El 3 de diciembre pero 24 años atrás, se produjo -durante el gobierno del presidente Carlos Menem- el último pronunciamiento “carapintada”. Liderados por el Coronel Mohamed Alí Seineldin, oficiales superiores, jefes, oficiales subalternos y suboficiales del Ejército, se rebelaron contra lo que consideraban una política de destrucción en curso de las instituciones armadas de la República.
Para ellos no existía otra opción que el pronunciamiento militar para denunciar la indefensión hacia la que marchaba el país, propiciada por quienes jamás se preocuparon por la soberanía e integridad territorial y por aquellos que, a pesar de su jerarquía, no se animaron a plantear el tema en la forma y en los niveles correspondientes.
Más allá de todas las especulaciones y consideraciones efectuadas sobre este episodio, a favor y en contra, vale la pena recordar, luego del hecho referido y al final del juicio militar, los considerandos del Fiscal de las Fuerzas Armadas, General de Justicia Dr. Carlos Horacio Domínguez, cuando para los jefes rebeldes solicitara al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la pena de muerte (fusilamiento) el 18 de diciembre de 1990:
“…que si la dirigencia política nacional no comprende esta ofrenda de sangre requerida por la ley militar, si prosigue en su irracional hostilidad y rencor hacia sus Fuerzas Armadas, si continua sembrando la discordia interna en el ámbito castrense y si los propios mandos militares no modifican las graves intolerancias que signaron muchos de sus pasos, puedo asegurar al Tribunal que el inmenso dolor de estas muertes habrá sido inútil y el Ejército estará perdido para siempre”.
A la semana de este duro pero valiente dictamen, el General Domínguez fue pasado a retiro por orden del entonces Subjefe del Ejército, General Martín Balza. A este militar “autocrítico y diplomático” le debe haber
molestado la honestidad intelectual, independencia de juicio y libertad de criterio del Fiscal Militar.
Pocos meses más tarde los militares rebeldes fueron nuevamente juzgados por la justicia civil. Vale la pena destacar lo que sostuvo la Excelentísima Cámara Federal en lo Penal al dictar sentencia encarando la calificación legal del hecho.
A fojas 2842 vta, puede leerse: “…no ha quedado acreditado así, que se pretendiese un golpe de estado, mediante el derrocamiento de alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, ni mucho menos que se obrara con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, extremos que no encuentran sustento alguno en las constancias fácticas de este juicio…”
Más adelante la Cámara Federal afirma a fojas 2871: “…Debe tenerse en claro que las conductas juzgadas han respondido en la inmensa mayoría de los casos a motivaciones de carácter idealista…”
Continuando a fojas 2873: “… Resta todavía destacar que en la conducta de los oficiales cuyas penalidades pueden ser mensuradas, no advierto motivaciones de ventaja personal. La mayoría exhibe foja de servicio destacada, con calificaciones de primera línea; varios han servido con mérito superlativo en combate y algunos tenían, al 3 de diciembre de 1990 la posibilidad relevante de ser ascendidos”
Finalmente, la Cámara Federal consideró lo previsto en el Código de Justicia Militar en el Art. 515. Inc. 6, que literalmente expresa: “Haber obrado por sentimientos de elevado valor moral o social” (foja 2863-2868). Pasaron 24 años, casi un cuarto de siglo, y cuesta aceptar que, como dijera “proféticamente” el General Auditor Domínguez y más allá que los fusilamientos no tuvieran lugar, que el Ejército Argentino se haya perdido para siempre… porque algo más importante será lo que se pierda, pues no habrá nada ni nadie que la defienda.
Dr. Hugo Lopez Carribero
Corresponsal de Buenos Aires
Diario Rombe
