Source: Ministerio de Minas e Hidrocarburos del Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial
Con sus 28 051 km² de superficie y menos de 1.2 millones de habitantes, Guinea Ecuatorial es un pequeño país de la áfrica subsahariana que accedió a su independencia de España en 1968. Desde entonces, Guinea Ecuatorial es gobernada por una sucesión de dictaduras, esta última, dirigida por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo que hoy no sólo está en los medios de comunicación por sus constantes violaciones de derechos humanos, sino por un mal endémico del continente africano, la corrupción.
Los derechos humanos o el desarrollo social están a la cola de las prioridades, a pesar de ser uno de los países más ricos de África en términos de ingresos per cápita. Las reservas de petróleo y gas descubiertas a mediados de la década de 1990 fueron bautizadas por el presidente Obiang como «una bendición para el pueblo de Guinea Ecuatorial». Hoy, tres décadas después, la pobreza y la desigualdad son galopantes.
La participación de Guinea Ecuatorial en la CPLP ha aumentado objetivamente la corrupción permeando o encontrando un cómodo refugio en otros países de la CPLP, Guinea Ecuatorial ha perdido 4 puntos en los últimos años en el Índice de Percepción de la Corrupción. Los abusos contra los derechos humanos han aumentado, y el compromiso principal asumido como condición previa para la admisión en la CPLP -abolición de la pena de muerte- sigue sin cumplirse.
Las trágicas explosiones en Bata el 7 de marzo demostraron claramente cómo tras años de desinversión negligente infraestructura social y física en sanidad, el país no está preparado para hacer frente a una emergencia humanitaria. Esta realidad has sido corroborada por los informes emitidos por los observadores de la ONU sobre el terreno, tras las explosiones.
La controvertida adhesión de Guinea Ecuatorial como miembro de la CPLP
A pesar de las campañas de la sociedad civil nacional y las organizaciones internacionales contra la adhesión de Guinea Ecuatorial a la CPLP, un acontecimiento histórico que significaba «violar las normas democráticas que todo miembro de la comunidad de Estados debe respetar», Guinea Ecuatorial fue admitida en 2014 como miembro de pleno derecho; antes, un decreto oficial hacía del portugués la tercera lengua oficial, después del español y el francés.
Quizás gracias a las estrechas relaciones con el expresidente Lula de Brasil, o con Issac Murade Murargy, el entonces secretario general de la CPLP y ahora oficialmente – con-suegro del presidente de Guinea Ecuatorial- Obiang logró el premio deseado de unirse a la CPLP. También firmó un decreto que ordena una moratoria de la pena capital como paso previo y prueba de su compromiso con su abolición. Amnistía Internacional expresó su preocupación por la ejecución de varios reclusos en el corredor de la muerte apenas unas semanas antes de la aprobación de la moratoria.
Más de 7 años después, la abolición de la pena de muerte sigue siendo una promesa incumplida. Mientras, siguen produciéndose muertes de presos bajo custodia como la de Santiago Ebee Ela, un activista político; además «los malos tratos y la tortura siguen siendo frecuentes en Guinea Ecuatorial», a juicio de la Comisión Ecuatoguineana de Juristas.
Compromisos anticorrupción y falta de voluntad política
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2020 muestra a Guinea Ecuatorial entre los 10 países más corruptos del mundo. Esta realidad innegable representa un peligro para el bienestar social y constituye una violación del derecho al desarrollo de todo ecuatoguineano.
La transparencia en la industria extractiva sigue siendo el talón de Aquiles del régimen de Obiang. Ya en 2010, Guinea Ecuatorial fue excluida como miembro de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) -una iniciativa multi-partícipe que promueve la transparencia en el sector extractivo- por no cumplir con los requisitos mínimos de la organización. Tras años de acoso a los principales defensores de la sociedad civil y la consiguiente salida de representantes de la ONG más crítica, el Ministro de Minas, Gabriel Mbega Obiang Lima, orquestó una nueva solicitud en 2019 para la renovación de la membresía en la EITI. Sin embargo, dada la falta de mejoras sustanciales en el cumplimiento de los requisitos de la EITI, la candidatura de Guinea Ecuatorial fue retirada antes de su examen por la organización.
Obligado por acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Guinea Ecuatorial ratificó las convenciones de la Unión Africana y de las Naciones Unidas contra la corrupción. En consecuencia, en julio de 2020, el gobierno publicó una ley anticorrupción. Sin embargo, expertos legales de la Comisión Ecuatoguinaria de Juristas encontraron una serie de defectos destinados a proteger a las élites gobernantes, como la falta de regulación que cubra la extradición o la aparente exención del «presidente y vicepresidente de la obligación de presentar una declaración de bienes como cualquier otro servidor público».
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