El pasado 15 de enero de 2017, Diario Rombe publicó la Primera Parte de la Trilogía de una expropiación forzosa, la cual se inició entre finales de 2010 y principios de 2011, justificada con el emplazamiento de la cumbre de la Unión Africana y Desarrollo de un Nuevo Polo de Asentamiento, pero, que no cumplió la prometida compensación de las más de 70 personas afectadas por este proceso.
Esta segunda entrega de la Trilogía, es fruto de una larga investigación que hemos venido desarrollando para informar al pueblo lo que realmente escondía y motivó la expropiación de terrenos por parte del Régimen dictatorial de Teodoro Obiang Nguema, develando además, las maniobras que fueron necesarias para que el Alcalde de Baney, Jesús Raso Kuku concediera a la empresa Arab Contractors Equatorial Guinea LTD los derechos de explotación y aprovechamiento de todo tipo de material de cantera en los terrenos de la familia de D. Venancio Nicolás Ribusa Riepe, ubicadas en el monte de Santiago Baney.
Los hechos se inician en noviembre de 2008, cuando Raso Kuku en supuesta representación de la familia de Ribusa Riepe, legítimo dueño de la finca rústica, firmó un contrato de arrendamiento con la constructora Arab Contractors por un periodo de un año renovable. Arab Contractor Equatorial Guinea es una sociedad, que para hablar de ella, se necesita un artículo especial dedicado en particular a desentrañar su estructura, el cual Diario Rombe en una próxima oportunidad reproducirá. Por ahora adelantamos que su constitución se sucedió en Malabo el 11 de febrero de 2004.
Según las escrituras de la mancionada sociedad, autorizada por el entonces Notario de Malabo, Pedro Nsue Ela Eyang y a las que Diario Rombe ha tenido acceso, las acciones de la compañía están divididas de la siguiente manera: Arab Contractors (O.A.O.) & CO (75%); Abayak GE (12%); Sofana GE (8%); Astro (5%), siendo las últimas tres sociedades propiedad de los Obiang.
Para que entendamos, el Alcalde del PDGE Jesús Raso Kuku, firmó ilegalmente un contrato de arrendamiento de la referenciada finca con la empresa Arab Contractors Equatorial Guinea, sociedad a la que durante años el gobierno adjudicó importantes contratos de obras públicas. El contrato que el edil firmó con esta compañía revela que éste, haciendo uso de sus poderes fácticos, usurpó la representación legal de los legítimos dueños de la finca, objeto del contrato, concediendo a la empresa Arab Contractors Equatorial Guinea la extracción y aprovechamiento de todo tipo de material de cantera ubicada en Santiago Baney durante al menos 1 año renovable.
Sin el conocimiento y consentimiento de D. Venancio Ribusa y sus herederos, Arab Contractor Equatorial Guinea, conociendo también la irregularidad del negocio que estaba realizando con el Alcalde de Baney y sus colaboradores, acordaron una compensación mensual de 2.500.000 Fcfa por el arrendamiento de las 15 hectáreas, 83 áreas y 30 centiáreas, cantidad que sería repartida mensualmente entre el alcalde y sus equipo, siempre bajo el paradójico emblema institucionalizado de, «por una Guinea Mejor.»
En el momento de la firma del contrato, las partes acordaron que “el pago será efectuado por adelantado por un cuatrimestre, los demás, serán mensualmente durante toda la vigencia del contrato”, añadiendo que, “los pagos serán realizados mediante cheques a favor de Jesús Raso Kuku”.
En la redacción y firma del ficticio contrato, el Alcalde de Baney contó con la colaboración de Matías Sito; Francisco Boteke; Marino Baiapa y Remigio Borico, quienes actuaron en calidad de testigos a petición del mismo alcalde. La constructora comenzó en 2008 las obras de limpieza de la finca, culminándolas el 6 de abril de 2009, cuando Arab Contractors firmó con el entonces Ministro de Industria y Energía, Marcelino Owono Edu (familiar de Obiang), un contrato de explotación de una cantera de áridos -material de relleno- hasta la fecha de hoy sin el consentimiento de los legítimos dueños que fueron usurpados por el Alcalde de Baney.
En la tercera y última entrega de la trilogía revelaremos con más detalles el contenido del referido documento legal, para que el pueblo conozca los mecanismos que el régimen de Malabo emplea para que las empresas donde son accionistas, obtengan los contratos públicos.
Cuando los familiares de Venancio Ribusa tuvieron conocimiento de la explotación ilegal de sus bienes, hicieron valer sus derechos interponiendo una demanda civil en los tribunales por medio de su abogado Elías Okue, contra Arab Contractor Equatorial Guinea LTD. Los Ribusa demostraron ante las autoridades judiciales que los firmantes de aquel contrato “falsificaron el título de propiedad con el objetivo de concretar un contrato con Arab Contractors”.
Por su parte, el abogado de la demandada compañía, en defensa de sus intereses alegó que “las 78 fincas rústicas de distinta titularidad fueron expropiadas para la construcción de las infraestructuras cara a la Unión Africana, a sabiendas de que tales terrenos ya eran declarados propiedad del Estado”, como prueba para desestimar las reivindicaciones de la familia Ribusa, aportando de igual forma en su defensa un contrato firmado por el Ministerio de Minas para la explotación de Áridos en la Cantera de los terrenos de los demandantes, donde se establece que «no puede cerciorarse que la parte de la finca fuera propiedad de los demandantes ni mucho menos aportan documentación que lo acredite». De esta manera, pretendieron priorizar el contrato firmado con el alcalde de Baney y quitarle validez legal a los títulos de propiedad firmados y autorizados por el registro de propiedad de Guinea Ecuatorial.
Los demandantes, para desenmascarar a la defensa, aportaron como prueba el título de propiedad de Eusebio Riepe, expedido en Malabo, explicando a los representantes de Arab Contractors que en “Guinea Ecuatorial existe una ley que reconoce el patrimonio familiar o grupo familiar agrícola”, por lo que exigieron pagar o indemnizar a la familia todo el tiempo que sus máquinas han estado presentes en la explotación de dicha cantera. Según los mismos documentos a los que Diario Rombe ha tenido acceso, los herederos de D. Venancio Ribusa Riepe afirman que el principal responsable de la ilícita operación es D. Epifanio Nepi, sobrino de Venancio Ribusa.
Es así que, aprovechando la inmovilidad del señor Ribusa, su sobrino “pudo haber falsificado toda la documentación relacionada con la mencionada finca rústica, poniendo todo a favor de terceras personas y ganar así el contrato que actualmente obra en manos de la empresa Arab Contractors y del Alcalde de Baney.”
La operación permitió a los principales actores de la falsificación obtener la confianza de Arab Contractors Equatorial Guinea. En efecto, como hemos sido informados, “de los 2.500.000 Fcfa del alquiler de la finca rústica entregados con una paga cuatrimestral, le fue proporcionada a los ilegítimos herederos de RIEPE, la suma de 1.600.000 Fcfa.”
Es importante subrayar que el contrato de arrendamiento está a nombre del Alcalde de Baney, hecho ante el cual los abogados de los legítimos herederos solicitaron a los jueces la revisión del mismo, ya que, “se ha probado la mala fe de las partes, tanto de los sobrinos como de la propia empresa y se debe pagar e indemnizar a la familia”.
La justicia guineana inesperadamente condenó a la empresa -cuyos segundos accionistas son la familia de Teodoro Obiang Nguema- pagar a la familia de Venancio Nicolás Ribusa Riepe la suma de 320.000.000 Fcfa “en concepto de explotación de la mencionada cantera en algo más de cuatro años, incluida la valoración de toda la plantación existente en la finca, todo ello en virtud del artículo 4º del Decreto núm. 118/2011, de fecha 20 de Junio, por el que se Acuerda la Expropiación de las Fincas ubicadas en la parte Sur de la Autovía a Sipopo, así como el Certificado de Valoración que el Ministerio de Agricultura dictó al respecto el 14.08.2009.”
El Magistrado Juez imputó y condenó igualmente a la empresa Arab Contractors Equatorial Guinea a pagar una multa de 5.000.000 Fcfa, por explotar ilegalmente dicha cantera durante 4 años sin renovar el contrato con el Ministerio tutor, es decir, el Gobierno de Teodoro Obiang Nguema, también accionista de la misma empresa condenada.
El sobrino de D. Venancio Ribusa Riepe fue condenado a una sanción económica de 500.000 Fcfa “por falsificación de documento oficial en virtud del art. 302.1 CP vigente”. En cambio, el alcalde de Baney Jesús Raso Kuku ha sido absuelto de todos los cargos por los jueces de Guinea Ecuatorial.
