La Resolución nº 1/2017, de fecha 2 de mayo, por la que el Ministro del Interior y Corporaciones Locales, Clemente Engonga Visos de inconstitucionalidad de la Resolución nº 1/2017, del Ministerio del InteriorNguema Onguene, hermano del Defensor del Pueblo, Marcelino Nguema Onguene, suspende durante 72 horas el servicio de taxi en todo el ámbito nacional de Guinea Ecuatorial, adolece, en nuestra opinión, de evidentes visos de inconstitucionalidad o de disconformidad con la Ley Fundamental.

En efecto, nuestra Ley Fundamental establece en su artículo 13 lo siguiente:

Todo ciudadano goza de los siguientes derechos y libertades:

«d) A la libre circulación y residencia, y l) a la libertad de trabajo».

Una suspensión general de la circulación de taxis comporta limitaciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos, en tanto que medio de transporte; al mismo tiempo que supone una prohibición general de los taxistas a trabajar. Por consiguiente, se trata de una medida excepcional que afecta al ejercicio de estos dos derechos fundamentales. Su trato ha de ser también excepcional, situación asimisma prevista en la Ley Fundamental por cuanto que recoge la posibilidad de que el Gobierno decrete los estados de alarma, de excepción o de sitio cuando las circunstancias lo exijan, con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento de las instituciones y el disfrute de los derechos.

El artículo 44 de nuestra Carta Magna se ocupa de las previsiones para declarar una situación de anormalidad constitucional en estos términos:

1. El Presidente de la República, cuando las circunstancias lo demanden, podrá declarar mediante decreto el estado de alarma, el estado de excepción o de sitio, informándolo a la Cámara de los Diputados y al Senado.»

2. La proclamación del estado de alarma, de excepción o de sitio deberá determinar expresamente los efectos del mismo y el ámbito territorial a que se extiende su duración.»

3. La ley regula los estados de alarma, de excepción y de sitio, así como las competencias y limitaciones correspondientes.»

4. No podrá proceder a la disolución de las Cámaras del Parlamento mientras están declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo.»

5. Por la actuación de bandas armadas o de elementos terroristas, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos y garantías reconocidos en la Ley Fundamental podrán ser suspendidos de forma individual o colectiva para personas determinadas conforme a la Ley”.

Es este último párrafo 5, el que faculta al Gobierno suspender ciertos derechos fundamentales en el marco de la vigencia de cualquiera de los tres estados, pero mediante un decreto promulgado por la Presidencia de la República, con control parlamentario y judicial. La finalidad de estas cautelas radica en restablecer la situación de normalidad, controlar posibles abusos de autoridad en la actuación de los poderes públicos, incluidos los agentes de las fuerzas y cuerpos del orden, y evitar eventuales consecuencias irreversibles ligadas a la suspensión.

En otras palabras, si los taxistas forman parte de las bandas criminales existentes en Guinea Ecuatorial tal como se indica en la Resolución de Clemente Engonga Nguema, este debía previamente someter al Consejo de Ministros una propuesta de declaración del estado de alarma. Un decreto presidencial posterior con las cautelas antes mencionadas daría sostenibilidad legal a la suspensión.

Por otra parte, parece haber constancia de que no solo se han suspendido al margen de la ley las garantías constitucionales de libre circulación de los ciudadanos y de trabajo de los taxistas, sino también les estarían imponiendo a estos últimos sanciones no previstas en ninguna ley de Guinea Ecuatorial. Comentarios en las redes sociales señalan que se están produciendo detenciones a los taxistas por el simple hecho de no circular sin la famosa ‘autorización especial’, una contradicción monumental. ¿Ya es norma en Guinea Ecuatorial cumplir con una resolución gubernamental? No circulan por carecer todavía de la ‘autorización especial’, lo que las autoridades interprentan como apoyo a la huelga, y los detienen.

Pues no, el precitado artículo 13 de la Ley Fundametal establece que no hay castigo que no venga contemplado en la ley, y si hay duda, no hay castigo (“in dubio pro reo”):

Todo ciudadano goza de los siguientes derechos y libertades:

s) A no ser castigado por un acto u omisión que en el momento de cometerse no estuviese tipificado ni castigado como infracción penal; ni se le puede aplicar una pena no prevista en la ley. En caso de duda, la Ley Penal se aplica en el sentido más favorable al reo”.

Clamente Engonga Nguema Onguene se ha saltado todas las previsiones constitucionales y legales, al igual que sus agentes en el terreno. Para él ha sido suficiente destacar al final de su Resolución que, además de Ministro del Interior y Corporaciones Locales, es Viceprimer Ministro Primero del Gobierno, Encargado del Sector Político y de la Democracia. La exhibición de su autoridad en un documento ha sido bastante para sustituir los procedimientos legales. Sin embargo, nada de esto subsana las apariencias de inconstitucionalidad de la Resolución prohibitiva del ejercicio de sendas garantías constitucionales.

El Observador

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