El pasado 24 de mayo del año en curso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Malabo autorizó el embargo de las cuentas bancarias y bienes inmuebles de Pedro Claver Mbega Ovono, exdelegado del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Guinea Ecuatorial como consecuencia de una sentencia condenatoria dictada el 27 de mayo de 2022 por los delitos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y abuso de funciones.
El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Malabo condenó al exdelegado del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Pedro Claver Mbega Ovono a una pena de 4 años de cárcel y al pago de una responsabilidad civil de 12.147.446.619 Fcfa a favor del Tesoro Público ecuatoguineano. Al menos hasta el momento de su detención en noviembre de 2021, Pedro Clave Mbega Ovono era titular de varias cuentas bancarias abiertas en en las entidades bancarias como Societe General de Banque, CCEIBank, ECOBank y el BANGE.
Para cobrar la responsabilidad civil de más de 12 mil millones de Fcfa, el tribunal ordenó transferir a favor del Tesoro Público las acciones que posee el condenado y su hija en BANGE. También se ordenó transferir más de 1000 millones de Fcfas disponibles en las cuentas bancarias de Pedro Claver Mbega Ovono. De acuerdo con el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Diario Rombe, el tribunal solicitó al Ente Público de Gestión Inmobiliaria de Guinea Ecuatorial (ENPIGE) para que los “inmuebles de viviendas sociales propiedad de Pedro Claver Mbega Ovono y los inscritos a nombre de sus hijos sean revertidos automáticamente como propiedad del Estado”.
El exdelegado del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Guinea Ecuatorial y sus hijos son titulares de 4 viviendas sociales. Tres de las viviendas sociales estaban a nombre de los hijos del condenado. Sin embargo, la cuarta vivienda figuraba como propiedad del exdelegado. El tribunal embargó también más de 6 terrernos rústicos inscritos a nombre de Pedro Claver y que pasarán a ser propiedad del estado y cuatro vehículos de alta gama a nombre de la empresa familiar MONIMART.
