A principios del mes de marzo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Ondo Angue y el Presidente de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Agustin Chicampo Barila, protagonizaron uno de los episodios más lamentables de la historia del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial. Los dos estuvieron a punto de agarrarse a puñetazos ante la presencia de varios funcionarios que tuvieron que separarles para evitar males mayores.
El motivo de la disputa fue el hecho de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia convocará al magistrado para reprocharle su falta de apoyo ante la iniciativa de exigir el cese de la secretaría de Estado en el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Rimme Bosio Riokalo, quien también es presidenta de la Magistratura de Trabajo de Bioko Norte.
El nombramiento de Rimme Bosio Riokalo como secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias no ha impedido que continuará con su anterior cargo. El dictador, Teodoro Obiang Nguema ha tenido a bien mantenerla como presidenta de la Magistratura de Trabajo, algo que no le ha sentado bien a varios miembros del Poder Judicial y el Primer Ministro del Gobierno.
Las relaciones entre el Primer Ministro del Gobierno, Francisco Obama Asue y el presidente de la Corte Suprema de Justicia se han fortalecido en los últimos meses. Los dos pretenden que esa unión les sirva para hacerse con el control de la cuenta bancaria de la Magistratura de Trabajo de Bioko, cuya actual apoderada es Rimme Bosio Riokalo. Dicha cuenta bancaria contiene algo más de 600 millones de Fcfa, fondos que sirven para pagar las sentencias favorables por los despidos improcedentes de los trabajadores.
Una de las medidas que el Primer Ministro del Gobierno y el presidente de la Corte Suprema de Justicia habrían propuesto, en contra de la voluntad del dictador, es establecer sanciones civiles y penales contra la secretaria de Estado. De esta manera, podrían acusarla de desacato a la autoridad del Primer Ministro.
Todos los miembros del Poder Judicial saben que el puesto de Juan Carlos Ondo Angue pende de un hilo. En su día, Teodoro Obiang, en calidad de Primer Magistrado de la Nación prorrogó seis meses su cargo al frente de la Corte Suprema de Justicia, mientras decidía quién sería su sucesor. Ante estos hechos, las relaciones entre Ondo Angue y quien fuera su mano derecha, Rimme Bosio se deterioraron.
Ante la peligrosa crisis interna que sufre el Poder Judicial, Obiang se vio obligado a intervenir para proteger a la secretaria de Estado de los graves ataques de sus contrincantes. Según afirman fuentes confirmadas por este periódico, el presidente convocó a Rimme Bosio Riokalo en la presidencia del Gobierno para conocer en primera persona los hechos que han puesto al Poder Judicial en el punto de mira.
En dicho encuentro, según aseguran fuentes próximas a Juan Carlos Ondo, la secretaria de Estado le pidió al dictador que aceptara su dimisión porque no se encontraba en condiciones de enfrentarse a Juan Carlos Ondo Angue y Francisco Obama Asue. Esta petición fue rechazada por Obiang, quien le insistió para que continuara realizando sus funciones.
A pesar de ello, Obiang optó por hacer valer su poder para defenderla. Una persona del departamento de Francisco Obama Asue afirma que el dictador le envió una carta al Primer Ministro reprochándole su comportamiento y recomendándole que cesaran los ataques. Asimismo, le recordó que es presidenta de la Magistratura de Trabajo de Bioko Norte porque él confía en ella y le anunció que hasta que no haya un decreto de cese oficial seguirá custodiando la firma de la cuenta bancaria.
El malestar entre los dos colaboradores contrarios a la secretaria de Estado aumentó cuando tuvieron conocimiento de que Obiang había sido informado del conflicto. “Es un acto de traición el haberse chivado al presidente” se quejan en privado los afectados.
Al parecer, la petición de Juan Carlos Ondo Angue y Francisco Obama Asue de controlar la cuenta bancaria nunca fue rechazada por la secretaria de Estado. Las dos personas interesadas pueden hacerlo con la condición de que firmen la documentación necesaria para ser nombrados titulares de la cuenta. Sin embargo, ninguno de los dos está de acuerdo con eso, ya que prefieren que sea una tercera persona próxima ellos la que ostente ese poder. De este modo, podrían actuar sin miedo a ser descubiertos, pues no habría constancia de que son ellos los que están detrás de cada operación. “Remmi solo necesita que los dos firmen el recibí, así tendría un justificante para poder defenderse, si fuera necesario” comentan.
Esta lucha de poder está empezando a pasar factura a muchos de los procesos judiciales que se están desarrollando en la Magistratura de Trabajo de Bioko Norte. Algunos ciudadanos tienen en su poder sentencias favorables que ganaron el año pasado y que hasta el momento no se han podido ejecutar, debido a la intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Un caso conocido recientemente es el de un empleado que ganó su juicio laboral en 2017 contra el hotel Ibis por un valor de más de 20 millones de Fcfa. Una vez transcurridos los 15 días que el hotel tenía de plazo para recurrir, su abogado se presentó en la Magistratura para saber por qué la sentencia no se ejecutaba. Fue entonces cuando la secretaria de la Magistratura le informó de que su expediente había sido trasladado a la Corte Suprema de Justicia a petición del presidente de la misma. Este hecho no fue comunicado a las partes de manera oficial, lo que significa que en la actualidad no disponen de ningún documento que acredite el traslado. Desde entonces la persona que resultó beneficiada por la sentencia no tiene información alguna de su expediente, desconoce si cobrará el dinero que le deben, si la otra parte recurrió fuera de plazo o si se trata todo de una estrategia para enterrar el caso y hacerse con los fondos.
