El ministro delegado de Justicia, Juan Olo utiliza su cargo para diseñar el Poder Judicial a su antojo

• Ostenta la presidencia del Colegio de Abogados, bajo el amparo del dictador, aunque los estatutos manifiesten que es ilegal

Desde hace décadas, el Poder Judicial de Guinea Ecuatorial ha sido controlado por el poder fáctico de Mongomo, liderado principalmente por el ministro delegado de Justicia e Instituciones Penitenciarias, Juan Olo Mba Nseng, alias “el mudo”. El miembro del clan Esangui, del pueblo de Mokom, del que es originaria la madre de la primera dama, presidente del Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial, antiespañol declarado y primo hermano de Constancia Mangue Nsue Okomo se ha hecho con el control absoluto del Poder Judicial.

Las malas relaciones entre el presidente saliente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Ondo Angue y Juan Olo Mba Nseng se intensificaron tras la muerte de José Esono Ndong Bibang, el magistrado de Trabajo Nº1 de Malabo que asesinaron el pasado 21 de julio de 2018 por orden de los miembros que componen el poder fáctico de Guinea Ecuatorial.

Ante este suceso, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Teodoro Obiang Nguema, primer magistrado de la nación y el Fiscal General saliente, David Nguema Obiang decidieron no abrir ninguna investigación contra el ministro delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng. Sin embargo, Juan Carlos Ondo Angue, indignado ante la posibilidad de que estos actos quedaran impunes, denunció durante el funeral de José Esono Ndong Bibang “algún día la justicia exigirá responsabilidades a los asesinos de José”.

Otro distanciamiento entre ambos se produjo cuando los miembros del gobierno encabezado por Juan Olo Mba Nseng, Nicolas Obama Nchama, Salvador Ondo Nkum, David Nguema Obiang y Rimme Bosio pidieron al presidente saliente de la Corte Suprema de Justicia que apoyará un proceso penal en el que se acordaría la culpabilidad del finado Ndong Bibang por haber condenado en un juicio a las empresas Sonavi -propiedad de Armengol Ondo Nguema, hermano del dictador- y APEGESA –propiedad de Juan Olo Mba Nseng.

Ante la negativa de Juan Carlos Ondo Angue de formar parte de lo que consideró un “tribunal de la Santa Inquisición”, el ministro delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng se sintió ofendido y ordenó por escrito la detención de todos los magistrado y jueces, entre los que se encontraba el fallecido, además de la del presidente saliente. El fiscal general saliente, David Nguema Obiang presidió las sesiones de interrogatorios y torturas en las mazmorras de la popular comisaría central de Malabo, más conocida como Guantánamo, en presencia del ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, el ministro delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng y la secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia, Rimme Bosio.

Días después del trágico fallecimiento, el dictador recibió en el Palacio Presidencial a la familia del finado para organizar una fiesta por todo lo alto y entregarles una importante suma de dinero. Asimismo, en dicha reunión se comprometió a dar puestos de trabajo a los familiares del magistrado.

El presidente saliente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Ondo Angue es el tercero alto miembro del gobierno de Obiang Nguema que presenta su dimisión después de Ricardo Mangue Nfubea. La dimisión de Ondo Angue fue aceptada sin condiciones y tras ella, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo optó por premiar a los asesinos del magistrado accidental, José Esono Ndong Binbang, nombrando a David Nguema Obiang, presidente de la Corte Suprema de Justicia y a Anatolio Nzang Nguema, fiscal general.

Tras del fallido golpe de Estado del pasado 24 de diciembre de 2017, el dictador fulminó a Salvador Ondo Nkumu dueño del bufete de abogados Ondo&Ondo al frente de la presidencia del Tribunal Constitucional por su implicación en el mismo, nombrándole ministro de Justicia e Instituciones Penitenciaras. Un cargo que podría no ostentar durante mucho más tiempo ya que todo apunta a que será destituido en la próxima remodelación del Gobierno. El pasado 24 de agosto, nueve meses después de la destitución, Obiang Nguema nombró a Fermín Nguema Esono expresidiario en España y militante de Ciudadanos Por la Innovación como nuevo presidente del Tribunal Constitucional.

El nombramiento de Fermín Nguema Esono no ha sido fruto de la causalidad, ya que con él se pretende impedir que prospere el recurso de amparo que presentó el partido Ciudadanos Por la Innovación que dirige el ex militar Gabriel Nsé Obiang Obono.

Después del acto en el que los nuevos miembros del Gobierno juraron sus cargos, el dictador denunció que los jueces eran corruptos y que el Poder Judicial “no acaba de ajustarse al dinamismo actual del trípode sobre el que descansa el funcionamiento de todo estado de derecho”.

Los guineoecuatorianos están acostumbrados a que el dictador y su familia les mientan; o a que les digan una cosa para, finalmente, terminar haciendo otra. ¿Cómo puede Obiang exigir responsabilidad y seguridad jurídica a un poder judicial que está bajo el control de su cuñado, Juan Olo Mba Nseng quien hace y deshace a su antojo, obligando a los jueces a que actúen en su propio beneficio?

Como es bien sabido por todos los juristas de este pequeño país africano, Juan Olo Mba Nseng es un conocido empresario corrupto que ha amasado una importante fortuna mediante el cobro de comisiones que sus empresas reciben de las petroleras y obras públicas del Estado. Asimismo, obtiene todos los fondos que se destinan al Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial que preside ilegalmente desde 2004. Estos fondos acaban yendo a parar a la construcción de lujosas viviendas para sus hijos que ocupan además puestos estratégicos en el país.

La ley de incompatibilidad de Guinea Ecuatorial prohíbe que el eterno ministro Delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng presida el Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial. Los estatutos del colegio exigen la renovación de la Junta de Gobierno cada cuatro años y no admiten elecciones para su reemplazo.

El dictador, en su calidad de presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, apela constantemente a la profesionalización de los jueces, magistrados y fiscales. No obstante, todos los ciudadanos saben que en la práctica esto es algo que no existe, ya que nadie se preocupa por que se cumpla. Un ejemplo de ello son los estatutos del Colegio de Abogados exige que la elección del presidente de dicha institución sea democrática, exigiendo que sea designada por todos los colegiados inscritos. Del mismo modo, manifiesta que el máximo mandatario solo puede ser un abogado de de libre ejercicio, cosa que no es Juan Olo Mba Nseng.

Tanto Juan Olo Mba Nseng como Juan Abaga fueron elegidos entre otros en 2004 por aclamación. El dictador está obsesionado con controlar a todos los abogados y al Poder Judicial de Guinea Ecuatorial a los que en público llama corruptos, pero se olvida de que su esposa, Constancia Mangue Nsue Okomo y sus hijos han amasado una fortuna desvalijando las arcas públicas del Estado sin que ningún juez ni fiscal general pudiera exigir la apertura de una investigación.

El mismo Teodoro Nguema Obiang Mangue que ahora se preocupa por la labor de los miembros del Poder Judicial ha deforestado el país a su antojo simulando obras del Estado para cobrar millones de francos directamente del Tesoro Público, como quedó probado por la justicia francesa y americana que lo condenó a cinco años de cárcel y el pago de una multa. Por otro lado, uno de sus hijos, Gabriel Mbega Obiang Lima se dedica a la venta de cargamento de petróleo y gas no presupuestados para posteriormente repartir los beneficios con el dictador, como quedó probado con las cuentas secretas abiertas en el Riggs Bank.

No es la primera vez que el dictador y su entorno controlan a los abogados y jueces. En el año 2002 el entonces ministro de Justicia, Rubén Maye creó por decreto el Consejo Superior de Abogacía, previa disolución del Colegio de Abogados por considerarlo político, ya que en su opinión “los jueces tenían afinad política”. Los abogados inscritos interpusieron un recurso contra la disolución del Colegio de Abogados que coincidió con el macrojuicio político de 2002. Pero en 2004 se redactaron unos estatutos del Consejo General de la Abogacía y se reformaron. Ambas disposiciones debían ser aprobadas por el Consejo de Ministros, aprobación que sigue sin llegar a fecha de hoy. Por lo tanto, según fuentes consultadas, siguen en vigor los antiguos estatutos del Colegio que prevé el régimen de renovación cada cuatro años de la Junta de Gobierno, aunque esta aún no se ha llevado a cabo.

Si atendemos exclusivamente a términos jurídicos, tras la disolución del Colegio de Abogados en 2002, este no existe porque no fue resuelto el recurso interpuesto a tal efecto contra su disolución, aunque es controlado por el ministro Delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng. En 2004, se convocaron elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno y se eligió por aclamación a Juan Olo, cuando no ejercía ningún cargo en el ejecutivo porque los abogados “creyeron” que podía conseguir muchas cosas del Colegio como familiar del jefe de Estado, como la construcción de una sede del Colegio, que a fecha de hoy no tienen. Sin embargo, algunos se quejan de que “se nos ha presentado con cara de tigre”. No quiere dimitir desde entonces a pesar de su incompatibilidad. En fin, “aquí le tenemos actuando siempre en nombre del jefe de Estado”.