En el marco de la investigación por corrupción gubernamental, la Justicia busca ahora pruebas en Estados Unidos sobre el empresario  Lázaro Báez, estrechamente relacionado con la Presidente de la Nación Cristina Kirchner.

En este sentido, se pretende conocer los movimientos de las cuentas de Báez aún desconocidas y datos sobre 123 empresas fantasma que le adjudican los acreedores del Estado Nacional en Nueva York. El pedido fue del juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa local por presunto lavado de dinero. Así mismo, el magistrado firmó ayer un pedido de colaboración internacional dirigido a la Justicia de los Estados unidos, en el que pidió ser informado de todo registro que haya en ese país sobre bienes, sociedades y cuentas bancarias que estén a nombre de cualquiera de los imputados en ese expediente donde se investiga supuesto lavado de dinero.

El pedido se tramita vía exhorto diplomático e incluye también una solicitud para que la Justicia del estado de Nevada envíe a la Argentina todo lo que haya reunido en el caso que promovió allí el fondo buitre NML. El juez destacó en su pedido que lo que solicita es una “medida de naturaleza informativa” y que no se trata de una “medida de coerción o injerencia”.

Puede afirmase que la causa judicial se inició a raíz del programa de investigación periodística de Jorge Lanata, en Canal 13, una señal televisiva del Grupo Clarín que se encuentra abiertamente enemistado con el Gobierno. Allí se reveló los vínculos ocultos, aunque sospechados por todos, entre el conocido empresario y el Gobierno Nacional Argentino.

Se sospecha que desde el Gobierno se habrían lavado, en una primera etapa de pocos meses la suma de 550 millones de Euros, provenientes de la corrupción en la contratación de obras públicas, entre empresas privadas generadas especialmente para determinadas obras, y los funcionarios públicos de los Ministerios Nacionales.

Sin embargo puede también decirse que la acción judicial viene siendo demorada por la Justicia de Buenos Aires, desde hace más de 1 año, y que son pocas las expectativas que la ciudadanía tiene en el marco de la pesquisa judicial. En Argentina, se sostiene en este sentido, que el tiempo que pasa es la
verdad que huye.

Dr. Hugo Lopez Carribero
Corresponsal en Buenos Aires
Diario Rombe

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