En febrero de 2016, las autoridades de Guinea Ecuatorial intentaron ayudar a Vladimir Kokorev -investigado por presunto delito de blanqueo de capitales y tráfico de material militar-, negando la existencia de presuntos negocios corruptos con sobrecoste y sobrefacturación girados a los fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial.
La información se desprende de un escrito -fechado el 16 de febrero de 2016- al que ha tenido acceso Diario Rombe. Según el escrito, el Ministerio Fiscal de Guinea Ecuatorial da cuenta de las relaciones comerciales presuntamente legales que mantuvo entre 1999 y 2003 con la empresa investigada Kalunga Company, S.A, bajo la dirección del investigado, Vladimir Kokorev.
Por su parte, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, entiende que el entramado societario de Vladimir Kokorev liderado por Kalunga Company, S.A, ejecutaron contratos presuntamente corruptos girados a los fondos del Tesoro ecuatoguineano por el comercio ilegal de material militar de defensa y doble Uso; compraventa de buques; helicópteros de combate; vehículos blindados patrulleras; coberteras militares; fragatas; aviones caza bombarderos y armamento militar de defensa doble uso.
Previa negociación por Vladimir Kokorev, se abonaban presuntos pagos corruptos a los altos funcionarios de Guinea Ecuatorial, Fausto Abeso Fuma, Melchor Esono Edjo, Agustín Ndong Ona Mbuy. El fiscal señala que, los contratos de venta de armas a Guinea Ecuatorial se ejecutaron presuntamente por Vladimir Kokorev, en representación de Kalunga Company, S.A.
A través de Garmin Trading, Inc, Almera Trading Corporation y Sj Marine Company Ltd, gestionadas bajo las instrucciones de Vladimir Kokorev e Igor Kokorev, se ejecutaron según la fiscalía, operaciones fachadas de compraventa de buques entre las sociedades controladas por los acusados, Vladimir Kokorev e Igor Kokorev. Las compraventas de los buques Río Utamboni; Rio Kie; Río Ekuku, constituyen siempre según el escrito del fiscal “una mera maniobra de legalizar los capitales obtenidos de manera ilícita por la ejecución de los contratos de compraventa de armamento militar, corbetas, patrulleras, helicópteros de combate y fragatas vendidos por el acusado Vladimir Kokorev con sobrecoste girado con cargo a los fondos públicos de Guinea Ecuatorial”. 
En el transcurso de las relaciones entre el Gobierno ecuatoguineano y Kalunga Company, S.A, el Ministerio Fiscal de Guinea Ecuatorial confirma que Vladimir Kokorev suministró al país africano determinados bienes de transporte, poniendo como ejemplo, la venta de una embarcación de transporte marítimo en 1999.
A parte de la gestión y venta de diferentes productos, el Fiscal General del Estado de Guinea Ecuatorial comunicó a las autoridades españolas que, “Kalunga Company, S.A también realizaba trabajos de mantenimiento de dichos medios de transporte marítimo, terrestre y aéreo, contratando equipos técnicos oportunos, y aportando la tripulación necesaria para su operación”.
Como última baza para tratar de evitar un posible juicio contra la familia Kokorev y probar la presunta legalidad de las actividades comerciales de Kalunga Company, S.A, el fiscal general del estado de Guinea Ecuatorial confirma que todos los pagos fueron efectuados por el estado aportando como prueba una serie de documentos a fin de acreditar la licitud de las relaciones comerciales entre Kalunga Company, S.A y la República de Guinea Ecuatorial.
| Hernan Batista Jurado, abogado de Jurado Attorneys & Consultants e hijo de María Elena Jurado Domínguez, abogada estrella de Igor Kokorev. Da la casualidad de que el abogado panameño, Hernan Batista Jurado reside «ilegalmente» en el apartamento 6205 del Trump Ocean Club (TOC) nº 6205 propiedad de Rio Lora Holding, cuyo accionista único es el abogado panameño y principal testigo de la justicia española, Ismael Gerli, según ha quedado acreditado por sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. El hijo de Maria Elena Jurado podría ser el presunto enlace con los abogados que estaría utilizando Igor Kokorev para perseguir judicialmente a Ismael Gerli en los últimos 10 años. |
