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Periodista | Mitigo mis migrañas en  
@DiarioRombe
En los últimos días está circulado en la red un documento que constataría por enésima vez la corrupción sistemática de la administración central del régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, país beneficiario del programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2019.

Se trata de un “Acuerdo de contrato” entre la empresa Eclipse S.L. y el ciudadano ecuatoguineano Mariano Micha Nsi Mbasogo en el que se describen los términos de la compra de un contrato de obra pública en beneficio de la constructora por un valor de 1.944.267.878 FCFA en concepto del “proyecto de construcción del distrito urbano de Mboom (Bata-Litoral)”Eclipse SL: Empresa libanesa acuerda un contrato de obra pública pagando comisiones ilícitas.

Según el contenido del documento firmado por el director de Eclipse S.L., Fabi Algotani de nacionalidad siria, la sociedad acuerda pagar cerca de 390 millones de FCFA a Mariano Micha Nsi Mbasogo por la realización de ciertas operaciones de tráfico de influencias como “facilitar los trámites de pago por la Tesorería General de Estado… en un plazo no superior a 20 días”.

Las primeras pesquisas realizadas por Diario Rombe arrojan que la compañía estaría administrada por extranjeros libaneses con una minoría, como exige la ley ecuatoguineana, de accionistas ecuatoguineanos miembros del funcionariado de Guinea Ecuatorial. En el momento de la publicación de este artículo la empresa no ha dado respuesta a las preguntas realizadas por este medio.

Por otro lado, pese a que la identidad del ciudadano ecuatoguineano no ha trascendido, a juzgar por su papel en esta operación, ocuparía un cargo lo suficientemente influyente en el gobierno de Obiang con acceso a funcionarios de la Tesorería del Estado como para saltarse el conducto regular para la adjudicación de obras públicas a empresas extranjeras.

No obstante, Mariano Micha Nsi Mbasogo no sería el único ecuatoguineano que estaría realizando este tipo de prácticas ilícitas dentro de la administración pública a decir por la advertencia con la que cierra el documento que se ha hecho viral, “hay otros socios de la empresa que están haciendo la misma gestión”. Un claro indicio de la grave inseguridad jurídica y de la muy cuestionable imagen que tienen en el exterior de las instituciones del Estado ecuatoguineano.

En el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional a Guinea Ecuatorial a cambio de una financiación de 280 millones de dólares aprobados en diciembre de 2019 hasta el 2022, el gobierno aprobó la Ley N° 1/2021 de 10 de mayo sobre la Prevención y Lucha contra la corrupción en Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, lejos de garantizar una lucha genuina contra la lacra de la corrupción en el país, la promulgación de esta ley y toda la campaña mediatizada promovida desde el gobierno responde al maquinado plan de vender una realidad de cara al exterior que encajara en los criterios de buena gobernanza y lucha contra la corrupción impuestos por la organización internacional a la que ahora le corresponderá pedir explicaciones y exigir responsabilidades al gobierno ecuatoguineano.


Nota al pie de página para los lectores:

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