El pasado 25 de junio de 2025, Diario Rombe publicó en exclusiva un audio grabado en una reunión privada en el que María Cristina Mikue Obiang Nchama, Directora y Cofundadora de la compañía Punta Europa Aviación S.A., reconocía haber pagado una comisión ilegal de 10 millones de francos CFA en efectivo al entonces Secretario de Estado de Aviación Civil, Alfonso Osa Nguema Mokuy, sobrino de Alejandro Envoro Ovono. Lo hizo, según sus propias palabras, para garantizar la aprobación de documentos técnicos necesarios para que Punta Europa Aviación SA pudiera operar.
La confesión, grabada sin saberlo, destapó el funcionamiento interno de una red de favores, sobornos y tráfico de influencias dentro del aparato estatal de Guinea Ecuatorial. La operación, tal como detalla Mikue en el audio de 1 minuto y 4 segundos, se realizó fuera de los cauces oficiales, sin factura, sin registro y con la intermediación de la empresa Andoga, propiedad de Alejandro Envoro Ovono, marido de Mikue y tío del funcionario sobornado.
“Alfonso es sobrino de Alejandro y me está sacando un dinero. Ayer mismo le mandé a las oficinas de Andoga a cobrar 10 millones de francos, que no tienen nada que ver con Punta Europa, solo para que nos aprueben todos los manuales. […] Aquí no hay ninguna factura. Yo le mandé a Andoga ayer. ¿Por qué? Porque algo que puedo pagar a 5.000 euros, si lo pago a 10.000 y me ahorra 50.000, yo lo pago.”
Favores de primera clase: vuelos gratuitos y conflicto de intereses
Las prácticas corruptas no se limitaron al pago en efectivo. Diario Rombe también ha tenido acceso a correos internos y documentos de vuelo que revelan que Alfonso Osa Nguema Mokuy —cuando aún ejercía funciones como Secretario de Estado— viajaba gratuitamente en clase Business con Punta Europa Aviación, junto a una mujer identificada como Agustina Mangue Nguema Mokuy.
En temporada alta, esos billetes superan los 2.000 euros por trayecto, pero en este caso los gastos fueron absorbidos por la aerolínea que debía estar sometida a la regulación y fiscalización de Alfonso. Un correo fechado el 4 de agosto de 2022, enviado por Mercedes Modu Ebuka, empleada del Departamento Comercial de la aerolínea, confirma que el billete fue autorizado por “la Sra. Mary” —seudónimo utilizado internamente para referirse a María Cristina Mikue Obiang. La instrucción fue enviada directamente a Summerwind GSA, la empresa intermediaria encargada de gestionar vuelos chárter entre Plus Ultra Líneas Aéreas y Guinea Ecuatorial.
El itinerario autorizado para Alfonso incluía vuelos Malabo-Madrid (9 de septiembre de 2022) y Madrid-Malabo (16 de septiembre de 2022). La gratuidad de estos billetes, en beneficio de un funcionario público, viola flagrantemente cualquier norma anticorrupción y confirma un patrón de colaboración ilegal entre regulador y empresa regulada, alimentado por vínculos familiares y empresariales.
Ceiba Intercontinental: la otra trama
Los escándalos que rodean a Alfonso Osa Nguema Mokuy no acaban en Punta Europa Aviación SA. En 2023, su nombre volvió a la primera línea tras conocerse una auditoría que descubrió un desfalco de más de 5.400 millones de francos CFA en la aerolínea estatal Ceiba Intercontinental, durante el período en el que Alfonso fue Director General e interino.
La Fiscalía abrió una causa penal contra ocho exdirectivos, entre ellos Alfonso, imputado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de funciones y apropiación indebida. La acusación solicita para él hasta 8 años de prisión, el embargo preventivo de sus bienes, y la devolución de los fondos desviados, además de multas por daños al erario público.
En sede judicial, Alfonso intentó evadir responsabilidades señalando al director financiero como autor de los pagos irregulares. Sin embargo, este lo desmintió rotundamente:
“Un director financiero no puede realizar pagos sin el consentimiento del director general”, afirmó durante su declaración.
La contundencia de las pruebas llevó al juez a ordenar el embargo de bienes de todos los implicados en agosto de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna sentencia ha sido dictada y Alfonso continúa en libertad y sin sanción administrativa.
