Cuando sucede algo de lo que mucho se habla y poco se sabe con el paso del tiempo adquiere cualidades fabulescas. Así, hasta el día en que un hecho fútil señala la dirección hacia donde la fábula deja de serlo. Esa linterna titilante apunta nada menos que hacia uno de los mayores casos de corrupción de Guinea Ecuatorial: “General Work”.
Cientos de archivos judiciales componen la última filtración que recibió Diario Rombe por parte de una fuente anónima a la que decidimos llamar “Sergei” (nombre ficticio). Como anunciamos la semana pasada en la primera entrega de este valioso material documental, buena parte de éste revela importantes esclarecimientos sobre lo que sucedió hace 14 años con el procedimiento judicial conocido como General Work por el que se desfalcó 20 millares de francos CFA al Estado ecuatoguineano.
Dos cabezas de turco
En marzo de 2015 la policía ecuatoguineana detuvo en Villa Celotti (Bata) a Fabio Massimiliano Galassi y su hijo, Filipo María Galassi, dos empleados el grupo Rangerbourg Corporation Guinea Ecuatorial, S.A. quienes, según las autoridades ecuatoguineanas, “fueron detenidos porque intentaban huir de Guinea Ecuatorial”. Los motivos de la detención no se dieron a conocer hasta dos meses después cuando la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Bata formuló el 15 de mayo de 2015, una querella por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos privados y alzamiento de bienes que habrían provocado “la quiebra del grupo de empresas de Rangerbourg Corporation Guinea Ecuatorial, S.A”.
Tanto la arbitraria “orden de detención nacional” como la posterior querella también tenían como objetivo a los empresarios italianos Bruno Gimmy Ricci, Andrea Bursomano y Ana María Moro Celotti —accionista mayoritaria del grupo Rangerbourg Corporation Guinea Ecuatorial, S.A.— El primero habría sido expulsado del país entre octubre y noviembre de 2011 y las dos últimas habían conseguido huir a Italia.
Tras un largo proceso judicial que fue popularmente conocido como “Caso General Work”, el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Bata, Rubén Clemente Nguema Engonga Avomo —ahora exiliado en España y condenado por las autoridades ecuatoguineanas por su presunta participación en el fallido golpe de Estado contra el dictador ecuatoguineano en diciembre de 2017— dictó una sentencia condenatoria contra los acusados italianos el 18 de enero de 2016. Fabio Massimiliano Galassi fue condenado a 35 y su hijo, Filipo María Galassi, a 21 años de cárcel como autores responsables de la quiebra del grupo Rangerbourg. Por su parte, los empleados Bruno Gimmy Ricci, Ana María Moro Celotti y Andrea Bursomano no fueron procesados “por encontrarse ausentes”.
Tras dos años cumpliendo condena en la cárcel de Bata, la segunda capital del país, el 7 de marzo de 2018 el entonces magistrado y presidente accidental de la Audiencia Provincial del Litoral, Manuel Ndong Nguema Eyang, dictó una resolución judicial acordando un “permiso carcelario de 120 días por razones de salud” a Fabio Massimiliano Galassi, “debiendo ingresarse en prisión una vez agotado el tiempo”. Un pasaporte a la libertad que padre e hijo no desaprovecharon saliendo ese mismo día de Malabo con rumbo a Italia para nunca más volver. Por su parte, las autoridades “se apropiaron de sus archivos por temor a que saliera a la luz más cosas que implicaran a los Obiang”, consta en uno de los pliegos aportados por Sergei.
Gracias a los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Diario Rombe hoy sabemos que el exdirector general del grupo de empresas de Rangerbourg Corporation GE, S.A., Bruno Gimmy Ricci, y su cuñada Montserrat Afang Ondo —entonces viceministra de Hacienda, encargada de la Tesorería y sobrina de Teodoro Obiang— serían los presuntos responsables directos del desvío de más de 20 millares de francos CFA del estado ecuatoguineano a cuentas bancarias de empresas fantasmas propiedad de Ricci.
De General Work a Rangerbourg Corporation
A finales del 2001, aún movidos por la inercia de la época dorada que vivió Guinea Ecuatorial cuando se encumbró como el tercer país africano productor de crudo, los italianos Guilio Cistaro y Giuseppe Vona fundaron la constructora General Work Guinea Ecuatorial S.L.
Con Igor Celotti en la administración, el empresario italiano y socio de Teodoro Obiang consiguió importantes contratos de obras para la construcción de carreteras y edificios públicos en el país. Incluso constituyó nuevas empresas como el grupo Rangerbourg Corporation Panamá en 2004 o la sociedad Obras S.A. Guinea Ecuatorial en 2005, mismo año en que adquirió 100 participaciones de General Work Guinea Ecuatorial a través de Rangerbourg Corporation Panamá, una maniobra que le convirtió en el accionista mayoritario de la compañía ecuatoguineana. Días antes de su abrupta muerte en un accidente aéreo que jamás se esclareció, el empresario constituyó la subsidiaria Rangerbourg Corporation Guinea Ecuatorial el 30 de mayo del 2007.
Tan solo dos meses después, el 8 de agosto de 2007, el Consejo de Administración de Rangerbourg Corporation Guinea Ecuatorial hizo pública la nueva estructura organizacional de la empresa. La presidenta del Consejo y accionista mayoritaria (55%) pasaría a ser Ana María Moro y el director general de la compañía, Bruno Gimmy Ricci, un ciudadano italiano que llegaría a Guinea Ecuatorial a principios de 2007 huyendo de su país de origen por presuntos delitos fiscales.
| En 2007 la “Guardia di Finanza”, una fuerza especial que depende del Ministerio de Economía, Finanzas y del Servicio de Seguridad del Ministerio del Interior italiano, abrió una investigación contra un grupo de empresarios que presuntamente habían creado una organización delictiva que emitía facturas falsas relativas a la venta de materiales que superaban los 30 millones de euros. Según la información, recogida por diferentes medios locales como ricerca.gelocal.it, los empresarios habían creado “empresas pantalla” para favorecer la evasión de impuestos a empresas imputables a Bruno Gimmy Ricci y otro socio que habrían defraudado hasta 5.9 millones de euros del fisco italiano. Ricci sería responsable de la administración de facto de las empresas, así como del desempeño de una función de apoyo en la gestión comercial y financiera del cartel. El acusado, que se negó a responder a los requerimientos de las autoridades judiciales y se fugó del país declarándose en rebeldía, fue condenado a 5 años y dos meses de cárcel. Dicha sentencia fue confirmada en 2011 por el Tribunal de Apelación. |
En la misma resolución, también aparece, y por primera vez en un documento público, la participación del grupo Abayak S.A. —propiedad de la familia Obiang— en el accionariado de una constructora ecuatoguineana a la que el Estado adjudica contratos públicos. Aunque no deja claro su porcentaje de participación, sí que confirma su actividad en el Consejo de Administración de Rangerbourg Corporation Guinea Ecuatorial a través de Damian Segura Ballovera “en representación de los demás accionistas”, a saber, el propio Teodoro Obiang, su esposa Constancia y su hijo Teodoro. De esta manera, el clan Obiang actúa en colusión con las empresas en las que son accionistas catalizando la absorción de hasta el 75% de los presupuestos destinados a las infraestructuras del Estado.
La era Ricci
Con la nueva administración de Rangerbourg Corp. G.E. en pleno rendimiento, Bruno Gimmy Ricci importó a Guinea Ecuatorial el modus operandi por el que fue condenado en Italia para elaborar una estructura societaria que le permitiera desviar los fondos del Estado ecuatoguineano al extranjero.
Con tal fin constituyó la empresa paralela BKP Internacional, S.A., homónima de la BKP Internacional SRL, “Sociedad de Responsabilidad Limitada” del italiano Cataruzzi Giuliano. De acuerdo con los documentos del registro mercantil, la creación de la empresa paralela “se obedeció a la compra por su parte [Bruno Gimmy Ricci] del 62.28% de la empresa italiana BKP Internacional SRL propiedad de Cataruzzi Giuliano”.
Así mismo hizo con varias sociedades en Guinea Ecuatorial y otras en el extranjero como Decor, SA; Navajojo; Afric Services, SA; Global, SA; AGT; Metver SA; Estudio DR. Gimmy Ricci; MCR; SFX Internacional Ltd; Construcciones Inmobiliaria Barbera y R&R Partener UK Ltd.
Las autoridades ecuatoguineanas señalan al abogado de Rangerbourg Corporation G.E., S.A., Leoncio Andrés Esono Madjo (entre 2007 y 2013) como autor de los estatutos de las empresas fantasma de Bruno Gimmy Ricci, al menos, en Guinea Ecuatorial.
Un consorcio fantasma
El 22 de agosto de 2007, la empresa italiana BKP Internacional SRL firmó un consorcio con la empresa ecuatoguineana, Obras, SA, subsidiaria de Rangerbourg Corporation Guinea Ecuatorial, SA. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Diario Rombe, ambas empresas acuerdan constituir una “asociación temporal para la construcción del Palacio del Gobierno de Ntobo en Bata”, proyecto que con bastante antelación a la constitución de “el consorcio” la Oficina Nacional de Planificación y Seguimiento de Proyectos de Guinea Ecuatorial (GE-Proyectos) ya les había adjudicado el 22 de marzo de 2007.
| En el escrito de especificaciones de GE-Proyectos figuran enumerados los trabajos que “el consorcio deberá ejecutar por un coste total de 61.914.645.456 francos Cfa” distribuidos así: – 38.387.850.781 Fcfas para las obras de construcción de los edificios afines, obras estructurales, instalaciones eléctricas, instalaciones hídricas, de climatización y sanitarias, – 16.556.562.075 Fcfas para las obras de urbanización – y los 6.970.232.600 Fcfas restantes para muebles y suministros necesarios en el uso del complejo. Para el suministro de materiales de construcción, “el consorcio” subcontrató los servicios de la empresa Eguifinsa Ingerop Group SL por un costo de 3,5 millares de Fcfas. |
En noviembre de 2008 los directores del consorcio, Cataruzzi Giuliano y Bruno Gimmy Ricci, enviaron una carta al director general del CCEIBANK Guinea Ecuatorial, Joseph Célestin Tindjou, pidiéndole que administrara la cuenta corriente denominada BKP-OBRAS PALACIO de la siguiente manera: “de los 3.827.729.364 F.Cfa. que el Gobierno va a depositar en la cuenta corriente denominada BKP-OBRAS PALACIO, retenga 459.327.524 F.Cfa. y transfiera el resto del siguiente modo: BKP Internacional SRL (2.097.840.666 F.Cfa.) y Obras, S.A (1.270.561.174 F.Cfa)”. Dos años después, en junio de 2010, el gobierno ecuatoguineano abonó al consorcio la segunda certificación de la obra que ascendía a 11.091.159.645 francos Cfa.
Corrupción a gran escala
Una figura clave para la continuidad del accionar delictivo de Bruno Gimmy Ricci en colusión con el Estado 
ecuatoguineano fue la que era entonces esposa de su hermano, Alexandro Ricci. Montserrat Afang Ondo era además de su cuñada y sobrina de Teodoro Obiang, la viceministra de Hacienda, encargada de la Tesorería del Estado.
Afang Ondo fue quien tramitó el pago de las transferencias para la construcción del Palacio del Gobierno de Ntobo en Bata a la cuenta bancaria de la empresa fantasma BKP Internacional SA abierta en CCEIBANK cuyo único beneficiario era su cuñado Bruno Gimmy Ricci. Así fue como a partir de entonces, y mediante una presunta simulación premeditada de certificaciones de obras, la hija del poderoso Armengol Ondo Nguema autorizó numerosas transferencias a la cuenta de BKP Internacional, S.A. que alcanzan los 20.883.659.732.F.Cfa.
La colaboración de la sobrina del dictador fue crucial para el éxito de las operaciones de Gimmy Ricci, una alianza de la que ella también se benefició según refleja un documento contable de General Work Guinea Ecuatorial, S.L. con la firma de Bruno Gimmy Ricci en el que se autoriza un presunto pago de 100.000.000,00 Fcfa a la viceministra Montserrat Afang Ondo el 5 de julio de 2011.
Son numerosos los documentos judiciales que dejan constancia de las presuntas transferencias que desde los bancos CCEIBank y Société Générale Banque se hicieron al entramado societario de Bruno Gimmy Ricci desde la cuenta bancaria de BKP Internacional, S.A. hasta las cuentas de diferentes empresas extranjeras simulando pagos, contratos y prestaciones de servicios.
A pesar de que estas pruebas no dejan duda de la necesaria colaboración de Montserrat Afang Ondo para los propósitos de Ricci, la carrera política de esta mujer no ha hecho más que crecer y su nepotismo ha sido más premiado. En 2012, fue ascendida como ministra delegada de Hacienda, Encargada de Impuestos y Contribuciones y ocupó otros cargos como el de ministra delegada de Hacienda, Economía y Planificación y Gobernadora Suplente del Banco Africano de Desarrollo (B.A.D.).
