La escena, captada en fotografías que permanecieron guardadas durante años en despachos oficiales, retrata sin matices la impunidad en las carreteras de Guinea Ecuatorial: sobre el asfalto mojado de un puesto de control en Oyala, un hombre yace tirado en el suelo. Viste camisa clara y pantalones manchados de barro. Apenas a dos metros, un agente de la policía local le recrimina con gesto autoritario mientras sostiene un walkie-talkie. El hombre agredido no era un transeúnte cualquiera, sino Zeng Bing, Ingeniero General de la gigante estatal china China Railway No.5 Engineering Group (CREC5).
Aquel 31 de agosto de 2018, Bing regresaba de urgencia tras trasladar a una trabajadora con un cuadro grave de malaria hacia un centro médico en Añisok. Al llegar a la barrera policial de Oyala, el alto de los agentes interrumpió el trayecto. No se trataba de una verificación rutinaria de documentos, sino de un intento de chantaje económico alegando supuestas irregularidades en los visados del personal.
Ante la negativa del ingeniero a ceder a la extorsión en efectivo, la interacción derivó en violencia física: el agente agarró a Bing por el cuello, lo empujó con fuerza contra la calzada y lo golpeó. Mientras el máximo responsable técnico de la obra sufría la agresión en la vía pública, la paciente con malaria permaneció retenida bajo una intensa lluvia tropical durante más de una hora, provocándole un pico de fiebre alta que agravó severamente su estado de salud.
Este suceso, lejos de ser un incidente aislado, fue la gota que colmó el vaso. Hartos de los abusos diarios, los directivos de CREC5 redactaron un exhaustivo informe de denuncia enviado al Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social y a la Consejería Económica y Comercial de la Embajada de la República Popular China. El documento, al que ha tenido acceso en exclusiva Diario Rombe, constituye una radiografía incontestable de cómo las fuerzas de seguridad convirtieron las obras estratégicas del Estado en su caja chica particular.
El «peaje»: secuestros exprés, chantajes en cemento y policías ebrios al mando
Para la constructora china, responsable de la edificación del Centro de Formación Profesional Ocupacional de Djibloho, avanzar en los trabajos implicaba someterse al pago continuo de peajes ilegales a las comisarías de la zona. La cronología del acoso comenzó a intensificarse el 15 de febrero de 2018, en plena víspera del Año Nuevo Chino, cuando la policía de Oyala inmovilizó sin justificación legal un camión cisterna cargado de material para el proyecto.
Tras horas de negociaciones con los mandos policiales, la empresa tuvo que ceder para liberar el transporte entregando 50.000 francos CFA en efectivo y una tonelada de cemento de la propia obra. Apenas al día siguiente, agentes de la misma comisaría retuvieron a todo el equipo de gestión del proyecto escudándose en la vigencia de sus visados de múltiples entradas. Tras un encierro administrativo de cinco horas que se prolongó hasta la noche, la empresa abonó un rescate de 200.000 francos CFA para lograr la liberación de sus ejecutivos.
El nivel de arbitrariedad alcanzó cotas insólitas sólo dos días después, cuando un capataz chino sufrió agresiones tras recriminar el rendimiento a un peón local. La representación de CREC5 acudió a la comisaría de Oyala a presentar la denuncia formal, pero la respuesta policial consistió en exigir a la empresa china 200.000 francos CFA en concepto de «gastos de arbitraje»; acto seguido, la policía esposó al denunciante chino herido, le requisó sus objetos personales y lo encerró en un calabozo.
La violencia y el descontrol se repitieron el 29 de marzo del mismo año, cuando tres policías con evidentes síntomas de embriaguez irrumpieron portando esposas en las oficinas centrales de CREC5 con la intención de detener por la fuerza a la traductora del equipo. Ante el temor de que la trabajadora sufriera abusos, la directiva ordenó la parálisis total de los trabajos y los empleados chinos se concentraron para hacer un escudo humano y evitar el arresto, obligando al responsable del proyecto a acudir a la comisaría a la mañana siguiente para entregar 100.000 francos CFA en mano al Comisario de Oyala para dar por archivado el caso.
Las extorsiones no se limitaron a la policía local, sino que se extendieron a los efectivos militares. El 27 de marzo de 2018, durante una reunión convocada por el delegado del Gobierno en Oyala con el equipo técnico de la constructora, la intérprete recibió una llamada telefónica urgente y, tras solicitar autorización explícita al delegado gubernamental, salió al pasillo a responder.
Un militar apostado en la puerta le arrebató el teléfono por la fuerza argumentando que estaba prohibido comunicarse durante la sesión. Aunque el propio delegado intervino para que le devolvieran el terminal, a las nueve de la mañana del día siguiente dos militares armados con pistolas irrumpieron en las oficinas de la empresa exigiendo el pago de una multa arbitraria de 50.000 francos CFA por la llamada realizada la jornada anterior.
