Los jefes de Estado y de Gobierno africanos reunidos en la XXIII Cumbre de la UA celebrada en Guinea Ecuatorial la pasada semana votaron a favor de una enmienda que concede la inmunidad ante la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos.
La Corte Africana de Justicia y Derechos Humanas nacerá de la unión de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos con la Corte de Justicia de la Unión Africana, y tendrá jurisdicción sobre crímenes internacionales.Al margen de la decisión de la UA, la Corte Penal Internacional (CPI) retendrá el derecho a investigar a los mandatarios africanos.
A raíz del inicio del proceso contra ambos, los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UA debatieron el pasado octubre, en una cumbre extraordinaria, su salida de la CPI, por la que muchos dirigentes africanos se sienten acosados.
Finalmente, se acordó la creación de un comité para buscar aplazar los procesos judiciales contra los actuales presidentes de Kenia y Sudán (sobre el sudanés Omar Hasan al Bachir, en particular, pesa una orden de arresto internacional) mientras estén en el cargo.
Fuente: teinteresa.es
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Ventajas e inconvenientes de la Corte Penal Internacional
El intento de evitar la impunidad de quienes hayan cometido los crímenes más graves contra la humanidad –crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra o de agresión, según el Estatuto de Roma– es la labor más loable de la Corte Penal Internacional. Aun con la limitación de su competencia, ya que esta se extiente solo a los delitos de esta naturaleza cometidos en un Estado Parte en el Estatuto, por un nacional de ese Estado o en un buque o aeronave resgistrado en él, lo cierto es que la persecución y castigo a sus responsables es una importante contribución complementaria a la Justicia, teniendo en cuenta además que los delitos de referencia no se investigan a nivel interno de muchos Estados Partes.
En cuanto a sus inconvenientes, cabe señalar primeramente el siguiente dato curioso. Y es que dos de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Federación de Rusia –por tanto, con derecho a veto– no son Partes en el Estatuto. Por lo que la Corte Penal Internacional no puede actuar en los casos de crímenes cometidos en dichos Estados, en los buques o aeronaves resgistrados en ellos, ni por sus nacionales. En cambio, habida cuenta de que el Consejo de Seguridad tiene la facultad de instar a la Corte através del Fiscal de esta y en el marco del Capítulo VII de la Carta, a actuar frente a posibles crímenes cometidos en otros Estados según el Artículo 13, b) del Estatuo, resulta que cada uno de estos dos Estados sí puede perseguirlos desde el Consejo cuando le interesa, o vetar su persecución cuando afecta a sus intereses o aliados.
Por otra parte, aunque el Fiscal de la Corte puede iniciar de oficio la investigación de un crimen de la competencia de la Corte (Art. 15.1), la realidad es que, tratándose de un caso que afecta a las grandes potencias que son Partes en el Estatuto, los Fiscales suelen mirar para otro lado.
Desde esta perspectiva, las reticencias de los Jefes de Estado Africanos con relación a la imparcialidad de la Corte Penal Internacional no son infundadas, rigurosamente hablando. Pero de estas reservas a tratar de crear y esconderse en un sistema de aforamiento como se indica en la noticia, media un abismo. Aprobar enmiendas de aforamiento ante la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, transmite sensación de reconocimiento de culpabilidad. En vez de darse fueros para no ser juzgados a nivel internacional, deberían gobernar bien y en democracia a nivel nacional a los mismos efectos.
Sarkoszy, expresidente francés, imputado por presunta corrupción, les estaría echando de menos ahora a sus excolegas africanos.
El Observador