Juan Olo Mba Nseng y Francisco Evuy han maniobrado descaradamente para evitar el pago de la deuda que GEproyectos tiene con Dion Phoenix Equatorial Guinea SA, utilizando el sistema judicial corrupto para bloquear cualquier intento de la empresa de cobrar lo que se le debe. A pesar de que la deuda fue reconocida en noviembre de 2021, ambos funcionarios han preferido entorpecer el proceso, negándose a pagar y amenazando con juicios, una muestra evidente de la mala fe del Estado y de su falta de voluntad para cumplir con sus obligaciones contractuales.
El caso de Dion Phoenix Equatorial Guinea SA, filial de la holandesa Dion Phoenix Holdings B.V es solo un ejemplo de la inseguridad jurídica en Guinea Ecuatorial, donde los empresarios extranjeros son víctimas de un sistema diseñado para proteger a la élite corrupta del régimen de Obiang Nguema. Los inversores son forzados a aceptar socios locales poderosos para acceder a contratos estatales, y cuando surgen disputas, las autoridades utilizan su control sobre el poder judicial para intimidar y silenciar a los abogados como Ponciano Mbomio Nvo, Gemma Jones Ndjoli, Fabian Nsue Nguema,que los defienden.
Uno de los objetivos más recientes de esta persecución es el abogado Ponciano Mbomio Nvo, quien ha sido víctima de una implacable campaña de intimidación debido a su representación de la empresa Dion Phoenix. Mbomio, conocido por defender a inversores extranjeros y opositores políticos, ha sido blanco del sistema judicial controlado por Olo Mba Nseng durante los últimos 16 años, quienes no han dudado en emplear tácticas de hostigamiento personal para obligarlo a abandonar el caso. En 2008, fue suspendido por un año tras asumir el caso Fitzpatrick, aunque el verdadero motivo fue su defensa del opositor Faustino Ondo Ebang. En 2012, fue suspendido nuevamente por dos años, esta vez tras defender al empresario italiano Gimmy Ricci, socio de la familia Obiang. Sin embargo, la sanción buscaba castigar su participación en la defensa del difunto opositor Dr. Wenceslao Mansogo.
La persecución alcanzó un nuevo nivel cuando, en la madrugada del 26 de septiembre, la esposa de Mbomio fue detenida arbitrariamente por la gendarmería nacional. A pesar de que la mantuvieron retenida durante varias horas desde las 5 de la madrugada del 26 de septiembre hasta las 12 del mediodía, su liberación sólo ocurrió después de la presión ejercida en redes sociales, bajo la excusa de una «confusión». Sin embargo, las investigaciones de Diario Rombe dejaron claro que esta detención fue una maniobra orquestada por la Abogacía del Estado para intimidar a Mbomio y detener su defensa de Dion Phoenix.
Estas acciones demuestran que, en Guinea Ecuatorial, el poder judicial es una herramienta al servicio de un sistema corrupto, utilizado para evadir responsabilidades y proteger a quienes gobiernan, mientras se persigue a aquellos que buscan justicia. Las empresas extranjeras, como Dion Phoenix, se enfrentan a un escenario donde no solo deben luchar por sus derechos contractuales, sino también resistir las constantes amenazas y presiones del Estado.
El Caso Dion Phoenix
Hasta la aprobación del Decreto Nº 72/2018, que reformó el Decreto Nº 127/2004, los inversores extranjeros en el sector no petrolero de Guinea Ecuatorial estaban obligados a asociarse con un guineano que controlara el 35% de las acciones de la empresa. Este 35% ha sido controlado sistemáticamente, de manera directa o a través de empresas conectadas a los poderosos del régimen, garantizando así que el gobierno adjudicara contratos bajo la amenaza de no obtenerlos si no cumplían con esta condición.
Durante el auge del petróleo, una multitud de inversores extranjeros se adentró en Guinea Ecuatorial, dispuestos a participar en grandes proyectos como la ciudad de Oyala. Entre ellos estaba la firma holandesa Dion Phoenix Holdings B.V. El 20 de enero de 2010, tras negociaciones con las autoridades, se constituyó Dion Phoenix Equatorial Guinea SA con un capital de 10.000.000 FCfas. Según lo exigido por el Decreto Nº 127/2004, Dion Phoenix Holdings B.V., representada por Emma Solomons, se quedó con el 60% de las acciones, mientras que el 40% fue a parar a COGE SA, propiedad de Agustín Nze Nfumu, un político influyente. Desde ese momento, y como es habitual cuando altos cargos del régimen están involucrados, Dion Phoenix Equatorial Guinea SA empezó a recibir adjudicaciones de la Oficina Nacional de Planificación y Seguimiento de Proyectos (GEproyectos), presidida por Francisca Obiang Jiménez.
El 10 de octubre de 2011, según documentos obtenidos por Diario Rombe, GEproyectos extendió una invitación oficial a Dion Phoenix Holdings B.V. para negociar los términos contractuales de un hotel de 5 estrellas en el Paseo Marítimo de Bata. En 2012, se firmó un contrato con un valor de 75.827.615.746 FCfas para la construcción y gestión del hotel durante 24 meses, con el 70% del financiamiento a cargo del gobierno y el 30% por parte de la empresa. La responsabilidad del pago recaía en la Comisión Nacional de Pagos, a través del Ministerio de Hacienda y Presupuestos.
Sin embargo, comenzaron los problemas. Inicialmente, a Dion Phoenix se le asignó un terreno en Ekomba, luego en el Paseo Marítimo. Cuando la empresa inició las obras, GEproyectos, de manera arbitraria, informó que el terreno había sido reasignado a otra compañía. Posteriormente, se le ofreció un nuevo terreno en Ekuku, frente al Palacio Presidencial. Dion Phoenix, en su intento de avanzar, “solicitó una línea de crédito al Banco Nacional de Guinea Ecuatorial para poder continuar”.
De manera inesperada y sin justificación, GEproyectos ordenó paralizar las obras. Argumentaron que el terreno no era adecuado, ya que requeriría grandes esfuerzos para desalojar a los residentes cercanos. Como compensación, se ofreció a la empresa holandesa proyectos equivalentes al valor del contrato original (75.000.000.000 FCfas) por la cancelación unilateral del acuerdo, lo cual Dion Phoenix aceptó.
Este caso es un claro ejemplo de la falta de seriedad y el caos con el que operan las autoridades guineanas. Las instituciones manipulan la normativa y las adjudicaciones a su antojo, dejando a los inversores extranjeros completamente desprotegidos y a merced de un sistema corrupto. El hecho de que una empresa extranjera deba ceder el control a socios del régimen para obtener contratos revela la verdadera naturaleza de un sistema que se sustenta en el abuso de poder y la opacidad. En Guinea Ecuatorial, la justicia y la seguridad jurídica son ilusorias; el régimen utiliza el poder judicial como un arma para proteger sus intereses y silenciar cualquier intento de justicia.
El colapso de la relación con Agustín Nze Nfumu y el declive de Dion Phoenix Equatorial Guinea SA
Como compensación por la cancelación unilateral del contrato para construir un hotel de 5 estrellas en Bata, GEproyectos otorgó en 2013 a Dion Phoenix Equatorial Guinea SA dos nuevos contratos que sumaron menos de la mitad del proyecto hotelero cancelado. El primero fue un contrato para la construcción de un edificio administrativo de 10,520 m², con 7 plantas y 125 oficinas, incluido el amueblamiento, en la Ciudad de Oyala, por un monto irrisorio de 24.000.000.000 FCfas, a entregarse en un plazo de 24 meses. El segundo contrato consistía en la construcción de un Centro Profesional Audiovisual Industrial, que incluía urbanización, equipamiento y suministro de energía solar en la Ciudad de Oyala, por un importe de 3.324.414.814 FCfas, también con un plazo de 24 meses.
GEproyectos, al informar a Dion Phoenix que estos dos proyectos servirían como compensación, demostró una falta de respeto absoluta hacia los inversores extranjeros, dando a entender que podían aceptar cualquier cosa para seguir operando en Guinea Ecuatorial. No obstante, los trabajos realizados en los terrenos del proyecto de construcción del hotel y los gastos incurridos por cambios de terreno y modificaciones de diseño no han sido cobrados hasta la fecha de redacción de esta historia, reflejando una falta de seriedad y compromiso por parte de GEproyectos.
Según documentos consultados por este periódico, el coste de los trabajos realizados para el proyecto del hotel de 5 estrellas ascendió a 2.981.069 FCfas. GEproyectos, al cancelar unilateralmente los contratos, tiene la obligación de abonar un 10% del importe total del contrato. Sin embargo, a pesar de que este pago ha sido reclamado durante los últimos seis años, “los intereses pueden calcularse a la tasa habitual por el término de los años posteriores a la cancelación”, pero Dion Phoenix SA solo ha reclamado el pago del trabajo ejecutado, evidenciando la falta de protección que sufren las empresas extranjeras en un entorno de corrupción institucional.
La situación se deterioró aún más meses después de la adjudicación de los contratos, cuando la relación entre los inversores extranjeros y Agustín Nze Nfumu, presidente del Consejo de Administración de Dion Phoenix Equatorial Guinea SA, se desmoronó debido a las decisiones unilaterales de Nze Nfumu. Según el acta de la reunión del 27 de enero de 2014 en Malabo, obtenida por Diario Rombe, Chidinma Emma Okechukwu, Directora General y representante del socio mayoritario, anuló todos los documentos firmados por Nze Nfumu, incluidos los enviados a la presidenta de GEproyectos y a los directores de BANGE y ECOBANK.
Nze Nfumu fue expulsado del accionariado, y su 40% de acciones que él valoraba en 300.000.000 FCfas, fue adquirido por los socios mayoritarios. No se marchó sin compensación: recibió un pago por sus acciones, 6.000.000 FCfas por su salario de diciembre y 3.000.000 FCfas por el alquiler de su vivienda en Malabo. Además, se realizaron pagos oscuros, como 5.000.000 FCfas a Pedro Ondo Ngua, alto cargo del régimen, por motivos no aclarados, y 5.000.000 FCfas a Vicente Nze Eloma, hijo de Nze Nfumu, por su salario de diciembre de 2013. Este entramado no es un caso aislado; representa una clara señal de la corrupción que permea las decisiones de GEproyectos y su relación con las empresas extranjeras.
Un año antes, el 27 de enero de 2013, Chidinma Emma Okechukwu y Roelof Van Der Meer, quienes controlaban el 100% de las acciones, cedieron el 35% de la compañía a Jacinto Nguema Owono, alto funcionario del Ministerio de Hidrocarburos y colaborador cercano de Gabriel Mbega Obiang Lima, por un valor de 3.500.000 FCfas. Esta transacción fue ratificada en la Junta General Extraordinaria de la empresa el 11 de febrero de 2014, poco después de la expulsión de Nze Nfumu.
En dicha junta, los accionistas, incluido Nguema Owono, acordaron reunirse anualmente para evaluar los resultados económicos y distribuir los beneficios. A Nguema Owono le correspondería el 7% de los dividendos, mientras que los socios mayoritarios se repartirían el 93%. Sin embargo, en febrero de 2017, Chidinma Emma Okechukwu y Roelof Van Der Meer comunicaron a Jacinto Nguema Owono la cancelación de su participación como socio de la empresa, evidenciando el juego de poder que prevalece en el entorno empresarial de Guinea Ecuatorial.
GEproyectos: Deudas impagas y trabajos adicionales no compensados
De los dos proyectos adjudicados por GEproyectos a Dion Phoenix en 2013 —la construcción de un edificio administrativo de 10,520 m², con 7 plantas y 125 oficinas, y la construcción de un Centro Profesional Audiovisual Industrial en Oyala— surgieron costos considerables para la empresa, como parte de la compensación por la cancelación unilateral del contrato del hotel de 5 estrellas en Bata.
En el caso del edificio administrativo, Dion Phoenix tuvo que rediseñar el proyecto original de 14 plantas a 7, manteniendo el estilo y la perspectiva, lo que supuso un esfuerzo técnico y arquitectónico innecesario. Un diseño completamente nuevo habría sido más sencillo, pero se optó por la modificación para ajustarse a las demandas del cliente. Según los contratos, los proyectos debían pagarse de acuerdo con las certificaciones de obra. A pesar de que estas certificaciones fueron aprobadas por las empresas supervisoras y aceptadas por GEproyectos, no se ha recibido ningún pago desde finales de 2016, por un monto acumulado de 3.800.000.000 Fcfas.
Además, en 2013, bajo la supervisión de las autoridades de Djibloho (anteriormente Oyala), Dion Phoenix fue obligada a crear una entrada alternativa en un terreno adyacente, una responsabilidad que correspondía a otra empresa contratada para dicho trabajo. Esta labor extra, que incluyó movimientos masivos de tierra, tala de árboles, excavación y nivelación, fue facturada en 1.643.402.411 Fcfas. Sin embargo, a pesar de las múltiples solicitudes, esta deuda también permanece impaga.
GEproyectos no ha demostrado voluntad de cumplir con sus compromisos financieros, dejando a Dion Phoenix atrapada en un ciclo de reclamaciones sin respuesta.
GEproyectos incumple su compromiso de pago con Dion Phoenix
El 13 de enero de 2021, GEproyectos y Dion Phoenix Equatorial Guinea SA firmaron un acuerdo para resolver amigablemente cualquier controversia derivada de incumplimientos contractuales. Sin embargo, ese compromiso ha sido violado. A pesar de que el acuerdo establece que GEproyectos debía reconocer y aceptar todas las certificaciones presentadas por Dion Phoenix, estas siguen sin ser pagadas.
El contrato para la construcción de un edificio administrativo de 10.520 m² en Oyala, con un presupuesto de 24.000.000.000 FCFAs y un plazo de 24 meses, ha sido otro ejemplo de mala fe. A finales de 2019, Dion Phoenix envió una carta al presidente Teodoro Obiang Nguema reclamando pagos pendientes: 2.981.069.116 FCFAs por el proyecto del hotel en Bata, 3.896.014 FCFAs por el edificio administrativo, y 1.643.402.411 FCFAs por trabajos adicionales de desbosque y apertura de accesos en Oyala.
A pesar de la claridad del acuerdo y la documentación que respalda las reclamaciones de Dion Phoenix, la empresa no ha recibido los pagos acordados. GEproyectos, bajo la presidencia de Francisca Obiang Jiménez, paralizó el proyecto en Oyala, alegando falta de fondos y acordando que su reanudación dependería de la disponibilidad económica de la administración. Ambas partes acordaron abstenerse de demandas o reclamaciones mientras tanto, lo que no justifica la falta de pago de trabajos ya realizados.
Este incumplimiento no solo viola el acuerdo firmado, sino que también deja a Dion Phoenix atrapada en un limbo legal, con millones de FCFAs adeudados y sin ninguna respuesta efectiva del Estado.
GEproyectos reconoce la deuda pero amedrenta a inversores Holandeses
Entre enero y mayo de 2021, Dion Phoenix envió múltiples cartas a GEproyectos exigiendo el pago de una deuda de 7.880.002.573 FCFAs, más intereses de 15.012.860.461 FCFAs, en un intento de solucionar el conflicto de forma amistosa. Ante la falta de respuesta, el 29 de octubre de 2021, los representantes legales de la empresa holandesa anunciaron el inicio de acciones legales contra GEproyectos y el Gobierno de Guinea Ecuatorial.
El 15 de noviembre de 2021, GEproyectos reconoció oficialmente la deuda en una carta, prometiendo la tramitación urgente del pago. Sin embargo, tres años después, nada ha cambiado hasta el 28 de julio de 2024. El verdadero obstáculo: Juan Olo Mba Nseng, el hombre que maneja el sistema judicial de Guinea Ecuatorial a su antojo. Como controlador absoluto de los jueces del país y responsable del nombramiento del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Olo Mba Nseng ha convertido el sistema judicial en su herramienta personal.
En lugar de honrar la deuda, Olo Mba Nseng optó por la estrategia más común en Guinea Ecuatorial: inventar delitos contra los inversores extranjeros. Bajo sus órdenes, la Comisión Jurídica inició una campaña de intimidación contra Dion Phoenix, buscando forzar su retirada a través de acusaciones fabricadas.
Este abuso de poder refleja la corrupción y falta de justicia que imperan en el país. No solo se niegan a pagar lo que deben, sino que recurren a la manipulación judicial para proteger los intereses de quienes controlan el sistema, perjudicando gravemente a las empresas extranjeras que se atreven a reclamar sus derechos.
El Abuso sistemático del poder judicial para evitar pagar a inversores extranjeros
A pesar de haber reconocido la deuda de 7.880 millones de Fcfas con Dion Phoenix Holdings B.V., GEproyectos, bajo las órdenes de la Abogacía del Estado, decidió no pagar ni un céntimo. En lugar de honrar sus compromisos, optaron por una táctica bien conocida en Guinea Ecuatorial: inventar delitos para justificar su negativa a pagar. Este método, que busca arruinar a los inversores extranjeros, es una estrategia habitual del régimen, que manipula las leyes y se apropia de los proyectos realizados por empresas internacionales.
En lugar de recibir la transferencia esperada, Dion Phoenix fue notificada el 28 de julio de 2024 de un nuevo proceso legal inventado por Juan Olo Mba Nseng, el auténtico amo del sistema judicial guineoecuatoriano. Este hombre, que controla a todos los jueces y fue responsable del nombramiento del actual presidente de la Corte Suprema, inventó una reclamación por «daños y perjuicios, deudas tributarias y contribuciones de la seguridad social». Todo con un objetivo claro: evitar pagar la deuda legítima que el Estado tiene con la empresa holandesa.
Además, Juan Olo Mba Nseng, primo de la esposa del dictador, no se quedó ahí. En la misma notificación, anunció acciones legales contra Chidinma Emma y Roelof Van Der Meer, acusándolos de “numerosos delitos cometidos en Guinea Ecuatorial”. Este es el modus operandi del régimen: cuando no quieren pagar, fabrican un relato judicial para intimidar, paralizar y hacer que los inversores abandonen el país sin reclamar lo que les pertenece.
Este abuso de poder, bajo la dirección de Olo Mba Nseng y el presidente de la Corte Suprema, Francisco Evuy Nguema Mikuy, deja claro que el Estado no tiene ninguna intención de pagar lo que debe. Esta situación es una advertencia directa a los inversores extranjeros: Guinea Ecuatorial no ofrece ninguna garantía legal. Aquí, los tribunales no sirven a la justicia, sino a los intereses corruptos del PDGE, y cualquier intento de reclamar lo que legítimamente te corresponde será respondido con amenazas y fabricaciones legales. El mensaje es claro: invertir en Guinea Ecuatorial es arriesgarse a perderlo todo, porque no existe seguridad jurídica.
La contratación de Ponciano Mbomio: Un desafío judicial para Guinea Ecuatorial
Los representantes de la empresa holandesa Dion Phoenix Holdings B.V., dueña de la filial guineoecuatoriana Dion Phoenix Equatorial Guinea SA, han decidido no dejarse amedrentar por las amenazas de Juan Olo Mba Nseng. Antes de emprender acciones judiciales en tribunales internacionales contra Guinea Ecuatorial, contrataron a Ponciano Mbomio Nvó, un abogado guineoecuatoriano, para agotar todas las vías judiciales locales en la reclamación de una deuda de 14,782,884,816 XAF. Sin embargo, GE Proyectos solo estaba dispuesta a pagar 7,880,002,573 FCFA, dejando en evidencia su falta de compromiso.
Esto apenas inicia, pues Ponciano Mbomio Nvó es un acérrimo adversario de Juan Olo Mba Nseng y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes están decididos a sabotear cualquier acción judicial que este abogado emprenda. Desde el comienzo, GEProyectos ha cuestionado la autenticidad del poder notarial otorgado por los representantes de la empresa holandesa. El 23 de septiembre de 2024, Ponciano Mbomio envió un contundente escrito a GE Proyectos. “Habiendo constatado que la Abogacía del Estado no ha planteado ante ningún juzgado o tribunal de Guinea Ecuatorial pleito alguno contra mi mandante”, escribió Ponciano Mbomio en su carta a GEProyectos, informándoles que “a falta de posible negociación, la empresa que represento iniciará la reclamación por vía contencioso-administrativa. Las comunicaciones previas y las respuestas obtenidas equivalen a la denegación de un recurso potestativo de reposición, requisito previo al contencioso administrativo, donde, como exige la ley, intervendrá la Abogacía del Estado”.
Tres días después de este contundente escrito, la Gendarmería Nacional detuvo a la esposa de Ponciano Mbomio Nvó a las 5 de la madrugada del 26 de septiembre, siendo liberada a las 12 del mismo día tras las denuncias en redes sociales, alegando que “la confundieron con otra persona”. Tanto Juan Olo Mba Nseng como el Presidente de la Corte Suprema de Justicia han dejado claro que utilizarán todos los medios a su disposición para obstaculizar cualquier acción judicial que emprenda Ponciano Mbomio en defensa de los intereses de la empresa holandesa.
Las maniobras judiciales por parte de Juan Olo Mba Nseng y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia contra Ponciano Mbomio Nvó son descaradas. Desde julio de 2023, el Presidente de la Corte, Francisco Evuy Nguema, se ha negado a ejecutar una sentencia a favor de Multiservicios SOFA SL, cuyo abogado es Ponciano Mbomio Nvó, contra la sucursal del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) de Bata. A pesar de que el Auto de Ejecución, fechado el 20 de mayo del mismo año, ordenaba el cobro de 707,358,207.06 FCFA en principal, honorarios y costas procesales, el caso lleva más de un año en fase de ejecución. El Presidente de la Corte, tras haber ordenado la ejecución, ha dado marcha atrás para evitar que Ponciano Mbomio Nvó cobre lo que le corresponde. Este caso se remonta a 2016, reflejando la ineficacia y corrupción del sistema judicial en Guinea Ecuatorial.
