Hay preocupación en los temperamentos de los jefes policiales de la Provincia de Buenos Aires, el lugar más densamente poblado de Argentina, por el avance del proyecto que crea las policías comunales. Si bien, por ahora la definitiva implementación pareciera acomodarse a mediano plazo, no es menos cierto que el congreso provincial avanza en tal sentido de manera más o menos uniforme.

La preocupación está centrada por tener que compartir el territorio, en especial el del conurbano, con una nueva fuerza de seguridad armada que no respondería al Ministerio de Seguridad provincial, sino a los intendentes comunales.
Esta inquietud representa la situación de tener que compartir la caja oscura que genera la piratería del asfalto; el juego clandestino; el comercio de estupefacientes; la actividad de las Brigadas de Investigaciones; el trabajo de las Direcciones de Investigaciones en materia de Automotores; y otras cuestiones del mismo calibre.
En todo caso, ¿los jueces provinciales a quienes les van a confiar sus órdenes de allanamientos? ¿A la Bonaerense, o la Policial local? ¿A quienes se les va a encomendar las tareas de observación y filmación de los domicilios donde se sospecha que funciona un bunker del narcotráfico?¿Los policías locales tendrán sus propias comisarías? ¿Los policías locales tendrán sus propias delegaciones de investigación en materia de drogas ilícitas? ¿Los desarmaderos de autos deberían pagar dos cuotas a partir de la creación de los policías comunales?.
La competencia siempre genera picazón, pero más aún cuando hay tantas cosas que ocultar en provecho propio, y aquellos que sostienen el sistema sobre la base de la conveniencia política y financieramente e impositivamente ajena a control se gubernamental.
Informa: Hugo Lopez Carribero corresponsal en Buenos Aires