El magistrado asesinado envió una carta a Obiang denunciando las amenazas de Juan Olo Mba Nseng

• La “comisión” impidió que desarrollara su cargo desde que fuera nombrado presidente interino de la Magistratura de Trabajo

El pasado 21 de julio, el Poder Judicial de la República de Guinea Ecuatorial que aparenta impartir justicia dentro de lo permitido por los poderes fácticos del régimen, sufrió un golpe irreparable con el asesinato del presidente interino de la Magistratura de Malabo N.º 1 de Malabo, José Esono Ndong Bibang. El fallecido se encontraba desde el 17 de julio de 2018 en la Comisaria Central de Malabo junto al menos 10 magistrados que han sido privados de libertad por orden del ministro delegado de Justicia y presidente vitalicio del Colegio de Abogados de Malabo, Juan Olo Mba Nseng.

Para entender los motivos que llevaron a los miembros del Poder Ejecutivo del régimen de Malabo compuesto por Juan Olo Mba Nseng, Nicolas Obama Nchama, Salvador Ondo Nkum, Pastor Micha Ondo Bile, Rimme Bosio, etc enfrentarse al presidente de la Magistratura de Trabajo N.º 1 de Malabo, José Esono Ndong Bibang a detener a los magistrados hay que retroceder hasta el 15 de febrero del 2018.

En esa fecha, el finado José Esono Ndong Bibang (q.e.d) fue nombrado presidente interino de la Magistratura de Trabajo Nº1 de Malabo. Aunque de que se produjera este nombramiento, la Magistratura contaba con tres miembros: Rimme Bosio, Mario Masoko (q.e.d) y Santiago Oko Avomo. Con el paso del tiempo, la Magistratura sufrió dos vacantes debido al fallecimiento del Magistrado Mario Masoko y el nombramiento de la presidenta de la Magistratura en cuestión, Rimme Bosio Riokalo como secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. Este nuevo cargo supuso su cese como presidenta de la Magistratura de Trabajo Nº1 de Malabo.

Según fuentes de total solvencia, en una reunión de la Junta de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia decidieron nombrar a un presidente interino para suplir la vacante que se había producido con la marcha de Rimme Bosio Riokalo hasta que el dictador eligiera, siguiendo su propio criterio e interés, a un nuevo presidente de la Magistratura. Así fue como provisionalmente designaron en el cargo al Magistrado que posteriormente fue asesinado en la Comisaria Central de Malabo popularmente conocida como Guantánamo por los padecimientos que allí se sufren.

Los miembros de lo que se conoce como la “comisión” son: el ministro delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng; el ministro de Justicia, Salvador Ondo Nkumu; el ministro de Seguridad Nacional, Nicolas Obama Nchama; el fiscal general del Estado, David Nguema; la secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia e Instituciones Penitenciarias, Rimme Bosio Riokalo, entre otros. A todos ellos no les pareció correcto que José Esono Ndong Bibang fuese nombrado en el cargo, pues preferían al magistrado Santiago Oko Avomo, que actualmente es miembro del Consejo del ministro de Seguridad Nacional y leal a sus intereses.

Ante la imposibilidad de hacerse con el control de la Magistratura de Trabajo, ordenarían a la anterior presidenta de la Magistratura de Trabajo Nº1, Rimme Bosio Riokalo que no entregará las llaves del despacho a José Esono Ndong Bibang, impidiendo así el normal funcionamiento de dicho órgano jurídico.

Un nuevo intento en su intención de torpedear el inicio en el cargo del magistrado fue persuadir al dictador para que bloqueara la cuenta bancaria de la Magistratura de Trabajo Nº1 de Malabo. A pesar de la incompatibilidad de las funciones de ambos puestos y siendo plenamente consciente de la ilegalidad en sus actuaciones, Rimme Bosio Riokalo seguía realizando actos que no le correspondían como por ejemplo, operaciones bancarias de la supuesta cuenta bloqueada por orden del dictador. Como prueba de ello, Diario Rombe ha tenido acceso a algunos extractos bancarios que así lo demuestran. En total fueron 33 transferencias bancarias que se realizaron en marzo de este mismo año.

Por otra parte, el 12 de junio del 2018 el presidente interino de la Magistratura de Trabajo Nº1 de Malabo, José Esono Ndong Bibang envió al presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, una carta –Carta de Jose Esono Ndong dirigida al dictador– en la que denunciaba las amenazas que estaba recibiendo por parte del ministro delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng.

En ella, el fallecido denunciaba ante el dictador la situación que atravesaba desde su nombramiento y le recordaba que “desde el 12 de febrero han pasado dos meses sin que pudiera entrar en el despacho de la Presidenta Saliente”. Al parecer, Rimme Bosio, como miembro de la “Comisión”, tenía ordenes de impedir el acceso del presidente interino en su despacho. Un mandato que cumpliría a rajatabla hasta que Obiang le exigiera lo contrario. Por su parte, el resto de los miembros de la Comisión argumentaron que “se estaba realizando unos trabajos de auditoria en el despacho de Rimme Bosio”, para justificar que no le entregaran las llaves. No obstante, la realidad podría ser bien distinta, pues todo apunta a que en lo que en realidad estaban haciendo era intentar destruir los documentos que comprometían la gestión de Rimme Bosio y Santiago Oke.

El principal responsable de los problemas que acabaron con la vida de José Esono Ndong Bibang según lo refleja él mismo en su carta es el magistrado frustrado Santiago Oke Avomo, un peligroso chivato de la Comisión “todas las actuaciones están siendo influenciadas por el Magistrado Santiago Oke, el cual ha llevado los autos de ejecución para enseñarlos a los causantes de esta situación”.

Asimismo, las ejecuciones a las que hace referencia José Esono contra las empresas, Sonavi –propiedad de Armengol Ondo Nguema, hermano de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo– y Apegesa –propiedad de Juan Olo Mba Nseng, primo hermano de Constancia Mangue Nsue Okomo– le complicaron la vida hasta tal punto que no podía esconderse de las amenazas constantes que recibía por parte de la “Comisión” “recibí un telefonazo del ministro delegado amonestándome por haber dictado una providencia de ejecución”.

Según fuentes del Colegio de Abogados que se niegan a revelar su identidad para no correr la misma suerte que el magistrado fallecido, las llamadas nunca cesaron. En la misiva, José Esono manifiesta que una semana después de la última llamada “recibí una carta del ministro de Justicia -Salvador Ondo Nkum- ordenándome certificar la ejecución que se llevó a cabo contra las firmas Total GE y Atsige SL -propiedad de Manuel Nguema Mba (q.e.d) y un tal Ebako- dándome un plazo improrrogable de 24 horas”.

Todas las empresas mencionadas actúan como agencias de trabajo temporal en las empresas petrolíferas que operan en Guinea Ecuatorial y tienen como principales accionistas a los miembros de la “Comisión”. Por tanto, pretenden impedir la ejecución de sentencias que perjudiquen los intereses de las petroleras y de las mismas agencias de reclutamiento.

El magistrado asesinado intentó sin mucho éxito que Obiang reaccionara ante sus súplicas, cuestionando el procedimiento por el que los ministros intervienen en las actuaciones del Poder Judicial: “es bien sabido que esos órganos no son competentes para dar o exigir ordenes de la Magistratura de Trabajo n.º 1 de Malabo”.

Aunque no se menciona en la carta, en lo que se refiere a los procedimientos ilegales que realizan los miembros de la “Comisión”, el ministro de Seguridad Nacional redactó el 5 de julio del 2018 una “nota informativa a su Excelencia el presidente, sobre el resultado de la auditoría realizada en las cuentas de la Magistratura de Trabajo N.º 1 y 2 de Malabo”. Según este, “en cumplimiento de las altas instrucciones recibidas de su Excelencia, mediante la credencial que me concedió el 27 de junio de 2018 para tal trabajo”.

Sin embargo, tal como denuncia un abogado de la capital, esta afirmación es falsa porque “Todo proceso en cuestión es ilegal. Un ministro no puede auditar a un magistrado o juez”. Las investigaciones realizadas por este diario revelan que el fondo del asunto es SONAVI, una empresa contra la que las dos magistraturas han ejecutado sentencias firmes por despedir injustamente a trabajadores sin avenirse al pago de sus liquidaciones.

El ministro delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng es quien estaba detrás de las actuaciones contra las dos magistraturas de Trabajo en defensa de los intereses de Armengol Ondo Nguema, entre otros. Para conseguir dicho objetivo no dudó en amenazar con el cese en sus funciones a los magistrados, amenazó a José Esono que “no viviría para contarlo si no cumplía con sus órdenes”, ante la advertencia de este de que en su cargo de ministro él no tenía autoridad sobre él, solo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Casualmente, al día siguiente de que el magistrado fuera asesinado, el ministro delegado de Justicia fue enviado a París para interesarse por los problemas judiciales de Justo Obiang Mangue, quien se encuentra refugiado en la embajada de Guinea Ecuatorial en Francia.

Llegado el momento, cuando el pueblo de Guinea Ecuatorial, por medio de sus representantes legales, comience a exigir explicaciones a los miembros y líderes más destacados del régimen de Obiang, se espera que no se apoyen en el fácil argumento ya utilizado por los nazis “solo cumplíamos órdenes”. No deberá de ser así, pues las leyes o las responsabilidades tendrán que recaer sobre aquellos que hayan colaborado con el dictador o sus secuaces, a sabiendas de que en muchas ocasiones se estaban vulnerando derechos fundamentales e inalienables de los ciudadanos.

No hay que olvidar que las leyes no eximen de responsabilidad a nadie que a sabiendas de que sus hechos son punibles y fuera de toda lógica cometa cualquier acto abominable amparándose en que la ley está de su parte, como es el caso de Juan Olo Mba Nseng.