La República de Guinea Ecuatorial tiene otro frente abierto con la empresa Marseille Kliniken AG que tenía que haber sido resuelto el pasado 16 de abril de 2018.

Diario Rombe se reserva el derecho de no publicar toda la documentación

Según ha podido tener en conocimiento este periódico, la empresa ha formulado una nueva demanda ante la Cámara de Arbitraje de Zúrich contra la República de Guinea Ecuatorial. En esta ocasión, le exigen al Régimen de nuestro país 60.000.000 de euros en concepto de indemnización por haber cancelado un contrato cuya finalización estaba prevista para el 2020.

El Tribunal falló a favor de Marseille Kliniken y obligó a Guinea Ecuatorial a compensar económicamente a esta sociedad. No obstante, entendió que las cantidades exigidas eran excesivas, por lo que optó por reducirlas hasta un 86%. De esta manera, el Gobierno tendrá que pagar 7.380.611 euros, a los que habría que añadir el 5% que corresponde a los intereses y gastos judiciales. En total, la indemnización sería de 9.471.033,12 euros.

Al parecer, la entidad alemana no quedó conforme con la sentencia y decidió recurrirla ante la Corte Suprema de Zúrich el pasado 18 de febrero. Con esta apelación, la empresa pretende hacer vales sus derechos y que Guinea Ecuatorial pague los 60.000.000 de euros que les demandan.


Los Fondos de Reserva saldaron otra deuda con Marseille Kliniken

El 14 de diciembre del 2009, el gobierno guineano representado por Marcelino Oyono Ntutumu firmó un contrato millonario con Marseille Kliniken para gestionar y administrar la Clínica la Paz de Bata. El incumplimiento del acuerdo por parte de Guinea Ecuatorial provocó que la parte afectada denunciara el asunto ante la Cámara de Comercio de Zúrich en Suiza.

Tal como publicó Diario Rombe el 5 de marzo del presente año, el gobierno de nuestra nación pagó con muchas dificultades la deuda de 16.460.218,77 euros contraída con la sociedad Marseille Kliniken AG, como consecuencia de la sentencia arbitral del 5 de diciembre de 2014, en donde se obligaba al país a pagar la indemnización y las costas derivadas del proceso judicial. Esta cantidad fue abonada, cabe decir, con los Fondos de Reserva del Estado.

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