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Visos de inconstitucionalidad del Decreto por el que se disuelve el Poder Judicial

Visos de inconstitucionalidad del Decreto por el que se disuelve el Poder Judicial

Mediante Decreto de la Presidencia de la República nº 36/2015, de fecha 20 de mayo, se acuerda la disolución total del Poder Judicial en Guinea Ecuatorial, invocando el Artículo 41, inciso h, de la Ley Fundamental (guineaecuatorialpress.com).

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El Poder Judicial es el conjunto de jueces y magistrados, integrados en los Juzgados y Tribunales concernientes, con su rango jerárquico y competencias específicas, al frente de los cuales se encuentran el Tribunal Supremo y el órgano de gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial, con los que colaboran estrechamente el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial para impartir justicia o, si se prefiere, defender el imperio de la Ley. Por lo que entendemos que el Decreto en cuestión afecta a todas las estructuras mencionadas, a las que podría sumarse el Tribunal Constitucional que, aunque situado a caballo entre el Poder Legislativo y el Judicial, su función consistente en la justicia constitucional –conocer de los recursos o de cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes u otras disposiciones normativas con rango de ley, y de los recursos de amparo, entre otros– le sitúa parcialmente dentro del Poder Judicial, actuando simultáneamente como legislador negativo, en la medida en que las leyes declaradas inconstitucionales deben ser expulsadas indefectiblemente del Ordenamiento Jurídico en un Estado democrático.

En cuanto al citado Decreto, hay que resaltar que ni el mencionado Artículo ni ningún otro de la vigente Ley Fundamental facultan al Presidente de la República disolver el Poder Judicial:

Artículo 41 de la Ley Fundamental:

“El Presidente de la República ejerce además los siguientes poderes:

”h) Nombra y separa a los altos cargos civiles y militares, pudiendo delegar en el (sic) Vice-Presidente de la República o el Primer Ministro, el nombramiento de otros funcionarios civiles y militares”.

Que sepamos, no consta en tal enunciado ni puede desprenderse del mismo, ni por asomo, tal facultad. Y es que, de la atribución de nombrar y cesar a los altos cargos civiles, incluidos los integrantes del Poder Judicial, no se infiere potestad alguna del Presidente de la República de disponer la disolución de los órganos jurisdiccionales. Una cosa es poder nombrar o cesar, otra muy distinta es disolver un órgano:

Artículo 98:

“1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los Magistrados que la componen, son nombrados por el Presidente de la República para un periodo de cinco años.

Artículo 100º

”1. El Fiscal General de la República y los Fiscales Generales Adjuntos son nombrados y separados por el Presidente de la República.

Artículo 101º

”1. El Tribunal Constitucional se compone de un presidente y cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República; dos de ellos a propuesta de la Cámara de los Diputados y del Senado, respectivamente. El periodo de mandato de los Miembros del Tribunal Constitucional será de siete años” (fuente: guineaecuatorialpress.com).

¿Dónde está la facultad de disolución del Poder Judicial por el Presidente de la República?

Conviene recordar que uno de los requisitos exigidos por nuestra Constitución para postular a la Presidencia de la República es interpretar adecuadamente la propia Carta Magna, de lo que se deduce que una mala interpretación grave y continuada de la misma, puede ser causa de nulidad de una candidatura para el cargo, o de exigencia de dimisión al que ya lo es:

Artículo 35:

“Para ser Presidente de la República, se requiere:

”d) Saber interpretar la Ley Fundamental”.

En realidad, los casos de interpretación errónea y grave de la Ley Fundamental, manifestados en Decretos que la contradicen frontalmente como el recientemente promulgado con nº 36/2015, no son infrecuentes en Guinea Ecuatorial, y la posibilidad de recurrirlos, como sería lógico en condiciones normales, son nulas en la práctica. Es de recordar que los órganos autorizados a presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional según el Artículo 102 de la Ley Fundamental, son los siguientes:

a) El Presidente de la República, pero, en el presente caso, no puede recurrir su propio Decreto. Bastaría otro para anularlo.

b) El Vicepresidente de la República, tampoco, porque es nombrado y separado libremente por el Presidente de la República, y ha de pertenecer a su partido político (Art. 41, L.F.). No puede recurrir ante otro órgano una decisión de su superior jerárquico.

c) El Parlamento –en realidad, la Oposición parlamentaria–, ya que se exige a este efecto una mayoría cualificada de tres cuartos de los miembros de la Cámara de los Diputados y del Senado.

d) El Fiscal General de la República, al ser nombrado y cesado libremente por el Presidente de la República (Art. 100), tampoco.

En definitiva, los Decretos o Resoluciones Presidenciales derogan tácitamente artículos enteros de la Constitución, convirtiéndose así en reformas constitucionales encubiertas como consecuencia de la más grave interpretación incorrecta de la Ley de leyes, y no son recurribles en Guinea Ecuatorial.

Por otra parte, si conforme al Artículo 41, inciso a) de la Ley Fundamental, el Presidente de la República tiene el deber de garantizar su aplicación, el funcionamiento de los poderes públicos y la continuidad del Estado, cabe preguntarse si la promulgación de este tipo de Decretos, con visos de inconstitucionalidad, a nuestro juicio, constituye una manifestación de dichas garantías. Nosotros entendemos que no. Todas las normas deben emanar de la Constitución y ser coherentes –y no contradictorias– con ella, y procurar la conformidad de las primeras con la segunda, forma parte del deber de velar por su correcta aplicación. Un Decreto inconstitucional es incompatible con la obligación de defender la Constitución por más que sea invocada para precisamente para vulnerarla.

El Observador

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