Los ciudadanos ecuatoguineanos han presenciado en los últimos meses una supuesta cacería contra los funcionarios acusados de corrupción y blanqueo de capitales. El mensaje panfletario de algunos de los empleados de la administración pública frente a las pantallas de televisión ha sido el mecanismo usado por el gobierno para hacer alarde de su compromiso de sanear las arcas públicas y sus administradores. La finalidad de esta campaña mediatizada no es otra que hacer ver a la opinión pública internacional que el gobierno de Teodoro Obiang cumple con las exigencias del Fondo Monetario Internacional para beneficiarse de un préstamo de 280 millones de dólares.
Este periódico ha tenido acceso a una investigación encubierta que llevaba a cabo el ministro de Hacienda, Economía y Planificación saliente, Cesar Augusto Mba Abogo, y su equipo sobre la campaña emprendida por el régimen contra la corrupción en la administración pública y lo que hemos encontrado, más que una acción conjunta contra la corrupción es una acción corrupta del gobierno central perfectamente orquestada por los medios de comunicación nacionales.
Dicha investigación arroja el caso de seis de los funcionarios (algunos miembros de la familia Obiang) a los que aparentemente se les expedientó por presunto cohecho y tráfico de influencias. Los acusados utilizaron una empresa para cobrar comisiones a la entidad financiera BGFIBank. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido puesto a disposición judicial y sus expedientes han sido archivados.
Haciendo uso de las declaraciones del actual director general de Impuestos, Bahosí, como en todo sistema tributario “los tributos son una de las principales vías para obtener ingresos que permitan financiar su proceso de desarrollo socioeconómico”, pero cómo se sustenta este principio cuando en Guinea Ecuatorial es la propia maquinaria del estado la que socava el flujo natural de los impuestos que debería ser desde los contribuyentes hacia los contribuyentes en forma de bienes y servicios públicos y no desde los contribuyentes hacia los bolsillos de funcionarios con síndrome de Hubris.
El caso Shandong
En el año 2017 la constructora china Shandong International GE, fue sometida a una comprobación de sus obligaciones tributarias del ejercicio 2016. El resultado de dicha inspección culminó con una deuda de 256.171.801 Fcfa por concepto de tasas fiscales. Es importante señalar que Shandong International cuenta con dos socios locales que ostentan responsabilidades políticas en el régimen de Obiang. Se trata de María Jesús, hija de Heriberto Meko Mbengono y Victoriana Nchama Nsue Okomo, hermana de la esposa del dictador.
Shandong International intentó sin éxito negociar con las autoridades del ministerio un calendario de pagos. Varios meses después, a mediados de octubre, el ministerio de hacienda observó unas anomalías en determinados documentos que detallan una supuesta transferencia realizada por la Shandong International el 11 de abril de 2019 como parte de las tasas fiscales pendientes de pago del ejercicio 2016.
La transferencia, según se observa en el comprobante bancario supuestamente emitido por CCEIbank, fue realizada en la agencia de CCEIBank Nº 00001 de Malabo con el concepto “deuda de inspección tributaria de 2016”. El comprobante contiene tres sellos: el de CCEIBank, el de la Tesorería del estado con fecha 29 de abril de 2019 y, por último, el sello de la sección de contabilidad de la dirección general de Impuestos y Contribuciones.
De unos días antes de la fecha de la transferencia, hay una notificación firmada por la Comisión Inspectora de Tributos del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación del 25 de marzo de 2019, cuyo encabezado lleva el título de “impuestos: reclamo de la deuda inspección tributaria 2016”, en la que instan a la empresa China Shandong International “abonar la deuda en un plazo de 15 días, so pena de que acabo este tiempo, el Estado a través de los servicios de recaudación del ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, se le impondrá a la empresa China Shandong todos los recargos e interés de demora…”.
Visto con cierta distancia ambos documentos responderían al reclamo del pago que le hace la administración a la empresa Shandong y su posterior acuse de liquidación, pero afinando un poco la lupa, este diario ha consultado a un funcionario que dice observar algunos detalles incompletos en los documentos como el número de registro, lo que revela la suspicacia de los funcionarios quienes ante un hipotético conocimiento de los nexos entre la empresa y el régimen pudieron haber llegado a un acuerdo con la empresa para realizar una operación ficticia. “Es posible que el impreso de transferencia supuestamente emitido por CCEIBANK fuese una falsificación, así como las confirmaciones que figuran en el documento”, señala la fuente.
Notificación 
Justificante CCEIBANK
“Normalmente, todas las actas resultantes de una inspección a cualquier contribuyente se remiten a la sección de contabilidad para que dicha sección registre la deuda enviándola al apremio y, por último, la sección de recaudación obtiene información para exigir las deudas a aquellos contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones”, nos explica otro empleado de la administración pública. Este dato nos hace seguirle la pista a uno de los firmantes de los documentos, el entonces jefe de la sección de contabilidad en la dirección de Impuestos y Contribuciones, Feliciano Batho Obama Nsue, hijo del conocido Feliciano Obama Nsue Mangue a quien atribuyen la famosa frase “el PDGE es un partido de Mongomo como Obiang”.
La figura de Feliciano Batho dentro del ministerio de Hacienda goza de inmunidad por ser hijo de un alto miembro del régimen de Obiang, lo que supone que no se le haya podido pedir cuentas sobre las declaraciones de impuestos que practica para las empresas Canal Sol, Arcángel, Cardcontrol, Restaurante Imagine entre otras filiales del mismo grupo. Algunos testigos que han pedido mantener oculta su identidad señalan precisamente a Feliciano Batho, alias Pibe, como la persona que mantuvo reuniones aisladas con directivos de Shandong para buscar una solución ventajosa.
De modo que Diario Rombe contactó con el exjefe de la sección de contabilidad, Feliciano Batho Obama Nsue para recabar su versión sobre el caso Shandong y su supuesta implicación en la falsificación de documentos. Esta fue su defensa: “veo el sello de confirmación de la sección de contabilidad, pero no veo ninguna firma mía allí, ni la completa ni la media, informasen (sic) mejor”. Teniendo en cuenta este señalamiento, quisimos saber si el sello había sido utilizado sin su consentimiento para dicha operación, pero esta vez Feliciano optó por el silencio.
Gracias a las averiguaciones que hizo un funcionario en CCEIBank se pudo comprobar que no existe rastro de ninguna transferencia de dinero hecha por parte de ninguna de las dos cuentas bancarias de la empresa Shandong Internacional ni a la cuenta de la tesorería del estado ni a la del Ministerio de Hacienda. Lo que termina declarando nuestra fuente es incontestable: “Nos han ordenado archivar esa investigación para no poner en riesgo los intereses de los socios locales. El presidente nos pide luchar contra la corrupción, pero hay personas a las que no podemos investigar”, añade el funcionario, quien cree que otro escenario es posible en el futuro de su país: “quizás en otra Guinea Ecuatorial muchos funcionarios tendrán que explicar el origen de sus grandes fortunas”.
