Los sucesivos hechos de corrupción que involucran a la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial, continúan impidiendo la consolidación de una institucionalidad sana y coherente dentro del Régimen, a pesar de los recientes cambios realizados en el Poder Judicial a principio del mes de agosto de 2018 por el presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Durante la ceremonia de posesión del cargo al frente de la Corte Suprema de Justicia, el sucesor de Juan Carlos Ondo Angue, David Nguema Obiang, juró su cargo el pasado 25 de agosto de 2018, en presencia del dictador.
En el acto, Obiang Nguema recomendó al nuevo presidente de la Corte Suprema “profesionalidad en el ejercicio de sus funciones, para una administración de justicia eficaz que recupere la confianza que había perdido con los anteriores inquilinos de la Corte Suprema de Justicia”.
De esta manera, el Jefe de Estado pretendió convencer a la población ecuatoguineana de haber seleccionado a alguien para el cargo de una probidad superior a la de Juan Carlos Ondo, cuando esto dista mucho de tener un asidero.Las primeras medidas de David Nguema Obiang, fue nombrar a su esposa Montse, secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Malabo. Está señora, es considerada entre el personal jurisdiccional como una “analfabeta”, que parece no enterarse de lo que realmente escribe.
Teodoro Obiang Nguema muestra un desacierto cada vez más profundo en sus decisiones, lo cual sólo ha contribuido a reducir, en muchos casos, a nulas, sus opciones políticas. A pocas semanas de que ocurriese el cierre del año 2018, sucedió un hecho que, por su gravedad, hundió la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia y puso en peligro la continuidad de los inversores extranjeros en Guinea Ecuatorial, por la falta de seguridad jurídica en la aplicación de sentencias justas conforme a derecho.
Y es que, los diferentes grupos empresariales ya están cansados de tener que pagar sobornos millonarios a los magistrados y jueces de nuestro país como única vía de acción. Tal como ha tenido en conocimiento Diario Rombe, de parte de fuentes extraoficiales del Gobierno, el Fiscal General del Estado, Anatolio Nzang Nguema Mangue, abrió una investigación contra varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por orden del Ministro Delegado de Justicia, empresario y presidente del Colegio de Abogados, Juan Olo Mba Nseng.
En dicha investigación, se descubrió dos empresas, habrían pagado supuestamente 150.000.000 Fcfa al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, David Nguema Obiang, para que declinase la competencia de los tribunales de Guinea Ecuatorial en un litigio mercantil a los tribunales de la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África -OHADA- a favor de las sociedades anteriormente citadas y en detrimento de las reivindicaciones del empresario chino, QIU CHENYAN.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declinar su competencia a pesar de haber admitido a trámite la demanda de QIU CHENYAN, dictando incluso el auto de embargo n.º 39/2018 y exigiendo además al perjudicado pagar una fianza de 10.000.000 Fcfa, puede crear graves problemas a los tribunales de Obiang Nguema. Es así, que el empresario Chino, QIU CHENGYAN presentó varios recursos, reclamando el embargo preventivo de los bienes de las empresas SOCOMA SL y DFG SL, para cubrir la cantidad de 19.041.509.939 Fcfa en concepto de dividendos sociales.
Se debe recordar que, según el protocolo de procedimientos legales, para la admisión a trámite de una demanda ante los tribunales de la OHADA, no se puede interponer ninguna acción por la vía mercantil con un auto, sino mediante una previa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que en efecto no existe. Además, el principio jurídico legal sobre la jurisdicción y competencia de los recursos extraordinario de revisión a la Corte Suprema, no se puede dictar dos autos contradictorios sobre una misma causa que resulta ser incongruente ante la Ley y la Justicia Efectiva solicitada por el recurrente, Qiu Chengyan
Las mismas fuentes confirman que, ante la incapacidad financiera del empresario QIU CHANGYAN de hacer frente a la fianza millonaria que exigía la Corte Suprema de Justicia, los magistrados exigieron la contrapartida de 150.000.000 Fcfa, fondos que fueron entregados supuestamente en Bata al Magistrado Antonio Ntutumu Nculu Afana.
Y es que, tras la aceptación del mencionado pago y, tras dictar el auto de embargo, no cabría declinación, “pero si lo declinaron es porque se estaría manifestando una maniobra corruptela que falta a la deontología y ética profesional”, denuncia un magistrado.
La misma fuente que denunciaría los hechos ante el Ministro Delegado de Justicia afirma que, “declinaron el litigio a la OHADA porque el empresario chino no tiene medios para poder procesar un litigio comercial, lo que supondría un archivo total”, una maniobra que habrían promovido las empresas para evadir el litigio, esto en perjuicio de QIU CHENGYAN.
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