas han rechazado”, afirma José Estévez, socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo que representa a Ceiba. Añade que la deuda del Gobierno de Obiang ya fue satisfecha.
El abogado muestra dos acuerdos transaccionales firmados en París en 2012 y 2013 y una sentencia en Francia que prueban que el laudo ya está ejecutado. “En 2012 acordamos con Fotso el pago de 15 millones. Entonces se pagaron 7,5. En 2013 se entregaron los otros 7,5 millones al agente judicial. Fotso dice que el dinero no llegó”, dice el abogado ecuatoguineano.
La compañía mientras tanto sufre “un desprestigio importantísimo”, señala un portavoz. “Hay pasajeros que dicen que no van a volver a volar con nosotros. Se está extendiendo que hemos cesado la actividad”.
“Guinea Ecuatorial debe docenas de millones a mi cliente”, asegura por su parte Buehler. “El laudo arbitral nunca se ha cumplido. El entorno del presidente Obiang le miente cuando asegura que ya se ha pagado la deuda”, añade. Su cliente obtuvo un reconocimiento del laudo arbitral en Francia en noviembre de 2010, que esgrime como válido.
Una fuente financiera ecuatoguineana explicó a EL PAÍS bajo petición de anonimato que esta “historia de película” es en realidad una “de mafia” en la que ninguna de las dos partes puede acreditar fehacientemente haber entregado o haber recibido el dinero. Habla de sobornos y de desvío de fondos. “Fotso ha intentado conseguir el dinero en cualquier sitio en el que Guinea Ecuatorial tiene alguna propiedad, pero hasta ahora no lo ha conseguido”, añade.
El abogado francés es muy claro: “Al menos 15 millones de euros que se le iban a pagar a mi cliente han sido malversados por el entorno del presidente, por eso seguimos adelante con los procesos judiciales contra Guinea Ecuatorial para que se cumpla el laudo”.
Fuente: ELPAÍS.ES
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