Protección estatal a un presunto criminal, Antonio Engonga Oburu alias Tony Oburu

Petroleum Profits and Expensive Estates: Equatorial Guinea Oil Chief’s Wealth Revealed

En realidad, no es insólita la noticia de la protección del Estado de Guinea Ecuatorial, a través de sus Instituciones encargadas de la aplicación de la Ley, a presuntos delincuentes involucrados en asesinatos a inocentes como sacrificios rituales para la conservación y consecución del poder o la riqueza. La defensa en cuestión suele consistir, las más de las veces, en impedir que se inicie cualquier tipo de investigación policial o judicial sobre un asunto del que sea sospecho un funcionario del propio Estado o alguien que haya actuado por orden de una personalidad pública. Citemos, como ejemplos más recientes, los casos del joven José Antonio Ondo (Maiken), secuestrado y asesinado en la madrugada del 7 al 8 de abril de 2014, según información de Obiang Tesifonte, familiar de la víctima, quien, desde entonces, viene reclamando justicia para que los posibles autores del horrible delito respondan ante la Justicia, sin resultado alguno. Veamos algunos extractos de sus legítimas reivindicaciones en este sentido, una vez consumado el sacrificio ritual al adolescente:

«Curiosamente, la negligencia de las autoridades en encontrar el asesino o los asesinos; no solamente dejó boquiabierto a los familiares, tras recibir información de la boca del gobernador Deogracias Olomo Abia, también apodado (ALANDI q.e.d) y acompañado del delegado de gobierno Manuel Nguema Ondo, que el obispo de la diócesis de Ebibeyin, Juan Nsue Edjang, se había llevado a la monja a Ebibeyin, sino también, la noticia le cayó como un jarro de agua fría y le obligó a retirar la denuncia que quisieron presentar contra la monja.

»Ni las autoridades judiciales quisieron asumir sus competencias, ni la policía quiso investigar el caso para encontrar al asesino o los asesinos. Llegados a este punto, pocos podrían dudar de quiénes estaban detrás de este secuestro y vil asesinato de un adolescente, inocente, de 19 años» (diariorombe.es).

Desde el punto de vista de su versión, en este caso estarían implicados un Fiscal (al no promover la investigación, incluso, de oficio, tratándose de un interés público); un Juez o Tribunal; un Gobernador; un Delegado de Gobierno; un Alcalde; la Policía; un Obispo y una Monja, con distintos grados de participación, bien como autores intelectuales o materiales, bien como prevaricadores, encubridores u obstructores a la Justicia. Es decir, toda la cúpula de poder laico y eclesiástico provincial y distrital de la zona.

Por su parte, Nicolás Bee Sima, alias Nnang, de 26 años de edad, habría sido víctima mortal de un camerunés, Jovi Domuna, tras incendiar su casa en el barrio de Mbangan de Bata en la madrugada del pasado 16 de septiembre (asodeguesegundaetapa.org). Las denuncias de los familiares tampoco surtieron efectos:

«Jovi Domuna apenas pasó dos horas detenido, tras la primera vista en la tarde del miércoles 24 de septiembre, llamó su amo, DIDI [Carmelo Ovono Obiang, Director Adjunto de Seguridad Nacional], que ordenó, como bien sabemos los que vivimos en Guinea [Ecuatorial,] y se extrañan el resto de los habitantes de este mismo planeta, que lo dejaran libre. “Ya pasará por allí cuando lo necesiten” y así se cumplió “como se dice en las sagradas escrituras”».

Remontando un poquito atrás (año 2011), la cantante Fifi la Mirey (q.e.d.) fue sorprendida con un frigorífico portátil con órganos de seres humanos en su interior, al otro lado de la frontera con un país vecino. Traslada a Bata para ser interrogada, un telefonazo al Comisario que iba a ocuparse del tema, le hizo ordenar su puesta imnediata en libertad.

Con estos ejemplos –una pequeña parte de los múltiples que se dan y otros que no trascienden a la opinión ciudadana–, queremos poner de relieve que las cuestiones relacionadas con sacrificios humanos con fines rituales en las esferas de poder en Guinea Ecuatorial, no se investigan, ni mucho menos, se juzgan en los Tribunales. Lo más normal es que la impotencia de las familias, el transcurso del tiempo y los grandes eventos acaben desviándolas al olvido, para el horror de las familias de los afectados.

Hay que señalar dos aspectos que pueden influir en que un sacrificio de esta naturaleza tenga mayor, menor o nula repercusión en la sociedad ecuatoguineana, o sea objeto de un simulacro de investigación aunque sin resultado condenatorio al presunto culpable. Se trata de cuando un pariente de la víctima es una personalidad pública con cierto poder, y que decida impulsar el juicio –los hay que lo obstaculizan al ser partícipes en el sacrificio–. Tal fue el teatro montado en el Cine Marfil a raíz del asesinato de un familar de Antonio Fernando Nve Ngú (q.e.d.), siendo Ministro Portavoz del Gobierno, en 1995 por Cayo Ondo Mba Angué. Si Nve Ngú fuera un ciudadano de Campo Yaundé, Cayo ni hubiera sido molestado por una llamada telefónica por nadie para pedirle explicaciones.

De otro lado, hay diferencia entre que el acto ritual tenga lugar o no en Malabo, donde la impunidad se enfrenta al atrevimiento de la población a denunciar los abusos, aunque sea por Internet. Pero, en el resto del País, la impunidad es absoluta y los ciudadanos son más temeresos a denunciar, a lo que hay que añadir la ausencia de la Red.

Todos los aspectos descritos en este comentario se dan en el asesinato de la joven Monstserrat Nchama, de 22 años, de la siguiente manera:

Según la Prensa, un pariente, Antonio Engonga Oburu, Tony Oburu, sacrifica a su prima, Monstserrat Nchama, para conservar su puesto en GEPETROL (Empresa Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial). Como es lógico, la contrapartida sería que el beneficiario del sacrificio, a su vez, alimente a sus marabúes para que siga conservando el poder. Los familiares insisten en que se abra el ataúd del cuerpo sin vida de la finada, llegado de Ghana, antes de la sepultura. El acompañante del féretro, otro familiar de Antonio Engonga Oburu y de la finada, se escapa ante la inminencia de que el ataúd en cuestión iba a ser abierto. Se descubre que en su interior hay un cuerpo inerme, un maniquí.

Un supuesto médico forense dice haber concluido que el cuerpo hallado es humano, sin precisar: a) de qué edad o sexo era, ni las causas de su muerte; b) ni si es efectivamente o no de la sacrificada Monstserrat Nchama sobre la base de la prueba de ADN que debía haber practicado ya.

Lejos de investigar y, posiblemente, ordenar después la detención de Antonio Engonga Oburu y del que se escapó, un supuesto Juez se sirve de las pruebas del falso forense para anunciar a las familias la posibilidad de que exijan nuevas pruebas, cuando él, en tanto que juez, tiene el deber de solicitarlas forzosamente de oficio para esclarecer los hechos. Mientras tanto, Antonio Engonga Oburu permanece intocable.

Es particularmente preocupante el uso que el Estado ecuatoguineano hace de la brujería, condenando a unos ciudadanos a 27 años de cárcel por practicarla supuestamente contra la seguridad del Estado. En cambio, defendiendo con todos sus resortes –Jueces, Policías, Médicos– a quienes la hacen, con pruebas más evidentes, en perjuicio de los ciudadanos y en clara violación de derechos. Nos preguntamos si alguien como Antonio Engonga Oburu, Tony Oburu, será feliz el resto de su vida después de que haya salido a la luz su sacrificio, por más dinero que tenga.

El Observador

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