El Ministerio de Información, Prensa y Radio ordena borrar de la web de su Oficina de Prensa la noticia sobre las auditorias en dicho Departamento
La Oficina de Información y Prensa del Ministerio de Información, Prensa y Radio, publicaba en su web hace dos días, el 16 de febrero de 2014, la información sobre la reunión mantenida en el referido Ministerio por el Secretario de Estado de la Presidencia de la República, Encargado de Auditorías, con los diferentes Directores Generales del mismo, cuyo objeto consistía en instarles a la máxima colaboración en torno a las auditorías que se llevarán a cabo desde ese momento en dicho Departamento, con la finalidad de aclarar las múltiples irregularidades técnicas y de gestión que se registran y se denuncian de él, y que Diario Rombe ha venido publicando puntualmente desde que D. Teobaldo Nchaso Matomba es Ministro, haciendo uso de la libertad de expresión y del derecho a la información.
En su alocución, el Secretario de Estado puso de relieve –palabras transcritas y destacadas en cursiva por la Oficina de Información y Prensa– que la orden de efectuar dichas auditorías procedía del mismo Jefe del Estado, con la precisión de que el informe final correspondiente será trasladado directamente al mismo Presidente, para la toma de las medidas más oportunas de cara a erradicar las indicadas irregularidades. Por lo que les exigió a todos la máxima colaboración a estos efectos.
Curiosamente, la noticia en cuestión ha sido borrada de la web de la indicada Oficina (guineaecuatorialpress.com) justo cuando se hace pública la demanda del Ministro Nchaso contra el Director de Diario Rombe por supuestas difamaciones. No hay dudas de que esa orden proviene de él. ¿El Sr. Ministro ha ordenado la eliminación de dicha noticia para que no sea usada como prueba en su contra por el demandado en el juicio? Dicho de otro modo, ¿se ha borrado la citada información para que el demandado no la exhiba ante el Juez como demostración de que el Ministerio en cuestión, con su titular al frente, está salpicado de casos de corrupción y de mala gestión?
Y es que, cuando el Presidente de la República de Guinea Ecuatorial ordena la ejecución de una auditoría extraordinaria en una entidad, en calidad, se supone, de Ordenador Nacional de Pagos, significa que la situación concerniente es insostenible e insoportable en términos de alta malversación de fondos públicos.
La impresión que tenemos de esa orden de auditorías es que, en efecto, el Ministerio de Información debe de estar plagado de corrupción a todos los niveles. Si no, ¿el porqué de tantas denuncias formuladas por sus funcionarios y empleados? La punta del iceberg, la parte más visible de la desastrosa situación de referencia es el reconocimiento público que su Secretario General hace de los atrasos debidos al personal contratado por muchos meses, información transmitida por RTGE y, por tanto, pública.
El Ministro de Información, Prensa y Radio debería primero colaborar con la Secretaría de Estado de Auditorías en el sentido de poner a su disposición todos los datos que le requiera en el marco de esas auditorías, sin ocultar nada, e instar a sus colaboradores –Ministro Delegado, Viceministro, Directores Generales, Jefes de Sección, Funcionarios y empleados– a que digan la verdad a los auditores, con la garantía de no ser represaliados; luego hacer público el informe de sus resultados. Claro, como ha empezado por borrar la noticia, pues es posible que también ponga obstáculos a esos trabajos y no publique su informe final.
Como ha anticipado la interposición de una demanda de reparación de honores antes de la auditoría a su gestión, al menos, en aras de transparencia, que admita que sus Funcionarios, empleados y personal interino, que serían las fuentes de Diario Rombe, testifiquen en el juicio con las mismas garantía de no ser represaliados si lo hacen en su contra. De momento, creemos inoportuno exigir rectificaciones a quien ha publicado dichas informaciones cuando las auditorías pesan todavía sobre la cabeza del Sr. Ministro, que intenta ocultarlas a la opinión pública, quizás también a la judicial.
El Observador
6 Comments
Nchaso, un ministro sin siquiera valores morales………… me encontré con él en un restaurante en Bata, estuvo comiendo durante larguísimo tiempo con cuantas chicas, y sus ayudantes de campo esperándole dentro del coche, vi cómo uno de esos chicos fue a pedir agua de beber a un oriundo de esta zona, señal de que el agente no tenía ni cien en el bolsillo…… mucha gente en su ministerio comenta que hasta las dietas de sus ayudantes de campo no llegan a esos jóvenes militares, policías o lo que son, qué triste Nchaso, explotación de hombre a hombre? Un ministro pobre, no tienes culpa.
La Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Diputados y el Poder Judicial en Guinea Ecuatorial
A juzgar por el creciente número de ciudadanos que acuden a la Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Diputados del Parlamento de Guinea Ecuatorial, y la variedad de asuntos que los interesados someten a su consideración con la finalidad de obtener, mediante su mediación, la reparación de sus derechos presuntamente violados y que el Poder Judicial no quiere o no puede reconocerles o restituirles, la eficacia de la citada Comisión en la solución de muchos casos parece incuestionable. Pero también es la evidencia de la desconfianza que la población tiene en nuestro Poder Judicial.
Es de recordar que las cuestiones que los ciudadanos plantean ante dicha Comisión son de diversa naturaleza, desde disputas sobre la titularidad de un terreno o inmueble, hasta la imposibilidad de beneficiarse uno de lo acordado en una sentencia judicial firme, pasando por los desacuerdos sobre una herencia entre familiares; la negativa de una empresa a pagar la liquidación a sus antiguos empleados; el despido improcedente, o la usurpación por un Magistrado de Trabajo de un dinero depositado en su poder por una empresa en concepto de indemnización a sus exempleados (se los queda en vez de entregárselos), en virtud de su propia sentencia, entre otras.
Que los ciudadanos prefieran acudir con cada vez más constancia a la Comisión de Quejas y Peticiones en vez de ir a los juzgados para reivindicar sus derechos, es una clara manifestación de que el sistema judicial ecuatoguineano es menos confiable. Tal es así que hay quienes, con una sentencia judicial firme a su favor, vuelven a solicitar ayuda de la Comisión ante los infructuosos intentos de verse resarcidos en los términos de una sentencia que jamás se ejecuta. Y esto ocurre debido a que el condenado –empresa o individuo– se niega a ello contando con el amparo de un poder fáctico importante, o siéndolo él mismo, ante el que cualquier juez en Guinea Ecuatorial se pondría a temblar, y no se atrevería a hacerle nada, judicialmente hablando.
Por estas razones, el reforzamiento del sistema judicial en Guinea Ecuatorial debe estar centrado en la constitución de un Consejo General del Poder Judicial independiente, que vele porque el acceso a la carrera judicial tenga lugar sobre la base de los méritos de los interesados, con exigencia de requisitos iguales para todos; transparencia en la selección de los futuros jueces y magistrados, así como en los ascensos, cambios de destino; formación continua; amonestaciones, ceses, y aplicación del régimen disciplinario que se establezca. Por supuesto, con el amparo a los jueces y magistrados que lo soliciten.
El conjunto de los factores antes referidos y otros que se puedan tomar en la misma dirección, conferiría inamovilidad a los jueces y magistrados, lo que redundaría en su autonomía, imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones. De lo contrario, un juez que es nombrado y sabe puede ser cesado en cualquier momento y con carácter discrecional, es decir, libremente por el Ejecutivo, tendrá miedo a tomar decisiones que contravengan los intereses de quien le nombró, aunque fuesen acordes al Derecho, o se verá influenciado por él. En definitiva, una forma sencilla de que los jueces sean independientes en Guinea Ecuatorial es librarles de los poderes fácticos y alejarles de la corrupción, con las medidas precitadas.
Dicho lo cual, ¿debe la Cámara de los Diputados del Parlamento dejar de ejercer las funciones que la Ley Fundamental le confiere, para ocuparse de temas que deberían corresponder prioritariamente, según la misma Constitución, al Poder Judicial?
Y es que el control parlamentario, que incluye la actividad rogatoria –preguntas e interpelaciones del Parlamento– al Gobierno o a sus Miembros en materias de su competencia es, junto a la legislativa, una de las más importantes del Legislativo. Dice en este sentido el Artículo 81º de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial que:
«Compete a la Cámara de los Diputados:
»c) Interpelar a los Miembros de Gobierno sobre asuntos de su competencia y hacerlos comparecer ante la Cámara para que rindan explicaciones sobre su política general o sobre un asunto específico puesto bajo su responsabilidad».
Sin embargo, una Carta del Diputado del Grupo Mixto, D. Plácido Mico Abogó, al Presidente de la Mesa de la Cámara de los Diputados, D. Gaudencio Mohabá Mesu, fechada el 6 de noviembre de 2014, de la que hablaremos en otra ocasión, revela que la Mesa y su Presidente están recurriendo sistemáticamente a un veto general y continuado a sus peticiones de comparecencia en el Parlamento de los Miembros del Gobierno, durante las sesiones ordinarias. Veto que, sin lugar a dudas, constituye una dejación de una de las atribuciones esenciales del Parlamento en el estado de partidos.
Aun así, es de reconocer que la función de mediación que desempeña con cierta agilidad la Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Diputados del Parlamento ecuatoguineano, constituye un enorme alivio para ciudadanos que, de otro modo, se quedarían totalmente desamparados o, en efecto, lo quedan de un Poder Judicial inerte.
Pero, la situación no puede continuar así, que es la más parecida al refrán que dice: “parecer defender al débil”, cuanto más le quieres apoyar, menos se esfuerza, y así, los dos os acabáis sucumbiendo ante la adversidad, que es la que se está dando entre la Comisión de Quejas y Peticiones y el Poder Judicial en Guinea Ecuatorial.
El Observador
Porque no auditan la administración del puerto de Bata donde los hijos de Obiang,
Doris e Inocencio ngomo, estan robando dia y noche. La tal Doris hizo una transferencia de trescientos millones de francos en el banco BGFI para comprar una casa en España donde sacó todo ese dinero. No es nada más que una vulgar ladrona.
Nchaso, es un ladrón de guante blanco está saqueando el ministerio.
Me parece perfecto que se audite un Ministerio,es lo más normal,pero ya que vamos a AUDITAR,q se haga en todos los Ministerios.Sonó a bombo y platino o de los contenedores de 40 pies.Bla,bla……..y allí se quedó.Vaya dilema.
No debería haber duda alguna de que el Sr. ministro de Información haya desviado fondods públicos. Nchaso, es tan jovencito como los hijos de Obiang en la ASHO, de hecho su presencia en esa organización juvenil era bastante frecuente antes de que fuera nombrado ministro; él como todos los jóvenes de la ASHO están detrás de los cargos, con el objetivo de desviar fondos públicos tan pronto se encuentren en las sillas de poder; según comentan en círculos de amigos y familiares, no se dudarían de robar fondos públicos si descubriesen un canal de fuga de los mismos, porque es lo que han venido haciendo todos los miembros de gobiernos desde el 3 de Agosto de 1979, y ellos no pueden ser una excepción……………. Pero Teobaldo, como otros tantos jóvenes de la ASHO sin padrinos en el poder, nunca han llegado a preguntar cuál sería la cosnecuencia tras el robo al estado? Se le audita ahora al ministerio de Información porque en frente está Nchaso (uno sin padrino en el poder), por qué no se audita el ministerio de Minas, al puerto de Malabo, Gepetrol, Geproyectos, ministerio del Interior, sin mención al ministerio de Defensa, entre otros? Pobre Teobaldo, pobres los chicos de ASHO, tienen ojos pero ni ven ni quieren ver…