Por Migrañoza
Durante los últimos meses han salido a la luz unos documentos que podrían desmantelar todo un entramado de corrupción dentro de algunas legaciones diplomáticas de Guinea Ecuatorial en el extranjero. Las prácticas irían desde malversación de fondos públicos hasta irregularidades en las contrataciones del personal. Pese a todo, nunca pruebas como éstas han terminado siendo motivos suficientes para que se abran expedientes judiciales y muchas veces, ni siquiera, para que se investigue más allá de los círculos periodísticos.
Una tendencia que hoy se ve irrumpida por la entereza de un hombre que siendo tan solo un mero empleado de bajo rango dentro de una legación diplomática ha conseguido, por primera vez en la historia de Guinea Ecuatorial, llevar a los tribunales a su máximo jefe que es, ni más ni menos, que el Embajador-Representante de la Misión Permanente de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas en Nueva York, Anatolio Ndong Mba (Declaración del Pedro Ayekaba).
De acuerdo con el relato del denunciante Pedro Micha Ayekaba, uno de los conductores que presta sus servicios a esta legación permanente desde el 12 de julio de 2012, el diplomático incumplió su compromiso de proporcionarle a Ayekaba alojamiento, seguridad social, un seguro médico y un salario de 4.200 dólares mensuales que se irían aumentando en 300 dólares cada 3 años. Ninguna de estas promesas fue cumplida y ni siquiera garantizadas mediante un contrato firmado ya que el Embajador siempre sostuvo que, por directrices del Departamento de Asuntos Exteriores, “no hacían contrato laboral a nadie”.
Por estos cargos el pasado mes de enero se celebró la primera vista oral ante el juez Paul G. Gardephe del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York a la que Anatolio Ndong Mba no asistió enviando en su representación a un abogado quien sustentó su defensa con documentos aparentemente firmados por Ayekaba pero que, según el denunciante, se trataría de documentos falsificados. Entre los documentos presentados figuraba un contrato laboral supuestamente firmado por Pedro Micha Ayekaba y cheques que, según el denunciante, nunca recibió.
La celebración de este juicio es solo la punta del iceberg de la lucha que ha tenido que librar Pedro Micha Ayekaba durante los últimos siete años de estancia en Estados Unidos en los que ha tenido que sobrevivir con un salario inicial de 2.000 dólares y que después, a regañadientes, le aumentaron en 2.250 dólares con los que tiene que costear su propio alojamiento, comida y transporte. Además, al no contar con un seguro médico ni contra accidentes, éste último básico para un conductor, ha tenido que asumir los gastos derivados de un accidente que tuvo porque según el Embajador “los gastos del accidente corrían a cargo del conductor”, que a su juicio trabajaba con “mala intención”.
A lo largo de todo este proceso, el Embajador ha echado balones fuera arguyendo que esta situación se escapa de su competencia. Una de las jugadas que usó para apaciguar las reivindicaciones de Ayekaba y de algunos compañeros suyos que se encontraban trabajando en situaciones similares —14 horas al día, 6 días a la semana y sin cotizar ni en Estados Unidos ni en Guinea Ecuatorial porque los pagos se hacían en B—, fue decirles que escribieran una carta al Jefe de Estado, Teodoro Obiang Nguema, exponiendo sus quejas y que él se comprometía a entregársela. Tras uno de sus viajes a Malabo, Anatolio Ndong Mba les dijo que por autorización del presidente les iban a hacer “a todo el mundo seguros médicos, seguridad social, y un aumento salarial”. Estos cambios nunca se llevaron a cabo. Ni siquiera se sabe si dicha carta en realidad llegó a estar en manos de Obiang Nguema. Es otro de los hechos que también tendrá que aclarar el diplomático ante el juez.
En la actualidad, Pedro Micha Ayekaba se encuentra revocado de su salario, sin trabajo y a la espera de que la justicia estadounidense dicte sentencia contra el máximo representante de Guinea Ecuatorial antes las Naciones Unidas. Un hecho sin precedentes que, aún sin conocer el desenlace, podría sentar jurisprudencia a otros muchos casos de abuso de poder por parte de altos mandos públicos y diplomáticos en el país y en el extranjero.
